La empresa de ingeniería y construcción Arauco S.A. no logró sacar adelante su reorganización y la justicia decretó su quiebra. La compañía, fundada en 1984, se había sometido a un plan de refinanciamiento tras acusar una compleja situación por la crisis social y la pandemia, con pasivos por $ 35 mil millones.
El pasado 31 de agosto, el 10º Juzgado Civil de Santiago acogió la solicitud del banco BCI, que había presentado una demanda de declaración de incumplimiento del acuerdo de reorganización concursal por parte de Arauco S.A., el que había sido aprobado por la junta de acreedores en enero de 2021. Se designó como liquidador titular provisional a Nelson Machuca.
La firma forma parte del Grupo Arauco Andes, ligado a los empresarios Héctor Zañartu y Juan Pablo Aylwin, y sus principales acreedores son Moneda Renta CLP Fondo de Inversión, Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión y Cesce Aseguradora.
En sus inicios, la constructora participó en el Programa Nacional de Agua Potable Rural (1984-1994). Posteriormente, realizó obras de alcantarillado y de plantas de tratamiento. Con el tiempo la compañía fue creciendo y participó en la ejecución de obras de gran envergadura, siendo varias de ellas desarrolladas a través de diferentes consorcios, asociaciones y empresas coligadas.
“En su afán por desarrollar sus actividades en otros rubros y buscar diversificación, la empresa a partir del año 2000 realizó urbanizaciones en Argentina, ejecutó obras para Metro S.A., construyó importantes obras viales de caminos, se especializa en puentes, muelles y bordes costeros, y consolida su filial de maquinarias”, explicó la firma en su propuesta de reorganización judicial.
Añadió que también participó en la construcción y reparación de viviendas sociales, obras en el ámbito de la explotación y producción en la mediana minería, en concesiones del Transantiago, en negocios inmobiliarios e industriales, en la construcción y concesión del Cementerio Santísima Trinidad y como socia en sociedades del rubro financiero que apoyaron a empresas PYME.
“En sus 36 años de actividad ininterrumpida, Arauco S.A. ha contado con registros MOP y Serviu entre varios otros, lo que le ha permitido ser un actor relevante en el ámbito de obras de infraestructura pública y proyectarse con fuerza y confianza hacia el futuro, todo lo cual en conjunto con políticas de personal, de seguridad, de calidad, y de respeto al medio ambiente y el entorno en sus obras, nos permiten ser una empresa que puede aportar al país por muchos años más si cuenta con el apoyo financiero necesario para su sustentabilidad en el tiempo”, dijo en su propuesta de 2021, y que fuera aprobada por sus acreedores.
“Judicialización de contratos”
En ésta señaló que, con el objeto de elaborar una proyección de flujos de la compañía de forma objetiva e independiente, la constructora encomendó a Mario Corbo & Asociados la preparación de una proyección de su capacidad futura para el pago de las acreencias objeto del acuerdo.
No obstante, la firma no pude mantenerse en el mercado, y la quiebra de Arauco S.A. se suma a la larga lista de empresas del rubro del ladrillo y el cemento que han bajado sus cortinas apuntando a los efectos que les generó la crisis social y la pandemia.
Según las estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, durante la primera mitad del año se recibieron 72 solicitudes de liquidaciones de empresas relacionadas con la construcción, lo que representa un aumento del 2% respecto al periodo anterior. Mientras, las firmas deudoras del sector que entraron a reorganización durante este semestre fueron cuatro, misma cantidad que se presentaron en 2022.
En el caso de Arauco S.A., su administración dijo que las principales causas del mal estado de sus negocios provinieron de los efectos en la ejecución de las obras que tuvo el período de estallido social de octubre de 2019 y luego, los impactos de la pandemia por Covid-19 sobre los contratos: prolongado período de baja producción, paralizaciones parciales de las obras y mayores costos de ejecución por restricciones sanitarias, sostuvo la empresa. También apuntó a una “judicialización de contratos por no reconocerse mayores costos no atribuibles a la empresa”.
A todo lo anterior, agregó “un alto endeudamiento que contrajo la compañía que impidieron un normal flujo de recursos financieros para apoyar a las obras atendidos los efectos del estallido social y de la pandemia precedentemente indicados”.
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