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Alto contrasteAyer entró en vigencia la Ley 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos.
Desde ahora, más de 1.000 servicios y órganos públicos están obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero todas las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que adviertan dentro de sus funciones.
Entre las normas que evitan el financiamiento del terrorismo, destacan el congelamiento y retención de activos de las personas que se encuentren en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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