Un nuevo contraataque protagonizó el consejo directivo del Coordinador Eléctrico. A los descargos presentados ante la primera ofensiva de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por el proceso de pago de compensaciones económicas, este lunes respondió a otra formulación de cargos en su contra, vinculados a las restricciones operativas de dos de las centrales eléctricas de Colbún, Nehuenco I y II.
La SEC disparó que el organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico no exigió oportunamente los antecedentes técnicos a dicha eléctrica del grupo Matte, que tardó en encargar una auditoría independiente y no informó adecuadamente a la autoridad reguladora lo que estaba ocurriendo. Y le reprochó a Colbún haber sostenido durante más de un año restricciones operativas sin contar con fundamentos técnicos sólidos que las justificaran.
Para los consejeros, este otro flanco de conflicto con la SEC está “viciado en su origen” y es “ilegal”.
Un documento de 73 páginas contiene los descargos del Coordinador. Y tal como expresaron en su defensa en materia de compensaciones, los consejeros aseguran que recibieron con “profunda sorpresa” la formulación de cargos en este caso, “que es la segunda, en menos de un mes, que formula la SEC, y la segunda en toda la historia de la institución”. Y reiteraron que el procedimiento iniciado “está viciado en su origen”.
Dicen que la imputación incurre en similares vicios e ilegalidades de origen que la primera arremetida, que fue por una falta de información para las compensaciones económicas de los cortes de luz. Y, al igual que en la defensa a la primera ofensiva, sostienen que esta formulación de cargos es “ilegal, injustificada e insuficiente”.
La defensa técnica la efectúan únicamente los consejeros Juan Carlos Olmedo, Humberto Espejo y Jaime Peralta, ya que Carlos Finat y Bernardita Espinoza asumieron sus funciones el 11 de octubre del 2024, posterior a los hechos descritos en la formulación de cargos que se originaron dos años antes.
Según indican, la legislación no exige certeza técnica absoluta antes de incorporar una restricción, ni menos condiciona su validez a una auditoría inmediata. Aseguran que la auditoría técnica instruida “no fue tardía ni inoportuna”.
También detallan las dificultades en torno a la licitación para contratar una auditoría técnica a las unidades Nehuenco I y II. Y descartan cualquier imputación relativa a un supuesto intento de reapertura de la auditoría con posterioridad a su cierre.
“El monto invertido por Colbún supera con creces el eventual mayor costo sistémico que, según sostienen terceros (Acciona), habría implicado la operación forzada de las unidades”, sostiene la firma.
“El informe final de la auditoría, elaborado por la empresa Sargent & Lundy, concluyó que las restricciones de parada y arranque eran técnicamente muy conservadoras y no justificadas (...) Estas conclusiones fueron debidamente acogidas por el Coordinador, quien, las utilizó como base para informar a la autoridad competente sobre el incumplimiento normativo detectado”, dijeron en el organismo.
Pero los consejeros instalan un punto relevante en medio de las críticas de algunas firmas.
Sostienen que sí existían argumentos sólidos para revertir la aplicación de estas restricciones por parte del Coordinador y realizar las reliquidaciones de las transferencias económicas. La ley contempla un mecanismo para revisar e impugnar la decisión del Coordinador: presentar una discrepancia ante el Panel de Expertos, instancia que dirime conflictos del sector. “Sin embargo, ni Hidroeléctrica Río Lircay ni otros coordinados presuntamente afectados recurrieron a dicha instancia para impugnar la actuación del Coordinador”, aseguraron.
Descargos de Colbún
En un documento de 126 páginas, al que tuvo acceso DF, Colbún afirmó que todas las decisiones operativas respecto a las unidades se adoptaron para preservar la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La eléctrica sostiene que las restricciones operativas (número de arranques/paradas) fueron técnicamente justificadas y necesarias para evitar daños graves a las unidades; y que el verdadero cuestionamiento no es por falta de información, sino por una diferencia de criterio técnico sobre el nivel de restricción aplicado.
En cuanto a la auditoría base del cargo (Sargent & Lundy), apunta a que esta se realizó después de que Colbún ya había implementado las adecuaciones, perdiendo objeto. Añade que fue parcial, superficial y que el propio informe reconoce que no pudo determinar el número seguro de arranques.
Asegura que la supuesta infracción imputada a Colbún no generó daño alguno al SEN, sino que, por el contrario, evitó la afectación a la seguridad del servicio.
La eléctrica de los Matte indica que invirtió cerca de US$ 60 millones para extender la vida útil de las unidades y para modificar el programa de mantención. “El monto invertido por Colbún supera con creces el eventual mayor costo sistémico que, según sostienen terceros (Acciona), habría implicado la operación forzada de las unidades Nehuenco I y II”, advierten.
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