Los temores se volvieron realidad. El sigiloso avance de los últimos meses llevará la reforma constitucional al agua directo a la sala de la Cámara Alta, lo que activó todas las alarmas del empresariado.
Trascendió que mañana, de la mano de las senadoras Isabel Allende y Adriana Muñoz, el proyecto que une nueve de las 19 iniciativas que plantean reformular la carta magna en lo referido al dominio público de las aguas, será presentado en la Sala, donde el resultado podría ser el acuerdo para acelerar su tramitación.
Esto se adelanta al paso del texto, que en mayo fue aprobado en la comisión de recursos hídricos, por la Comisión de Constitución del Senado y suscitó la reacción de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que a través de una declaración pública acusan una “clara intencionalidad expropiatoria sobre estos derechos”.
¿La razón? no se permitiría que el Congreso, en el ejercicio de su rol calificador de bienes de utilidad pública, evite potenciales abusos de autoridad que pudieran suscitarse en caso de expropiaciones.
Al tiempo que manifiestan entender que existen argumentos técnicos sólidos para realizar perfeccionamientos al Código de Aguas y a las regulaciones sectoriales específicas en esta materia, el empresariado insistió en que este derecho ha sido fundamental para la materialización de diversas inversiones, al tiempo que añaden que esta reforma sería contraproducente para los fines de mejorar su uso y hacerlo más sustentable.
Gallito con Valdés
Conocedores de la tramitación parlamentaria explicaron que esta publicidad que las senadoras buscan dar a esta iniciativa, que el 19 de julio habría ingresado a la comisión de Constitución, sería un nuevo “gallito” con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien se habría mostrado contrario a este cambio constitucional, que de hecho no cuenta con apoyo del Ejecutivo.
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