Ha sido la gran bandera de lucha del empresariado en los últimos meses: acabar con la “permisología”, los proyectos trabados que, apuntan desde el sector privado, tienen frenada una serie de inversiones en el país.
El Gobierno ha respondido y, desde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hasta el propio Presidente, Gabriel Boric, han asegurado que se presentarán reformas para agilizar las evaluaciones ambientales en distintos rubros. Es una instrucción que, en la interna, estaría permeando transversalmente a todas las carteras vinculadas a la problemática.
En su último informe (agosto 2023), la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, identificó a las concesiones marítimas como las más engorrosas y alertó de que el problema se ha ido agravando debido al aumento de solicitudes. Es la “con mayor cantidad de solicitudes sin resolver entre los permisos críticos analizados”, se lee el documento.
En entrevista con este medio, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, ha señalado que la aprobación de éstas tiene un promedio de demora de 32 meses, ocho veces más que los cuatro meses que debería tardar según el plazo legal.
Hoy, este trámite depende del Ministerio de Defensa, específicamente de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (FFAA), y la idea es que a futuro pase a estar bajo la supervisión del Ministerio de Bienes Nacionales.
No obstante, el diagnóstico en Defensa es que este traslado puede tardar mucho tiempo y por eso, aseguran, se ha puesto en marcha un plan para, desde ya, resolver con mayor rapidez las solicitudes.
Según explican desde la subsecretaría liderada por Galo Eidelstein (PC), la acumulación de trámites es un problema histórico, “lo que se manifiesta en que, a marzo del 2022 (comienzo de la actual gestión), se recibieron 3.700 expedientes pendientes, sumando concesiones marítimas y acuícolas”.
El plan de Defensa
Para abordar esto, la cartera asegura que se duplicó la cantidad de expedientes revisados en el Departamento de Asuntos Marítimos, pasando de 80 trámites mensuales a niveles de 190 operaciones.
“Esto permitirá que el año 2023 se convierta en el de mayor producción registrado hasta la fecha. Si proyectamos esta producción e ingresos de solicitudes para el año 2024, estimamos que, para diciembre de ese año, el inventario de trámites representará el 50% del total recibido”, dice la subsecretaría. Asimismo, también esperan que, “para finales de 2025, el inventario de tramitaciones se encuentre regularizado”.
¿En qué se traduce esto? En Defensa distinguen dos paquetes de proyectos grandes que habrían sido aprobados por este programa.
El primero, es en convenio con el Ministerio de Economía y tiene como foco “dar seguimiento a una serie de proyectos que involucran inversiones relevantes para el país”. Esto, afirman, significó aprobar proyectos vinculados al borde costero por más de US$ 6.000 millones.
El segundo, es en conjunto con Hacienda y está ligado a los trabajos de modernización del Estado y, con ello, buscan destrabar otros US$ 5.000 millones en inversión antes de marzo de 2024. En total, estos US$ 11.000 millones serían el resultado de una decena de proyectos que podrían completar su tramitación.
Para dar lugar a todo esto, en mayo, la subsecretaría habría dado inicio a un proceso de reorganización del Departamento de Asuntos Marítimos, con el objetivo de redistribuir cargas de trabajo, dar prioridad a procesos específicos y reforzar el personal dedicado a revisar expedientes.
Además, apuntan a la implementación de nuevas herramientas digitales para agilizar los trámites, algo que también se buscaría aplicar a otros sectores como la minería y la energía, como es el caso de plantas de hidrógeno verde.
Las dudas de la industria: el rol de otras instituciones estatales y nuevas exigencias del SBAP
Algunos directores de la industria acuícola -consultados bajo reserva-, consideran que si bien es cierto que en Defensa se han estado haciendo algunos avances, en definitiva el problema es más estructural. Aluden a que, de hecho, el problema no solo recae en esta cartera, sino que también involucra a otras entidades como Subpesca, Sernapesca y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
El tema, además, tomó mayor fuerza durante la tramitación de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), por una indicación buscaba excluir a las salmoneras de estas zonas, algo que, finalmente, no logró pasar el Congreso. El tema se ha vuelto especialmente complejo debido a que hay concesiones otorgadas en estos lugares con anterioridad a que se establecieran las categorías protegidas que existen actualmente.
Sin embargo, posteriormente, un oficio del Ministerio del Medio Ambiente recordó que cualquier concesión que esté situada en un área protegida deberá contar con un plan de manejo y, una vez esté operando el SBAP, con un informe favorable del mismo. Mientras éste no entre en vigencia, el informe dependerá de Conaf o la Subsecretaría del Medio Ambiente, lo que genera más dudas entre las compañías del rubro.
Un especialista del sector afirma que, más allá de los trabajos actuales, se requiere una reforma que busque armonizar las miradas económica, administrativa y ambiental para gestionar los permisos. Algunos en la industria esperan que la posibilidad de una futura Ley de Acuicultura sirva para discutir estos temas.
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