Salud

Director de Fonasa sobre ley corta y quiebras de isapres: “No me pongo en esa situación porque no lo veo posible”

Ante la eventualidad de que la crisis del sistema privado provoque una migración masiva al modelo público, Camilo Cid desestimó un colapso sistémico abrupto.

Por: Magdalena San Martín J. | Publicado: Domingo 21 de mayo de 2023 a las 13:25 hrs.
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Durante la mañana de este domingo, en el programa Estado Nacional, de TVN, el director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, hizo una revisión de los logros de la institución y los desafíos que enfrenta a raíz de la ley corta de Isapres, que busca resolver la crisis del sector privado de salud, luego de que un fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores aplicada a los cotizantes, pusiera en jaque a estas entidades, que deberán afrontar devoluciones por US$ 1.400 millones.

Ante el riesgo de un colapso de la red privada y la posibilidad de una masiva migración a Fonasa, Cid recordó que actualmente son 15 millones 800 mil personas las afiliadas al Fondo y, de estas 200, mil ingresaron durante el primer trimestre. Dentro de dicho grupo, dijo, la mitad ha migrado de alguna isapre. 

En ese contexto, el economista reconoció que la migración ha sido importante y aseguró que se espera que siga en aumento durante los próximos meses. Según reveló un análisis realizado por El Mercurio, el perfil de la persona que ha hecho este cambio es un joven entre 20 y 39 años con un sueldo de aproximadamente $ 800 mil y sin enfermedades crónicas. Considerando lo anterior, el promedio del aporte mensual de 7% del sueldo bruto de los usuarios a Fonasa es mayor al actual. Sin embargo, Cid reconoció que, si bien es una buena noticia, “también hay ciertos desafíos que se imponen y por eso es que en la ley corta hay una parte de Fonasa, porque es importante que para que ellos puedan seguir teniendo una protección financiera haya algunos cambios para que lo puedan hacer en el contexto de la libre elección, pero con una cobertura complementaria”. 

Sobre el aumento en los ingresos de Fonasa, señaló que no se han calculado aún porque se hace de forma anual. Sin embargo, existe un crecimiento que se asocia a los salarios de los afiliados que, según afirma, corresponde a 30% más. En esa línea, espera que el ingreso crezca en la misma proporción. 

Respecto a la posible llegada de mayores de edad con problemas crónicos que dejen sus aseguradoras en el caso de un colapso del sistema, sostiene que 90% de los adultos mayores chilenos ya están en Fonasa. Por eso mismo, no cree que estén esperando a que esto suceda para migrar. “No creo que venga una avalancha de adultos mayores porque ellos ya están. En ningún caso creemos que los que vengan tienen un mayor riesgo que los que ya están”. A lo que añadió que “estamos viviendo un peak histórico y esto tiene que ver con la incertidumbre que hay en el sector privado”.

Quiebras de Isapres 

Esta semana, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, dijo que “si el proyecto se aprueba como está ahora, en mayo, en septiembre no hay sistema isapre”. Sin embargo, Cid se mostró escéptico ante ese escenario. "Lo primero que hay que decir es que ni el superintendente de Salud ni la ministra de Salud han previsto este plazo tan corto, de cuatro meses que puede haber una crisis, eso lo dijo el representante de las isapres en la Comisión. La verdad es que no es posible. Tan solo por los trámites administrativos que tienen que ocurrir tiene que pasar más o menos un año. Tiene que haber una intervención de la Superintendencia, una fase de plan de ajuste y contingencia, entonces eso no es posible sólo por los trámites administrativos que hay que hacer. No me pongo en esa situación porque no lo veo posible", explicó la autorida. "Lo que sí puedo decir es que nosotros estamos haciendo esfuerzos, porque nosotros tenemos una operación con el sector privado importante que equivale más o menos a un billón de pesos al año, entonces para nosotros es bien importante que nosotros no fallemos en los pagos, cuando son validados debidamente y normativamente aprobados".

Por su parte, el ex Ministro de Obras Públicas del gobierno de Michelle Bachelet, Eduardo Bitrán, hizo una propuesta alternativa a la ley corta a raíz de un análisis numérico que realizó con el que postula que la medida es inviable considerando los montos establecidos por la Superintendencia y la rebaja de los planes con la aprobación de la ley. 

Ante esto, Cid señaló que eso es una opinión y que la sentencia se tiene que cumplir para saber realmente cuál será el panorama. “Va a depender de cómo se haga la propuesta y de los plazos que se entreguen. Nosotros estamos preocupados de que las personas que pierdan su derecho a acceso a la salud, nosotros podamos entregárselo con los flujos que estamos viendo hoy día, que son los que yo proyecto, porque no creo en un colapso sistémico abrupto. Nosotros estamos asumiendo esa carga adicional de trabajo y lo estamos haciendo en concreto”. 

Elizalde: sin ley corta es peor

Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, quien también asistió al programa, realizó su propio análisis sobre la situación de las isapres, catalogando de “injusto” que se señale que a propósito de la ley corta se vaya a producir un daño al sistema, y sosteniendo que “si la ley mejora las condiciones para que puedan cumplir, sin ley es peor”.

Asimismo, se refirió a los representantes de las Isapres que -a su juicio- “han tenido un manejo político que no ha sido del todo riguroso”, que “no se hacen cargo de su propia responsabilidad en esta situación, que no fue generada por el Gobierno, por cobrarle de más a las personas” y que sus declaraciones han sido “ofensivas e infundadas”.

A continuación, el ministro del Partido Socialista recordó que lo que se ha planteado desde el Gobierno es que las Isapres hagan una propuesta específica que, hasta el momento, no han realizado. “Parece que están usando una estrategia de negación de la realidad. Ni siquiera han pedido aclaraciones a la Corte Suprema”. Esto último, considerando el fallo de la institución que mandó a las empresas a devolver alrededor de US$ 1.400 millones por cobros en exceso registrados en la tabla de factores.

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