por m. gómez y m. villena
El fraude de La Polar no sólo golpeó a los consumidores que fueron repactados unilateralmente, sino también a los inversionistas que vieron cómo su capital se diluía con el paso de los días.
El hecho sembró un manto de dudas sobre todos quienes debían garantizar la confiabilidad de la información pública de la empresa: auditora, clasificadoras de riesgo, corredoras y también sobre los reguladores.
¿Cómo no fueron capaces de ver lo que pasaba? Esa fue la pregunta que rondó en el mercado y que, tras el escándalo, provocó o una serie de cambios en los organismos de supervisión.
La primera reacción de los reguladores fue iniciar investigaciones que prácticamente abarcaron a todos los agentes de mercado involucrados en el caso y cuyos resultados contribuyeron a la investigación que se abrió en tribunales.
Incluso el recién creado Comité de Estabilidad Financiera llegó a sesionar a propósito del escándalo, en lo que fue un reconocimiento que las esquirlas del caso sí debían abordarse en forma sistémica aunque no afectaran la cadena de pagos ni la estabilidad del sistema.
El foco de las pesquisas se lo llevó la Superintendencia de Valores y Seguros, que inició una investigación que terminó en la presentación de cargos contra la administración y los directores de La Polar, la auditora externa PwC y aún falta por ver lo que sucederá en el caso de las clasificadoras, Fitch Ratings y Feller-Rate.
Las AFP y su doble rol
Por su parte, la Superintendencia de Pensiones realizó una fiscalización de todas las operaciones realizadas en bolsa por las AFP en La Polar en 2010 y 2011. En el retailer las gestoras tenían el 24% de la propiedad y mantenían bonos por
US$ 376 millones (de los US 565 millones que tenía emitido).
Finalmente, la superintendencia multó a AFP Cuprum con UF 1.500 ($32.947.500) por invertir en exceso en La Polar y no cumplir con la normativa vigente, y además le ordenó indemnizar en casi
$ 3.700 millones a sus afiliados por los perjuicios que esa inversión les generó.
También sancionó a AFP Capital aduciendo que “en momentos en que existía total incertidumbre sobre la verdadera situación financiero contable de La Polar, luego de conocido el hecho esencial el 9 de junio, AFP Capital adquirió, ese mismo día y el siguiente, títulos accionarios de este emisor por $ 5.300 millones”. La administradora ya presentó sus descargos y resta por ver la resolución del regulador.
En los meses que siguieron, el regulador pidió a las AFP detallar las razones tras sus inversiones en La Polar buscando cautelar que las decisiones se hiceran protegiendo los fondos de los afiliados, pero descartando instruir a las AFP respecto de qué hacer con sus inversiones en La Polar.
Mientras, en el mercado y el mundo político se cuestionó sobre el doble rol que las gestoras tenían en la empresa: por una parte eran accionistas, mientras que por otra eran acreedoras al tener bonos. Si bien ello no derivó en un cambio regulatorio, hoy sólo una AFP mantiene acciones del retailer.
En su momento la reguladora, Solange Berstein, dijo que se encontraba revisando los límites de inversión por emisor, al estimar que un 35% podría ser un porcentaje muy alto.
¿Bancos o retail?
La Superintendencia de Bancos, en su calidad de supervisor de la sociedad emisora de tarjetas de la multitienda, realizó una fiscalización in situ al retailer -algo que no había hecho antes con ninguna emisora-, lo que tuvo como resultado su suspensión para afiliar nuevos clientes por una falta al patrimonio mínimo exigido.
El rol de la SBIF en el caso también fue ampliamente cuestionado. El regulador bancario, por mandato del Banco Central, que es el real regulador de las tarjetas no bancarias, efectuaba una auditoría anual a los emisores de tarjetas, que era delegada en una auditora externa. En este caso era la misma de La Polar: PwC.
La situación generó tensión entre el Banco Central y el entonces superintendente de bancos, Carlos Budnevich, quien alegó no tener facultades suficientes para fiscalizar a las tarjetas del retail. Incluso al listar las deficiencias de todas las instituciones públicas en el caso, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados incluyó al Banco Central por no “precaver la falencia en la regulación de las tarjetas de crédito no bancarias, dado el surgimiento de un verdadero mercado financiero en la sombra”.
Pero el ente emisor no se ha quedado de brazos cruzados. En su Informe de Estabilidad Financiera, informó que el Consejo “dispuso la revisión exhaustiva de dicha normativa -emisores no bancarios de tarjetas de crédito- para efectos de incorporar los ajustes o perfeccionamientos necesarios”.
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