A. Fernández/L. Mendoza
“Chile es la opción ideal para escapar de la crisis venezolana”. Así pensábamos hace al menos tres años antes de venir y lo comprobamos al llegar a Santiago. Un país, para nosotras, desarrollado, con una economía estable y de crecimiento sostenido, con muy baja inflación y con oportunidad de empleo. Todo lo contrario a lo que Venezuela nos estaba ofreciendo.
Además, comparando con el resto de América Latina, Chile –junto a Argentina, que apenas salía de un gobierno parecido ideológicamente al que lideró Hugo Chávez- era el que mayores facilidades migratorias ofrecía. Podíamos estar legales en poco tiempo y empezar a trabajar.
Ahora, el panorama es otro con la entrada en vigencia hoy del proyecto de ley anunciado por el presidente Sebastián Piñera.
Un nuevo sistema de visado, de carácter humanitario, que permitiría ayudar a los venezolanos en medio de la peor crisis de nuestra historia. Sin embargo, lo que la noticia ha dejado hasta ahora es confusión, desesperación y, por sobre todo, dificultades, para quienes aún buscan huir del colapso económico y social.
Salvavidas aparente
Desde hoy, la visa de responsabilidad democrática sólo podrá ser solicitada desde Venezuela y permitirá a los ciudadanos vivir y trabajar en Chile durante un año, con la posibilidad de renovar y de convertirse en residentes permanentes. Pero, detrás de ese aparente “salvavidas”, sólo existen trabas.
De los cinco consulados chilenos que hay distribuidos en más de 916 mil km2, sólo dos fueron habilitados para atender las solicitudes. En las primeras 48 horas, las sedes contabilizaron 3.734 aplicaciones.
Estas se harán por Internet -si es que no hay interrupciones del servicio o no hay cortes eléctricos como es usual- y sólo se otorgarán 20 citas diarias. Ello implica que, por ejemplo, pasará más de un mes y medio antes de que alguna de las sedes pueda recibir al ciudadano número 1.000 de la lista.
¿Qué pasará con aquellos que apenas están evaluando la posibilidad de venirse porque la situación empeora cada vez más? Su escape de la crisis se aleja mucho más.
Además, quien tenga en sus planes viajar a Chile primero deberá trasladarse a la capital, Caracas, o a la ciudad de Puerto Ordaz –en el estado sureño de Bolívar- en un país en el que reina la inseguridad, donde cada vez menos aerolíneas realizan vuelos nacionales porque no hay dólares para la mantención de las aeronaves (por el control cambiario) y donde tampoco hay repuestos para el transporte público.
Desde el día del anuncio, las sedes diplomáticas han permanecido abarrotadas de personas que, con nerviosismo, intentan conseguir respuestas a sus casos particulares.
País desconectado
Uno de los casos que más se repite entre nuestros familiares, amigos y cercanos es el de los pasajes aéreos adquiridos antes de la entrada en vigencia del proyecto de ley.
Muchas personas ya tenían planificado viajar en abril y mayo, y ahora deberán aplazar el itinerario por no tener el permiso para ingresar a Chile. Pero esto tampoco será tan fácil.
Este es el caso de Gustavo Pérez, quien contó a DF que planificó su viaje a Santiago en el mes febrero considerando “las ventajas migratorias que ofrece el país y su apertura económica”.
Contó que invirtió todos sus “ahorros en comprar pasajes aéreos para el 31 de mayo y arrendé departamento para tener dónde llegar con mi novia y nuestra mascota. Una semana después de comprar los boletos, cambiaron los requisitos migratorios, lo que me hizo tener que cambiar el pasaje, pagar la multa y, ahora, probablemente pierda el dinero del arriendo”, explicó.
Pero, más allá de la penalidad o multa a cancelar -en dólares, que no se consiguen sino en el mercado paralelo a una tasa 929% mayor a la oficial- la posibilidad de comprar un pasaje de avión se ha reducido con el pasar de los meses.
En los últimos cinco años, al menos quince aerolíneas han dejado de volar a Venezuela y, sólo en 2018 las empresas Tame, Copa y la chilena Law borraron a la nación caribeña de su lista de rutas.
Son pocas las líneas aéreas internacionales que siguen operando y para Chile, hasta la semana pasada, sólo una viajaba de forma directa: Estelar. Sin embargo, al cierre de esta edición su página de Internet sólo ofrecía vuelos hasta el 25 de julio de este año y ya no había disponibilidad.
Por la alta demanda, el valor de un ticket había alcanzado los US$ 900, que equivalen a más de 1.390 sueldos mínimos en Venezuela. Es decir, 116,5 años de ahorro sólo para poder adquirir un boleto.
¿Antecedentes en un país sin libertades?
Al calvario de los viajes nacionales se suma el de los antecedentes penales, uno de los requisitos que solicita el gobierno chileno y que emitirlo se hace cada vez más cuesta arriba.
El documento debe descargarse por Internet, para luego ser apostillado ante Cancillería; sin embargo la página web del ministerio rara vez funciona.
Pero, además, en un régimen con limitaciones a las libertades -calificado por Human Rights Watch y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como una dictadura-, resulta paradójico “pedir permiso al Ejecutivo para salir del país”.
Otro obstáculo es la fecha de vigencia del documento. Chile requiere que no supere los 90 días y para ser válido se considerará la fecha de emisión del antecedente y no la de la apostilla.
Pero la Cancillería venezolana puede demorar entre tres y seis meses para finalmente entregar el trámite.
Migración selectiva
La obtención de pasaportes es otro dolor de cabeza.
Para pedir la visa, se requieren al menos seis meses de vigencia del documento, pero en el país, esto puede tardar hasta siete meses o incluso mucho más.
El gobierno atribuye el retraso en la respuesta para entregar los pasaportes a la falta de material y, por ello, implementó la figura de la “prórroga por dos años” a los documentos que estén por vencer.
Sin embargo, la medida no ha aliviado la situación, sino más bien estimuló la aparición de gestores y mafias internas que cobran en dólares para agilizar el trámite.
¿Y los jóvenes manifestantes?
Durante la creación de la visa de Responsabilidad Demócrata, no se consideró que gran parte de los jóvenes que buscan escapar a la crisis han participado, al menos en los últimos cuatro años, en manifestaciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, por considerarlo violador de los derechos humanos y de las libertades democráticas. Por ello, han sido detenidos, acusados, procesados y hasta imputados por "alterar el orden público y arremeter contra los cuerpos de seguridad".
El año pasado, la mayoría eran jóvenes estudiantes y 80% de ellos eran menores de 25 años.
Según el Foro Penal Venezolano, sólo en febrero de 2018, 55 ciudadanos fueron detenidos arbitrariamente, y seis de ellos procesados y privados de su libertad por la jurisdicción penal militar.
Entonces, con una marca en el expediente, son muchos los venezolanos que estarían quedando por fuera de la lista de aceptados para ingresar al país.
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