Penas criminales, con encarcelamiento efectivo de entre cinco y diez años, enfrentarán las personas que sean encontradas culpables de delitos de colusión.por antonio astudillo m.
Penas criminales, con encarcelamiento efectivo de entre cinco y diez años, enfrentarán las personas que sean encontradas culpables de delitos de colusión.
Tras doce años desde su eliminación, volvieron a ser introducidas las penas privativas de libertad en casos de acuerdos para fijación de precios, repartición de cuotas de mercado, limitación de producción o concertación para hacer fracasar una licitación pública, las cuatro figuras más graves que contempla el ordenamiento legal de Libre Competencia.
El proyecto de ley, que fue firmado ayer por la presidenta de la República, Michelle Bachelet e ingresaría hoy al Congreso con urgencia simple, también contempla fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para investigar y recabar antecedentes, y establece nuevos niveles de multas, por sobre las actuales 30 mil UTA (unos US$ 24,5 millones) en vigor.
La mandataria señaló que la normativa "es un paso necesario para garantizar que nuestro sistema económico funcione adecuadamente y con mayor transparencia. El proyecto busca modernizar y perfeccionar la defensa de la libre competencia, dar certeza a quienes hacen negocios, pero también a los consumidores".
Asimismo, indicó que es necesario poner fin a casos de colusión como los sucedidos en los mercados de farmacias o avícola, y justificó el impacto de éstos como factores que se consideraron para reponer las penas de presidio. "Es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás, y esto quede sin penas de cárcel efectiva", dijo.
Eleva multas
La iniciativa propone elevar sustantivamente las multas para las empresas que se coludan, pudiendo alcanzar un máximo de hasta el 30% de las ventas correspondientes al periodo durante el cual se haya prolongado el delito o al doble del beneficio económico obtenido por la infracción, el cual deberá ser determinado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Asimismo, también se establecen sanciones penales (hasta tres años de presidio) para quienes entorpezcan o entreguen información falsa durante una investigación, y se amplían los poderes de la FNE para el control preventivo de las fusiones u operaciones de concentración de mercado.
En el sector privado, si bien consideraron como positiva la revisión de la normativa de libre competencia, plantearon dudas respecto de la efectividad de las penas punitivas.
Claudio Ortíz, gerente general del Comité de Retail Financiero, sostuvo que "genera inquietud incorporar sanciones como pena de cárcel". "Creo que es un tema que requiere gran debate en el parlamento", dijo.
Por su parte, Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC, dijo que en principio no se debía descartar ningún tipo de sanción, pero que "hay que evaluar en su mérito todas las sanciones y todo lo que se propone".
Beneficio de la delación compensada debe extenderse al ámbito penal
Las exenciones de responsabilidad derivada de la utilización del mecanismo de delación compensada, para el caso de los carteles, deberían ser extendidas al ámbito penal.
Así lo manifestaron el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca, y el titular de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Felipe Irarrázabal, quienes indicaron que sólo de esta forma el mecanismo, que ya ha sido utilizado en cuatro oportunidades para desbaratar carteles, sería efectivo.
"La delación compensada es la institución esencial para delatar carteles y nosotros hemos abrazado esta institución. Pensamos que eso va a fortalecerse en la medida que la delación compensada en forma expresa incluya los temas de cárcel como un eximente de responsabilidad penal", señaló Irarrázabal.
"Quien delata debiera tener la rebaja o exención de sanción tanto administrativa como penal, sino la delación compensada seguiría sin funcionar, y ha demostrado ser una herramienta efectiva contra los carteles", sostuvo Menchaca.
El titular de la FNE dijo que, en el caso de los "carteles duros", es positiva la introducción de penas de cárcel efectiva (que irán entre cinco a diez años), pero que este será un "instrumento más" que tendrá la FNE para llevar adelante sus investigaciones.
"La disuasión no basta con que esté escrita en un papel, sino que alguien tiene que ejercerla. Lo que está proponiendo el ejecutivo es que exista la posibilidad discrecional que la FNE pueda potencialmente llegar a solicitar un procedimiento penal, como un instrumento más nos parece positivo", dijo.
Menchaca sostiene que la experiencia anterior no fue exitosa. "Habían sanciones de cárcel antes que se creara el TDLC y la lucha contra los carteles fue poco eficaz. Luego se creó el tribunal y se dieron más herramientas a la FNE y mejoró. Espero que el proyecto de ley no dificulte la lucha contra los carteles que se ha tenido desde que se despenalizó la conducta", dijo.
Expertos critican sanciones propuestas para colusión
Por Juan Manuel Villagrán S.
A los abogados de libre competencia no les cayeron bien los términos del proyecto de ley de libre competencia, que incluye penas de cárcel para los casos de colusión.
"La sanción de cárcel no es imprescindible para una efectiva persecución de los carteles", dijo el ex ministro del Tribunal de la Libre Comptencia (TDLC), Radoslav Depolo.
El actual socio del estudio Sateler Depolo Diemoz advirtió que el sistema de defensa de la competencia podría dar un paso atrás, si se ejerce de manera errática la acción penal o sin un criterio claro.
"Es probable que surja en los potenciales sancionados una lógica de ocultar aún más la actividad colusiva, haciendo así más difícil la detección", opinó respecto de la eventual aprobación de la iniciativa.
El ex TDLC, que sancionó los casos de las farmacias y el de pollos, enfatizó que el sentir general es que la sanción de cárcel no es la panacea y que su aplicación puede implicar dificultades que al sistema y a los mismos afectados podría generarles mayor incertidumbre, versus el mecanismo de la delación compensada, que en su opinión es más útil a la hora de desbaratar este tipo de conductas.
En la misma línea, Luis Eduardo Toro, socio de Barros & Errázuriz, dijo que la penalización de estos casos "genera desincentivos a la colaboración y a las delaciones compensadas".
Además, añadió que el nuevo proyecto de ley le parece "un retroceso en la persecución de carteles ya que, por una parte, el estándar que se deberá aplicar es mucho más exigente que el actual".
El abogado postula que el reforzamiento del sistema de multas, sobre la base de aplicarlas en función a un porcentaje de las ventas de los cartelizados, resultaría más efectivo y disuasivo.
Choque entre tribunales
La penalización de los carteles podría enfrentar al TDLC y a los tribunales penales, explicó Julio Pellegrini, presidente de la Comisión de Libre Competencia del Colegio de Abogados y socio de Pellegrini y Cia, quien detalló que estos casos "podrían redundar en procesos paralelos al TDLC, con el consecuente riesgo de arribar a resultados contradictorios".
Sobre lo anterior, el socio de Guerrero Olivos, Pedro Pellegrini, sostuvo que la iniciativa de pena de cárcel para colusiones "es una decisión más política que técnica" y ve que su puesta en marcha sería compleja dada la alta coordinación que requerirá entre las autoridades persecutoras.