Tal como se había propuesto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) comenzó a mover las primeras piezas para agilizar, flexibilizar y hacer más atractivos los contratos de concesión. Y esta vez lo hizo en un frente que ha sido foco de conflictos durante los últimos años: los hospitales concesionados.
Mediante un decreto recientemente publicado, la cartera modificó los contratos de ocho proyectos hospitalarios concesionados -Hospital de Coquimbo, Hospital de La Serena, las redes O'Higgins, Biobío, Los Ríos-Los Lagos, Buin-Paine, el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Neurocirugía-, con el objetivo de acelerar la adquisición de equipamiento médico y mobiliario.
La medida, eso sí, no nació bajo la actual administración. Su origen se remonta al período de la exministra Jessica López y fue impulsada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que durante 2025 advirtió al MOP sobre la necesidad de flexibilizar los procedimientos de compra establecidos en las bases de licitación de los proyectos hospitalarios.
En concreto, las reglas vigentes obligan a las sociedades concesionarias a realizar hasta tres procesos sucesivos de licitación pública para adquirir determinado equipamiento que no lograra obtener el denominado Certificado de No Objeción (CNO), autorización técnica necesaria para concretar la compra. Recién una vez agotados esos tres intentos, las empresas podían recurrir a un mecanismo más expedito basado en cotizaciones directas.
Según reconoce la cartera en el documento, cada uno de esos procesos licitatorios puede extenderse por aproximadamente 275 días. En consecuencia, completar las tres rondas exigidas por las bases podía implicar años de tramitación antes de avanzar hacia una solución alternativa.
El detalle
Frente a ese escenario, el Ministerio decidió incorporar un mecanismo de excepción. Si una determinada categoría de equipamiento o mobiliario ya cuenta con al menos un proceso de licitación pública en el que se hayan recibido ofertas, el Inspector Fiscal podrá autorizar que la concesionaria prescinda de las licitaciones restantes y avance directamente al sistema de cotizaciones.
En la práctica, esto significa que las empresas ya no necesariamente deberán completar los tres procesos licitatorios antes de acceder a una vía alternativa de compra. Por el contrario, podrán pasar directamente a solicitar cotizaciones a proveedores, siempre que se cumplan determinadas condiciones y exista autorización de la autoridad fiscalizadora.
La modificación aplica tanto para equipamiento médico y mobiliario clínico como para mobiliario no clínico, e incorpora además plazos específicos para que el Inspector Fiscal instruya el inicio de los procesos de cotización y para que las concesionarias presenten las ofertas correspondientes.
Desde el MOP justificaron la decisión señalando en el documento que las exigencias originales podían transformarse en un factor de demora relevante para proyectos hospitalarios de alta complejidad. De hecho, el decreto sostiene que la acumulación de procesos licitatorios sucesivos podría extender significativamente la duración de las adquisiciones, con potenciales impactos en la calendarización de la puesta en marcha de los establecimientos de salud.
Industria aplaude medida
La presidenta de Copsa, Gloria Hutt, detalló que como gremio valoraron la modificación impulsada por el MOP, recalcando que el procedimiento original podía tomar incluso más de dos años, impactando negativamente en la calendarización de los proyectos y, a su vez, representando un retraso en la apertura y en atención de las personas.
"Hoy Chile necesita acelerar la materialización de su infraestructura, y medidas como ésta contribuyen a garantizar que los recintos estén equipados y disponibles para atender las necesidades de las personas, mejorando así su acceso a la salud y, por tanto, su calidad de vida, que es uno de los objetivos principales del sistema de concesiones", enfatizó Hutt.