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Publicado: Jueves 28 de junio de 2018 a las 04:00 hrs.
El gobierno respondió a la estrategia de la Asociación de Industriales de Plástico (Asipla), que recurrió al Tribunal Constitucional con el fin de frenar la prohibición de entrega de bolsas plásticas en el comercio.
La asociación sostiene que la iniciativa “vulnera abiertamente los derechos constitucionales a desarrollar actividades económicas lícitas y a la igualdad ante la ley”.
Ayer, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, aseguró que “el deber del gobierno es impulsar leyes no para resguardar el interés de la industria, sino para resguardar el bien común y el interés general, así como años atrás prohibimos el azufre en los combustibles por lo que significa en materia de contaminación ambiental”.
Explicó que posiblemente esta ley podría general un tipo de problema en su comienzo, pero que su objetivo es “establecer algo que es muy importante, un estándar de protección y cuidado al medio ambiente prohibiendo las bolsas plásticas que no son biodegradables en el comercio”.
La iniciativa fue aprobada en el Congreso, y la ley entrará en vigencia en el plazo de un año contado desde su publicación en el Diario Oficial.
Corte Suprema respaldó el actuar de la alcaldía, pero el privado busca una millonaria indemnización, lo que ya fue rechazado por la justicia en primera instancia.
El anuncio, que la secretaria de Estado realizó durante la cuenta pública desde la Universidad de O´Higgins en Rancagua, refleja una leve alza respecto de la última medición de 2022 que lo situó en 0,38%.