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Publicado: Martes 20 de febrero de 2018 a las 04:00 hrs.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) le dio curso ayer a una solicitud de recomendación normativa presentada por Celeo Redes Chile Limitada el 1 de febrero. La compañía pidió darle tramitación y proponer a la Presidenta, por medio de los ministros pertinentes, una modificación legal para eliminar ciertas restricciones a la competencia en los mercados de generación, distribución y transmisión eléctrica.
En el documento ingresado, la firma indica que está impedida de participar en otros segmentos al interior del mercado eléctrico chileno dada la existencia de una prohibición contenida en el artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos, norma que fue introducida para evitar la integración vertical. “Analizado el marco regulatorio eléctrico vigente en Chile, es fácil concluir que la existencia de esta prohibición no se justifica actualmente (y por el contrario, es perniciosa)”, dicen.
Y agregan: “Más allá de ser una prohibición injustificada al día de hoy, genera distorsiones importantes en el mercado y discrimina injustificadamente en perjuicio de empresas que participan hoy en el segmento de transmisión nacional, en relación a los demás actores del mercado”.
"Hoy, a las puertas de celebrar los 35 años, decidimos dar un paso adicional, adoptando una marca que no represente a personas determinadas", dijo el presidente del Comité Ejecutivo, Carlos Silva.
A un año de comprar la licencia de provisión de fondos de Fpay, la startup abre una nueva vertical de negocio con la que las PYME podrán recibir abono de sus ventas, administrar recursos y obtener rentabilidad sobre saldo.
Reformas más estructurales fueron otro de los focos expuestos por distintos gremios del mundo privado luego que el gobierno lanzó el “Plan Chile Despega”.
La primera, va como banco de inversión, mientras que la segunda será la corredora de bolsa para la operación. Fueron las únicas dos firmas que presentaron ofertas para quedarse con el negocio.
El trabajo preliminar mostró que un alto porcentaje de los establecimientos fiscalizados no mantiene disponible el título profesional del médico veterinario responsable de la supervisión clínica.