Desde hace algunos años, Brasil ha captado la atención de algunos de los principales conglomerados empresariales del país. Esto, debido a que el gigante sudamericano ha ido agilizando los permisos ambientales para proyectos considerados estratégicos.
Sin embargo, el interés no solo proviene del sector privado. Para el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ese tipo de medidas forma parte de la hoja de ruta para alcanzar el crecimiento de 4% que proyecta para el último año de gobierno.
Así lo adelantó el próximo secretario de Estado, quien en entrevista con DFMAS sostuvo que “hay un proyecto de ley que tenemos que socializar con los legisladores durante febrero, y que consiste en emular la práctica que hay en Brasil”.
“En ese país, cuando una empresa obtiene una RCA está autorizada para iniciar su inversión, y si alguien reclama es el Estado el que litiga. Y si después hay un problema, es el Estado el que responde ante el litigante. Este es un cambio legal, pero que busca hacer funcionar el Sistema de Evaluación Ambiental sensatamente”, explicó Quiroz.
En términos simples, lo que busca el nuevo Gobierno es que, una vez aprobado un proyecto y obtenidos los respectivos permisos de las distintas entidades públicas involucradas, el responsable de defender la iniciativa en una instancia judicial no sea únicamente el privado, sino que el Estado también participe.
La lógica detrás de la propuesta es que, habiendo sido el propio sector público el que otorgó las autorizaciones, corresponde que sea este quien defienda la legalidad administrativa de dichos permisos.
De acuerdo a expertos, se trata de un cambio institucional de alto calibre. Algunos calificaron la idea como una “cirugía mayor a nuestra institucionalidad”. En esa línea, el socio de JACS Consulting, Jorge Cash, sostuvo que “el espíritu del planteamiento parece estar, no solo en asumir la defensa de la RCA, por cuanto eso existe, sino más bien, por hacer responsable a la Administración por la anulación judicial de los permisos que otorgó”.
Cash además agregó que “esto supone discutir respecto a la capacidad del Estado de afrontar presupuestariamente la compensación económica a los particulares afectados cuando una autorización, obtenida de buena fe y bajo la confianza legítima, es posteriormente dejada sin efecto”.
Desde Arauco, compañía ligada al Grupo Angelini que impulsa un proyecto de US$ 4.600 millones en Brasil, enfatizaron que se trata de un sistema que no solo opera en ese país, sino también en algunos estados de EEUU, como Michigan. Según relataron, en esa jurisdicción han tenido “una muy buena experiencia”, donde han logrado levantar proyectos en plazos acotados y bajo una normativa ambiental exigente, lo que a su juicio demuestra que el modelo funciona.
Bernardo Larraín Matte, presidente CMPC. Foto: Verónica Ortíz
Bernardo Larraín Matte, presidente de CMPC: “Es coherente que siendo el Estado quien entrega el permiso ambiental (...) asuma los efectos de una eventual judicialización”
A ojos del presidente de CMPC -que impulsa un proyecto de casi US$ 5.000 millones en Brasil-, Bernardo Larraín Matte, el proyecto que busca impulsar el nuevo Gobierno es una iniciativa positiva que debiera llevarse adelante. El exdirigente gremial sostuvo que mirar la experiencia brasileña, así como la de otros países, es una buena idea “para reformar el disfuncional sistema de evaluación ambiental chileno”.
- ¿Cree que es viable?
- No sólo es viable, sino que es coherente que siendo el Estado quien entrega el permiso ambiental al inversionista, a partir de un Estudio de Impacto Ambiental cuyos contenidos fueron definidos en los términos de referencia emitidos por la institucionalidad, sea el mismo Estado quien sea la contraparte y quien asuma los efectos de una eventual judicialización.
- ¿Cómo ha sido su experiencia en Brasil con este sistema?
- (Hemos aprendido que) la evaluación de grandes proyectos de inversión con estándares medio ambientales de clase mundial puede ser realizada en plazos de 18 a 20 meses, y terminar con permisos que entregan la seguridad jurídica necesaria para que el inversionista tome su decisión de inversión.
Según Larraín Matte, para que el modelo funcione debe operar como un engranaje que contempla otros dos aspectos “inseparables”. El primero es un ingreso temprano del proyecto, con información general, a partir de la cual la institucionalidad ambiental emite términos de referencia que establecen el perímetro de la evaluación. El segundo es un proceso colaborativo que opera como un embudo, donde la institucionalidad va reduciendo la incertidumbre a través de tres resoluciones sucesivas: los términos de referencia, una prelicencia ambiental y, finalmente, la licencia de instalación.
“A partir de estos dos pilares, el que sea el Estado quien asume las consecuencias de la judicialización de un permiso que el mismo Estado entregó, completa la seguridad jurídica necesaria para emprender un gran proyecto”, concluyó Larraín.
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