Impasse gobierno-oposición postergaría Plan Garantizado de Salud

Una fuerte discusión al interior de la comisión de Salud del Senado protagonizaron los senadores de la oposición y el oficialismo, luego que se presentaran las indicaciones al proyecto de ley de Isapres por parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien a juicio de parlamentarios de la Nueva Mayoría, no cumplió un compromiso tendiente a financiar el precio del Plan Garantizado de Salud (PGS) que contiene esta norma.

El jefe de la bancada de los senadores PS, Fulvio Rossi, dijo que “habíamos construido un acuerdo para la necesidad de establecer un sólo precio del PGS, para todas las Isapres, y que éste sea fijado por un organismo autónomo, que no dependiera del gobierno de turno, como lo es el Consejo Consultivo”.

Sin embargo, indicó que “hoy el ministro Jaime Mañalich rompe el acuerdo y propone que cada Isapre pueda elegir el valor de su plan, lo que resulta impresentable, sobre todo cuando sabemos que hay integración vertical: es decir, que los dueños de las Isapres (seguros), son también dueños de las clínicas y por tanto, fijan los precios”. El senador afirmó que “con este giro del Ejecutivo la ley de Isapres murió en este gobierno” y propuso que el tema sea zanjado en la próxima administración a partir de marzo.

En tanto, el ministro Mañalich por explicó que “no hemos logrado acuerdo por el riesgo financiero que tiene para el Estado que el Plan Garantizado de Salud tenga una tarifa única, porque eso puede tener una diferencia entre una isapre y otra importante. Lo que ocurriría con un precio único idéntico para toda aseguradora es que habría un descreme en perjuicio de las personas que no viven en grandes ciudades donde los aseguradores tendrían que conseguir precios que van a ser necesariamente más altos que las clínicas o prestadores que son escasos en esas localidades”.

Dijo que de haber fijado un precio “se produce un riesgo de migración a Fonasa mucho más importante, hablamos de un costo financiero del orden de $ 60.000 millones al año, US$ 120 millones, lo que para un gobierno que está a punto de terminar su mandato es claramente irresponsable comprometer un gasto fiscal de esa magnitud, es por eso que hemos insistido es que si el PGS sigue adelante debe tener la libertad de un precio diferenciado entre las distintas aseguradoras de acuerdo a la red de prestadores que ellos contraten”.