El denominado “círculo de Salud” de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) reunió a 17 expertos y 21 empresas de este rubro en el país, con el fin de proponer una agenda de reformas al sector para el año 2030, documento que se presentó la mañana de este lunes en un evento exclusivo para los socios de esta entidad.
El documento final postula la utilización de una plataforma única de interoperabilidad clínica entre prestadores y niveles asistenciales, es decir, que la usen tanto consultorios como hospitales públicos y privados.
La propuesta, que fue elaborada en conjunto con la consultora EK, contó con la participación de figuras como los exministros de Salud del Gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich y Enrique Paris; del exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza; y del exsubsecretario de Redes Asistenciales de la actual administración, Fernando Araos.
Asimismo, entre las compañías privadas participaron grandes firmas como Roche, Johnson & Johnson, MSD, Pfizer, Metlife, UC Christus y Empresas Banmédica.
“Este estudio confirma que la colaboración público-privada es una condición estratégica para el fortalecimiento y la proyección del sistema de salud, no solo por su capacidad para proponer soluciones, sino también por su aporte a un diagnóstico profundo y compartido de la realidad sanitaria del país”, consigna el documento. “Este ejercicio colectivo, basado en datos, análisis y diversidad de perspectivas, otorga legitimidad y solidez a las conclusiones y a la hoja de ruta acordada para avanzar”.
Principales propuestas
El primer paquete de propuestas es relativo al financiamiento y, en ellas, se vuelven a ver algunas ideas que se han repetido en los distintos grupos de expertos y exautoridades que han realizado mesas de trabajo para delinear una eventual reforma al sistema. Por ejemplo, la creación de un plan universal o garantizado de salud. El documento dice que, si bien no hay un acuerdo transversal sobre cómo implementarlo, “existe consenso en la necesidad de un plan universal con cobertura estandarizada y compensación de riesgos”.
También propone transformar a Fonasa en un asegurador público con poder estratégico, independiente y con enfoque en desempeño. Lo anterior quiere decir que el organismo tendría autonomía técnica, operativa y presupuestaria, “para que evolucione desde una caja pagadora a un verdadero asegurador público, con atribuciones para contratar servicios según calidad, definir estándares de atención, implementar incentivos sanitarios y orientar el gasto en salud en función de resultados”, menciona la propuesta.
En este apartado, además, se sugiere implementar una Estrategia Nacional de Prevención e impulsar la interoperabilidad financiera para modernizar la gestión y el control del gasto en salud. Esto, en simple, se refiere a poner fin a la “fragmentación tecnológica” entre Fonasa, Minsal y los Servicios de Salud, para tener trazabilidad presupuestaria en tiempo real.
En cuanto al acceso, en lo medular el documento llama a integrar la red público-privada de prestadores para resolver las listas de espera. “Se propone activar una red asistencial integrada que articule prestadores públicos y privados, con derivación automática cuando se superen los plazos GES, metas regionales de resolución por especialidad y mecanismos de auditoría”, resume, basándose, sobre todo, en el ejemplo del trabajo realizado en la pandemia.
Asimismo, postula la utilización de una plataforma única de interoperabilidad clínica entre prestadores y niveles asistenciales, es decir, que la compartan desde consultorios hasta hospitales y privados; fortalecer el sistema nacional de receta electrónica; y actualizar periódicamente las coberturas del GES y la Ley Ricarte Soto con “criterios clínicos y sociales”.
En cuanto a la eficiencia en el gasto, uno de los temas que ha concentrado las discusiones del sector en torno al debate por el Presupuesto 2026, el texto apunta a la necesidad de modernizar el modelo de compras públicas; dotar de mayor autonomía y flexibilidad operativa a los Servicios de Salud regionales; y aumentar la relevancia de los criterios técnicos en el nombramiento de autoridades, particularmente, reforzando el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
Las veredas políticas
En la presentación de este análisis, el exsubsecretario Araos comentó la publicación del documento. “Nuestra historia demuestra que sí es posible construir consensos en salud cuando el foco está puesto en las personas. Hoy, como ayer, los grandes avances se han logrado con políticas de Estado. Ejemplo de ello es la anhelada reforma de pensiones que avanza hoy, y, en el pasado, la creación del Servicio Nacional de Salud en 1952, fruto del trabajo conjunto del Dr. Salvador Allende (Partido Socialista) y el Dr. Eduardo Cruz-Coke (Partido Conservador)”, declaró posteriormente.
Además de él, también comentaron el exministro de Salud (durante el Gobierno de Ricardo Lagos) y hoy parte del comando de Evelyn Matthei, Pedro García; y el ingeniero y ejecutivo de la industria de la salud, Patricio Trombert, que representó a la candidatura de José Antonio Kast.
El exsuperintendente Inostroza también salió al paso luego de la cita: “Este nuevo esfuerzo de acuerdo en propuestas concretas para solucionar los complejos problemas de salud de los chilenos, es un aporte para que el próximo Gobierno pueda romper las cadenas de la captura política, con la que los poderosos gremios de la salud someten a más de 17 millones de chilenos con listas de espera y maltrato en el sistema público”.
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