Corfo no detiene sus esfuerzos en el marco del arbitraje que mantiene con SQM, donde solicita terminar con el contrato de arriendo que ambas mantienen en el Salar de Atacama.
Ayer, la estatal dio un paso más en su ofensiva: esta vez sumó a su equipo legal al abogado y ex contralor de la República, Ramiro Mendoza.
El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán destacó la trayectoria del ex funcionario, señalando que se trata de un "abogado muy destacado y con gran sentido del interés público".
En ese sentido, agregó que "Ramiro Mendoza actuará como perito en el caso. Se ha solicitado el estudio e informes en derecho atendido sus competencias, conocimientos y expertise a fin de entregar al Tribunal Arbitral mayores y mejores antecedentes".
El proceso
Corfo demandó en mayo de 2014 el término del contrato, por supuestos incumplimiento de la minera no metálica. "Los contratos se deben cumplir y de buena fe y el socio privado debe ser idóneo para asociarse con el Estado", dijo Bitrán.
Este no ha sido el único paso que ha dado la estatal. En julio sumó al Consejo de Defensa del Estado a su defensa, después de haber rechazado un acuerdo de conciliación con SQM.
El proceso arbitral comenzó así su etapa de prueba, por lo que el rol de Mendoza es clave.
En esta ofensiva, la estatal también ha entregado información a organismos reguladores como la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en que se detallan supuestos perjuicios en que habría incurrido SQM sobre sus accionistas minoritarios.
Argumentos de Corfo
Este último tema es uno de los argumentos que ha usado la corporación en el proceso arbitral, para mostrar que ha recibido pagos menores a los que deberían haber obtenido.
La estatal acusa una serie de incumplimientos por parte de SQM, por ejemplo la venta a precios de transferencia a empresas relacionadas a niveles menores que de mercado.
También alega arbitrariedad en el descuento de costos y gastos deducibles, incumplimiento de hitos de mensura y entrega de información insuficiente.
Pero quizás el punto más fuerte del debate es que a juicio de Corfo, SQM ha tomado medidas para hacer inviable una licitación competitiva del salar de Atacama cuando termine el contrato en 2030, por ejemplo, tomando derechos de agua y con un comportamiento hostil a través de la superposición de solicitud de derechos de exploración minera.
SVS: La defensa de Guzmán
Varios argumentos esgrimió en su defensa ante la SVS el actual presidente de SQM, Juan Antonio Guzmán, aunque el regulador de todos modos le aplicó una multa por no haber entregado oportunamente información al mercado.
Su primera idea fuerza fue que la responsabilidad de informar la tiene el directorio y no las personas naturales. Después, alega que falta claridad en los cargos que se le formularon, porque no queda claro si las imputaciones son por todos los pagos sin respaldo de SQM o solo por los vinculados al financiamiento político, lo que sería distinto.
Además profundiza en que la información que se alega debió ser comunicada no cumplía con el principio de veracidad. Tanto así que destaca que, si hubieran ocultado u omitido información, el regulador de EE.UU ya los habría sancionado.
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