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Publicado: Jueves 19 de febrero de 2015 a las 04:00 hrs.
Ayer entró en vigencia la Ley 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos.
Desde ahora, más de 1.000 servicios y órganos públicos están obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero todas las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que adviertan dentro de sus funciones.
Entre las normas que evitan el financiamiento del terrorismo, destacan el congelamiento y retención de activos de las personas que se encuentren en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El gerente general de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción analizó los débiles indicadores referidos al trabajo y apuntó a la necesidad de mirar la brecha formativa de los jóvenes para revertir las cifras de desempleo.