Un paréntesis, aunque complejo, podría ser 2023 para la economía chilena. Así lo sugieren las proyecciones contenidas en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre presentado ayer por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez.
Tras una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,5% el próximo año -o sea, un escenario de recesión-, luego habría un repunte de 3,2% en 2024, levemente sobre lo previsto en el IFP de julio.
“Este año vamos a tener la primera reducción en la deuda como porcentaje del Producto luego de 15 años de crecimiento”, destacó Marcel.
Las autoridades también señalaron que entre 2025 y 2027, el crecimiento del PIB total y su componente no minero transitarán desde valores cercanos a 3% en 2025 a 2,3%, con lo cual la brecha del Producto no minero reflejaría leves holguras de capacidad en el mediano plazo.
Acompañaría este cuadro, según los pronósticos el IFP, un avance en lal consolidación fiscal que ha comprometido el Gobierno, de forma que tanto el balance efectivo como estructural -que da cuenta de la relación gastos versus ingresos- tendería a ir hacia niveles cada vez menores.
Este objetivo se daría luego del excepcional año 2022, que terminará con un superávit efectivo de 1,6% del Producto y 0,9% estructural. El ejercicio venidero estos números se deteriorarán a 2,7% y 2,1%, respectivamente, con una deuda bruta del Gobierno Central que sería de 38,7% del PIB.
Este diseño es consistente con lo anunciado por el Decreto de Política Fiscal publicado el 29 de junio de 2022, cuya meta será alcanzar un déficit estructural de 0,3% del PIB en el año 2026.
“Este año vamos a tener la primera reducción en la deuda como porcentaje del Producto luego de 15 años de crecimiento, eso es algo importante, que ya nos va dando luces de cuándo y cómo empezar a poner techo a este crecimiento de la deuda”, dijo el ministro Marcel.
Los números para 2023
Ante la comisión mixta de presupuestos, Marcel y Martínez informaron que el proyecto de ley de Presupuestos 2023 contempla un gasto del Gobierno Central total de $ 70.828.326 millones, monto que representa un crecimiento de 4,2% real respecto de la ejecución proyectada para 2022.
En el caso de los ingresos, se estima que alcanzarán los $ 63.222.451 millones (en moneda de 2023), lo que implica una caída de 12,7% real respecto de 2022.
Aquí se asume una merma de la recaudación como resultado de una Operación Renta 2023 normalizada -la cual depende de la actividad del año anterior-, en línea con la proyección de crecimiento de la economía y el menor precio del cobre durante 2022.
De ahí que se destacó la la urgencia de generar nuevas fuentes de financiamiento permanente para responder a las necesidades y compromisos que se han establecido con la ciudadanía.
En términos de monto, el Presupuesto 2023 volvió a mostrar la relevancia de las áreas de salud y educación en la distribución de loso recursos.
Baja ejecución de la inversión
En cuanto a las preocupaciones de los parlamentarios por baja ejecución de las inversiones y que ocurra lo mismo el próximo año, Marcel dijo que en el caso del MOP las alzas de materiales han implicado la paralización de obras y planteó que en los contratos en ejecución se permite aplicar el polinomio por los costos desde este año y que “vamos a evaluar la posibilidad de que sea para otros sectores”.
Ante la propuesta de la senadora Yasna Provoste (DC) de firmar un compromiso o protocolo adicional para mejorar inversión pública en 2023, el ministro se mostró dispuesto a concretarlo en el marco de lo que sea el debate sobre las partidas.
Planteó que a agosto la ejecución de la cartera de Vivienda es de 53% y del MOP 43%, en línea con ejercicio pasado.
“Vemos que hay una brecha que partió grande en los primeros meses del año, pero se ha ido reduciendo y creemos que a septiembre vamos a lograr igualar los años anteriores y esperamos luego superarlos”, sostuvo el ministro.
¿Cómo se distribuyen los recursos para seguridad pública?
El presupuesto del Ministerio del Interior relativo a las fuerzas de orden y seguridad aumenta en $28.143 millones en el presupuesto 2023. En Carabineros sube en $ 24.661 millones, duplicando el alza de años anteriores. Este contempla recursos para ampliar los llamados al servicio y el ingreso a la Escuela de Carabineros y adquirir 1.054 vehículos policiales.
En cuanto a la PDI, el presupuesto de $ 455.386 millones permitirá financiar el Programa Microtráfico Cero. Además, se contemplan $ 2.562 millones para la reposición de 113 vehículos policiales.
Se destinarán más de $ 38.329 millones para el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y para el Control del Comercio en Fronteras de $ 95.267 millones, un 12,2% más que en 2022.
Se refuerzan recursos municipales a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que sube su presupuesto en $ 10.877 millones. Destaca el Plan Calle Segura, que permitirá televigilancia móvil a 14 regiones, a través de la operación de cámaras y 45 pórticos en la región Metropolitana.
Programas mal evaluados al pizarrón
La reducción de recursos incluye al programa de capacitación de oficios del Sence, que baja de $ 30.896.752 millones a $ 26.994.971 millones.
Los parlamentarios junto a las autoridades también analizaron la situación de los 182 programas públicos en evaluación ex ante, de los cuales el 44% fueron Objetados Técnicamente (OT) y a la mitad de ellos no se les asignó aumento de recursos o, bien, se les disminuyeron.
En el caso de los que se evaluaron ex post, que son mediciones que se hacen por más tiempo e integrales, se observa un ajuste significativo de los montos propuestos para programas en las categorías inferiores de evaluación.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que está dispuesto a trabajar en un protocolo para analizar caso a caso los programas mal evaluados, “porque los resultados no se traducen en pulgar arriba o abajo para nuevos recursos, tienen mucho más contenido y en la práctica tienen un tratamiento en el Gobierno”.
Se informó de tres categorías y sus implicancias para 2023. Dentro de los programas bien evaluados, con aumento de recursos, están los Centros Diurnos del Adulto Mayor del Senama, que pasa de $ 6.330.547 millones a $ 9.584.988 millones y en Innova Chile el programa Escala Innovación, que sube de $ 10.128.590 millones a $ 18.110.143 millones.
Los programas con deficiencias, pero continuidad de fondos son, entre otros, la subvención de escolaridad del Ministerio de Educación; las licitaciones de defensa penal pública de Justicia; y la residencia familiar estudiantil de Junaeb.
Las luces rojas con deficiencias y reducción de recursos son, entre otros, el programa de capacitación de oficios del Sence, que se reduce de $ 30.896.752 millones a $ 26.994.971 millones; y en el ministerio de Agricultura el programa suelos degradados, el cual baja de unos $ 7.296.851 millones presupuestados a $3.648.425 millones.
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