La presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó esta mañana el proyecto de ley que reforma el sistema de Defensa de la Libre Competencia, el cual contempla sanciones penales contra los infractores.
Desde el palacio de La Moneda, la mandataria precisó que la iniciativa busca promover la libre competencia a través de una institucionalidad "más transparente", que perfecciona los mecanismos de control de fusiones y que establece sanciones contra la colusión.
Entre las "mejoras institucionales" de este proyecto figura la facultad para que la FNE pueda hacer estudios de competitividad de los mercados, establecer sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones o pueda hacer recomendaciones de modificación normativa que es una facultad que tiene hoy el TDLC.
También propone que los consumidores afectados por infracciones a la libre competencia puedan presentar acciones ante los tribunales civiles de acuerdo a la ley de protección de los derechos de los consumidores para solicitar indemnización.
Precisamente para delitos de colusión, el proyecto contempla una pena de reclusión menor en su grado mínimo que va desde 5 años y un día a 10 años.
"La FNE podrá presentar un requerimiento ante el TDLC, pero también presentará una querella ante el juzgado de garantía para sancionar con penas de cárcel a los responsables", dijo la mandataria en la ceremonia en la que participó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y su par de Hacienda, Alberto Arenas.
"Con este proyecto de ley queremos poner fin a los casos de colusión, como los que hemos conocido como las farmacias, los pollos, porque la colusión es un hecho inaceptable bajo todo punto de vista", sostuvo Bachelet.
Este proyecto propone acciones en tres áreas fundamentales: endurece las sanciones en caso de colusión; mejora el control de fusiones del sistema de libre competencia; entrega más capacidad a la FNE para llevar a cabo su promoción de libre competencia.
Con el perfeccionamiento de la Ley, dijo Bachelet, "ganan los consumidores, porque obtienen precios justos y mejores productos; ganan las empresas porque la confianza de los consumidores le permite reducir los costos de transacción; gana el país porque nuestra economía se hace más dinámica y aumenta la legitimidad de sus actores."