La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) activaron una arremetida judicial relacionada con el proceso de conexión al suministro eléctrico, el que, acusan, “ha sido fuente constante de conflictos” con las empresas distribuidoras de energía eléctrica.
A mediados de septiembre, los inmobiliarios iniciaron un procedimiento no contencioso de consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), con el objeto de que éste analice y determine si la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución dictada en el mes de abril de 2024 por la Comisión Nacional de Energía, es o no contraria a la libre competencia y, en caso de que lo fuera, ordene las modificaciones que corresponda para que la misma se ajuste a la normativa.
El 30 de septiembre, el TDLC dio inicio al procedimiento, oficiando a diferentes organismos (como la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional y Empresas Eléctricas A.G.), así como quienes tengan interés legítimo, para que aporten antecedentes.
Los gremios inmobiliarios, representados por los abogados Santiago Ried y Andrés Eterovic, señalaron al TDLC que los problemas consisten, principalmente, “en enormes atrasos en cada etapa del proceso de conexión de edificios, proyectos inmobiliarios y construcciones nuevas al suministro eléctrico por parte de las distribuidoras, así como en falta de transparencia, y cobros injustificados y arbitrarios, entre otros”.
A su juicio, esto hace que los desarrolladores deban incurrir en gastos mucho mayores debido a los sustanciales atrasos de varios meses para lograr que edificios, proyectos inmobiliarios o construcciones de todo tipo puedan acceder al suministro de energía eléctrica, aun cuando dichas construcciones, en muchos casos, se encuentran completamente construidos y listos.
“Lo anterior deriva de la posición monopólica que tienen las empresas distribuidoras en el servicio público de suministro de energía eléctrica dentro de sus zonas de concesión, así como en los servicios derivados del mismo, como la conexión de proyectos nuevos a la red eléctrica”, afirmaron.
En su presentación al TDLC, los gremios inmobiliarios señalaron que la CNE dictó una normativa para regular el proceso de conexión al suministro eléctrico, estableciendo condiciones, etapas y plazos del mismo, desde la presentación de documentos por parte del requirente, la preparación de proyectos y presupuestos, la ejecución de las obras, y finalmente la conexión misma a la red eléctrica por parte de la distribuidora.
Añadieron que la norma técnica que actualmente rige este proceso data del año 2019, pero la misma no ha impedido la situación de múltiples atrasos y el actuar arbitrario de las empresas distribuidoras en el proceso de conexión al suministro eléctrico.
“La CNE el pasado año 2024 modificó dicha Norma Técnica, la que entrará en vigencia, en lo pertinente, en noviembre de este año 2025. Sin embargo, esta recién dictada Norma Técnica 2024, lejos de solucionar estos problemas, en la mayoría de los casos los agrava. Lo anterior puede responder al hecho que dicha nueva norma fue elaborada por un comité integrado por las propias empresas distribuidoras, en el que no participó nadie del mundo de la construcción o inmobiliario”, dijeron los gremios.
Actor monopólico
La ADI y la CChC afirmaron que, en lugar de corregir las asimetrías del régimen anterior entre la distribuidora eléctrica y la contraparte que necesariamente requiere sus servicios, la nueva normativa profundiza los problemas, “dándole mayores espacios de discrecionalidad al actor monopólico”.
Dijeron que la nueva norma carece de plazos claros aplicables a las distribuidoras en las distintas etapas del proceso de conexión, permite ahora que dichos plazos puedan ser extendidos de “mutuo acuerdo”, consagra normas que impiden la competencia en aquellas etapas en que esta podría existir (como en la ejecución de obras), entre otros puntos.
“La nueva Norma Técnica 2024 pareciera no tomar en consideración que establece un proceso entre un ente monopólico, y un particular que requiere obligatoriamente de sus servicios. Al contrario, los trata como partes con equivalente poder de negociación, lo que resulta en una normativa que incrementa significativamente los riesgos de un actuar anticompetitivo por parte de les empresas distribuidoras”, dijeron los gremios inmobiliarios.
Y añadieron: “Dichos riesgos son muy probables, si consideramos la situación actual en que los graves atrasos y demás arbitrariedades de las distribuidoras son frecuentes y generalizados”.
Para los reclamantes, esto afecta directa y gravemente a toda la industria inmobiliaria y de la construcción, así como a la disponibilidad de viviendas (generalmente viviendas sociales), locales comerciales, recintos de salud y educacionales.
“Involucra, en mayor o menor medida, a prácticamente toda la economía del país. Por ello, venimos en solicitar a este H. Tribunal que analice esta materia y ordene las modificaciones necesarias a la Norma Técnica 2024, para que la misma se ajuste a la normativa de libre competencia, y elimine, o a lo menos reduzca, los graves riesgos de abusos explotativos y exclusorios que se generarán de entrar en vigencia dicha norma en su versión actual”, señalaron los gremios.
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