A pocas semanas de que Brasil celebre elecciones municipales en todo el país, el Partido de los Trabajadores (PT), que encabezó el gobierno por más de una década, sufrió ayer un nuevo golpe a su imagen, cuando la Policía Federal arrestó a quien administrara la billetera fiscal por nueve años: el ex ministro de Hacienda, Guido Mantega.
La ex autoridad fue detenida junto a otras siete personas en el inicio de una nueva fase de la Operación Lava-Jato, que investiga un esquema de corrupción y millonarios desvíos de dinero desde la petrolera estatal Petrobras. Por ello, la policía realizó ayer allanamientos y búsquedas en Sao Paulo, Minas Gerais, Río Grande do Sul, Bahía y el Distrito Federal, en una investigación que apunta a presuntos crímenes de corrupción, fraude en licitaciones, asociación ilícita y lavado de dinero.
La detención de Mantega duró sólo algunas horas: el juez Sérgio Moro revocó la prisión temporal de cinco días que él mismo había ordenado, argumentando que no existiría riesgo de que el ex ministro interfiriera con la operación realizada por la policía ayer ni de que adulterara posibles pruebas que fueran sensibles para la investigación. Ello, en atención a que, al ser detenido, Mantega acompañaba a su esposa en el Hospital Albert Einstein, donde ella atravesaría una intervención quirúrgica.
El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima dijo que el Ministerio Público había solicitado prisión preventiva del ex ministro y que ésta le fue negada dos veces. “El fundamento de la solicitud era el orden público. Estamos hablando de miles de millones desviados de los cofres públicos”, señaló.
Mantega fue ministro de Planificación del primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva hasta 2004. En 2006, asumió la cartera de Hacienda, puesto que ocuparía hasta el final del primer gobierno de Dilma Rousseff, en enero de 2015.
El factor Batista
El lanzamiento de una nueva fase de Lava-Jato se basa en la declaración a la policía de Eike Batista, el emblemático empresario brasileño que llegó a estar entre las mayores fortunas del mundo y cuyo patrimonio colapsó con el fin del ciclo de los commodities. Según el empresario, Mantega le pidió en noviembre de 2012, cuando era ministro de Hacienda, 5 millones de reales (en ese momento, cerca de US$ 2 millones) para pagar deudas de campaña del PT.
Para traspasar los fondos, el ejecutivo firmó un contrato ideológicamente falso, usado para lavar dinero originado en actividades criminales.
La compañía naviera de Batista OSX es una de las empresas investigadas en la nueva fase de Lava Jato, al igual que la constructora Mendes Júnior. Según la investigación, ambas firma obtuvieron millonarios contratos de parte Petrobras para instalar plataformas de exploración petrolera sin contar con la experiencia necesaria para ello. Dichos trabajos están suspendidos.
Nueva fase
A más de dos años de que se iniciaran las investigaciones por desvíos de dinero en Petrobras, el Ministerio Público Federal inició ayer el capítulo número 34 en las indagatorias.
La nueva fase de Lava-Jato se centra en tres vertientes principales de dinero. La primera de ellas es el desembolso de US$ 2,3 millones por parte de Batista y su vínculo con el PT. “Hay sospechas de que son movimientos de origen partidista”, dijo el fiscal dos Santos.
Otro de los focos son los más de 7 millones de reales (US$ 2,1 millones) traspasados desde Mendes Júnior al ex funcionario de Petrobras Joao Augusto Henriques, sindicado por la policía como el operador de sobornos para el PMDB, partido aliado del PT en las elecciones de 2012 y en el que milita el hoy presidente Michel Temer.
Junto con ello, la fiscalía investiga contratos simulados por cerca de 6 millones de reales, suscritos por empresas vinculadas al ex ministro José Dirceu, quien está preso en Curitiba.
Lula en campaña pese a acusación
Horas después de que la justicia brasileña lo acusara de corrupción y lavado de dinero en la Operación Lava-Jato, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sigue volcado a la campaña del PT de cara a las elecciones municipales. El ex mandatario señaló en un discurso que "con la misma honradez, sabré pedir disculpas al pueblo brasileño si cometí un error", pero agregó que "si no descubren nada, que pidan disculpas por intentar deshonrar a un hombre". Dijo estar ofendido con la actuación de "un grupo de niños del Ministerio Público" y aseguró que "estoy con mi conciencia tranquila".
Pedirán sancionar a ex presidente del banco central
Apenas cinco de las 17 autoridades citadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en el proceso que investigó los llamados "pedaleos" fiscales del gobierno de Dilma Rousseff -maniobras con las cuentas públicas que derivaron en su destitución, acusada de violar la Ley de Responsabilidad Fiscal- han sido sancionadas por el órgano.
Frente a ello, el 28 de septiembre, el relator del proceso, ministro José Múcio, recomendará al pleno del Senado sancionar a tres colaboradores de la administración de la ex presidenta: el ex ministro de Hacienda, Guido Mantega, el ex secretario del Tesoro Nacional, Arno Augustin, y el ex presidente del banco central, Alexandre Tombini. Para los dos primeros, además de una multa, sugerirá la inhabilitación para cargos de confianza en la administración pública. Junto con ellos, también esperan procesamiento el ex subsecretario de Política Fiscal del Tesoro, Marcus Pereira Aucélio y el jefe del Departamento Económico del banco central, Tulio Maciel.
Mantega, Agustin y Aucélio son citados como responsables directos en operaciones ilegales que involucran a la Caixa, el Banco de Brasil y Banco Nacional de Desarrollo, que usaron recursos propios para pagar compromisos de gobierno en programas sociales.
El 5 de octubre, el pleno del Senado analizará las cuentas del gobierno de Rousseff.
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