“La fundación tiene deudas cuantiosas, que superan con creces su muy escaso patrimonio. Por la nula capacidad económica de la fundación, se hace insostenible su situación actual, por lo que se ve en la obligación de presentar su liquidación voluntaria”. De esta manera, la Fundación Urbanismo Social, representada por Camila Ramírez, solicitó a la justicia la apertura de un proceso de quiebra.
La entidad es investigada en el marco del Caso Convenios por asignaciones directas a organizaciones no gubernamentales desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Según se explicó en la solicitud de liquidación, la entidad fue constituida en octubre de 2008: su objetivo era la participación, el desarrollo o gestión en proyectos urbanos de carácter e interés social, y la gestión inmobiliaria, la asistencia técnica, económica, y legal.
“Como es de público y notorio conocimiento, durante el mes de junio de 2023 se da a conocer el denominado Caso Convenios, que produjo un cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público-privadas en el sector vivienda y, fundamentalmente, un cambio en la forma en que el sector público continuó desarrollando las tareas que le corresponden en la materia”, dijo el organismo.
“La grave crisis reputacional”
Añadió que los distintos órganos fiscales, principalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con los cuales la empresa deudora mantenía convenios de transferencias de dineros, respondieron paralizando virtualmente sus actividades.
“El conocimiento público del denominado Caso Convenios generó un enorme daño reputacional para instituciones de la naturaleza de la solicitante, lo que unido a la interposición de acciones judiciales por parte del Estado y sus instituciones, y las correspondientes medidas precautorias concedidas, significaron la pérdida de otros proyectos con el sector público y privado, aumentado la merma de ingresos”, dijo la entidad. Agregó que “la grave crisis reputacional y comunicacional que afectó a la empresa deudora no sólo le generó la pérdida de ingresos comprometidos o la falta de pago de sumas oportunamente devengadas, sino que produjo, además, la imposibilidad práctica de suscribir nuevos convenios a efectos de sortear la crisis financiera”.
La fundación detalló que su situación, al 30 de abril de 2024, considera una pérdida contable de $ 270 millones, además de $ 635 millones que corresponden a gastos ejecutados, rendidos al Ministerio de Vivienda o sus servicios dependientes, y que se mantiene como un eventual pasivo exigible, y $ 281 millones que se encuentran en la caja social, retenida judicialmente en favor del Fisco y del Gobierno Regional del Maule.
Junto a esto, su contabilidad consigna $ 506 millones de ingresos percibidos por adelantado, del Minvu u otros órganos públicos, que entregaron a la empresa deudora para la ejecución de los convenios y que no fueron ejecutados por haberse vencido los plazos de vigencia de los contratos existiendo, en consecuencia, la obligación de restituirlos. “Cabe hacer presente que, hasta la fecha, ello no ha sido requerido”, dijo la entidad, la cual detalló que los finiquitos laborales adeudados a los extrabajadores suman $ 274 millones.
“Como es evidente, la liquidez, solvencia y continuidad de la empresa deudora es absolutamente imposible”, afirmó.
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