Pese al respaldo que recibió ayer el texto en la Cámara
Baja, la reforma sanitaria ha generado división y es por eso que los fiscales
generales de al menos once estados de EE.UU. anunciaron que preparan denuncias
contra la constitucionalidad del proyecto.
Henry McMaster, fiscal general de Carolina del Sur, advirtió
que "la legislación sobre Sanidad que el Congreso aprobó anoche es un
asalto contra la Constitución. El desafío legal por parte de los estados parece
ser la única esperanza para proteger al pueblo estadounidense de este ataque,
sin precedentes, contra nuestro sistema de gobierno".
La reforma debe ser promulgada aún por Barack Obama, para
que entre en vigor. El Senado debe aprobar también varias enmiendas del
proyecto aprobado el domingo por la Cámara de Representantes.
Los adversarios de la reforma han argumentado que ésta
representa "una toma de control por parte del gobierno" de la
asistencia de la salud que llevará al racionamiento de los servicios e impondrá
una carga onerosa en las cuentas de EE.UU.
Además de Florida y Carolina del Sur participaron en la
conferencia los fiscales generales de Alabama, Nebraska, Texas, Oklahoma,
Pensilvania, Washington, Utah, Dakota del Norte y Dakota del Sur.