Por Jimena Catrón Silo
Para el ex superintendente de AFP, Alejandro Ferreiro, la creación de una AFP estatal genera más dudas que certezas. Esto especialmente en lo que se refiere al objetivo que persigue, y cómo se resolverán asuntos de gobiernos corporativos y el uso eficiente de los recursos del Estado.
-¿Era necesaria la creación de una AFP estatal?
-Éste es un proyecto que ha estado en la discusión previsional desde hace varios años, pero que inicialmente estuvo concentrada en el esperado efecto que podía tener sobre la competencia y la baja de comisiones, y era aparentemente una propuesta alternativa a la licitación de carteras.
-La cual ya opera
-Claro. Actualmente, cuando hay una opción a 0,47% a partir del próximo mes, que es menos de un tercio de lo que cobra el promedio de las AFP, la verdad es que uno podría decir que ese “problema” ya está resuelto. El asunto es cómo uno propicia que la gente escoja la alternativa de más bajo costo.
-¿Entonces cuál sería su objetivo?
-Hay uno formal, que es generar una alternativa de bajo costo, que es un tema que creo que ya está agotado. También se busca ampliar la cobertura. Pero aquí uno se debe preguntar por qué una AFP, por ser estatal, va a aumentar la cobertura. Porque uno observa que la red de AFP ya tiene una cobertura casi completa para los trabajadores dependientes, y una muy baja para los independientes, lo que determina que la verdadera variable es la falta de obligatoriedad sobre los independientes.
-Pero a partir de 2015 va a ser obligatoria
-Efectivamente, y se soluciona por esa vía. Entonces qué es lo que persigue esto, y yo creo que es satisfacer básicamente lo que estaba en el programa. Lo que en algún momento fue una bandera que tomaron algunos sectores, y que actualmente ya no enarbolan, los llamados más de izquierda, que históricamente creían que era necesaria una AFP estatal, pero que ahora creen que es mejor migrar a un sistema de reparto.
-¿Su comisión debiera ser más baja que la de Planvital?
-Hay que ver cómo se alcanza el punto de equilibrio, cuándo va a conseguirlo con cargo a las comisiones. Porque tampoco tiene demasiada gracia entrar en competencia con los privados, donde los contribuyentes, al financiar una AFP a pérdida, subsidien a aquellos cotizantes de esa AFP.
-Pero uno de los primeros argumentos era el de la comisión.
-No puede ofrecer una alternativa más cara que las actuales, porque el argumento del costo se anularía. Y partir desde cero, con una comisión menor, es prácticamente imposible de financiar, salvo que se mantenga durante varios años funcionando a pérdida. Entonces ahí estaría la pregunta de la competencia desleal, y cuál es el sentido de que el Estado de Chile destine recursos para financiar las pérdidas de la AFP, cuando hay usos alternativos probablemente más urgentes.
Los puntos pendientes
-¿Qué le parece que la comisión Bravo no vea este tema?
-Tengo dudas de que sea conveniente poner por delante a la AFP estatal a lo que pueda resultar de la comisión, porque imagino que ésta va a querer pronunciarse sobre materias de costos y competencia, y podría haber tenido opiniones alternativas a la AFP estatal para resolver esos problemas.
-Entonces, ¿es esto coherente?
-Probablemente el Parlamento va a querer esperar a las propuestas de la comisión Bravo para ver la consistencia con la AFP estatal. En tal sentido, parece un poco incoherente decirle a la comisión “usted proponga de todo, menos de esto porque eso ya lo tenemos resuelto”.
-¿Cree que hay un problema en relación a su fiscalización?
-El asunto ahí es cuál es el gobierno corporativo para la Superintendencia de Pensiones en lo que se refiere
a su fiscalización, y cómo se puede ejercer con independencia en
una entidad estatal. Ahí parece conveniente pensar en una superintendencia colegiada o un proceso
de nombramiento del regulador que dé garantías a todos los usuarios de que no se van a hacer diferencias.
-¿Qué pasaría también en el caso de la licitación de carteras?
-Ese es el mecanismo que ha demostrado ofrecer bajos costos. Entonces si ésta va a participar, ¿cómo se generan las garantías de que el Estado, que es el que realiza la licitación, va a tener igualdad de condiciones para un actor privado y uno estatal. Hay un rol de juez y parte que hay que ver.
LA SOLUCIÓN DE FONDO
En relación a las medidas que se podrían aplicar para mejorar el problema de las bajas pensiones, lo esencial, a juicio de Alejandro Ferreiro, es aumentar la tasa de contribución.
"La tasa actual de 10% es insuficiente dado el aumento en la expectativa de vida y dada la disminución de las rentabilidades de los activos financieros. En 1982 uno podía esperar una rentabilidad de 10%, y actualmente, para el largo plazo, se puede esperar una de 4% ó 5%", afirmó el ex superintendente de AFP.
Al ser consultado respecto a qué porcentaje podría tener el efecto de mejorar razonablemente las pensiones, aunque puntualiza que aún se deben hacer los cálculos, Ferreiro estimó que lo mínimo sería 13%. "Eso se puede hacer con aporte del empleador, lo que puede ser más digerible, aunque en términos económicos es equivalente a que lo aporte el trabajador", agregó.
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