La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) públicamente llamó al presidente, Juan Carlos Varela, a resolver la crisis del sistema de seguridad social y pensiones del país. Sin embargo, el jefe de Estado recientemente anunció algunas medidas populistas diseñadas para aumentar su baja popularidad (40%, de acuerdo al sondeo de Dicher&Neira de mediados de septiembre), incluyendo inesperados aumentos de salarios de funcionarios públicos. Eso significa que hay pocas intenciones del mandatario de promover las reformas impopulares, lo que aumenta la incertidumbre sobre si su administración abordará el tema de manera oportuna.
La mayor preocupación de la CCIAP es que algo se debe hacer para resolver lo que la organización considera una posición financiera insostenible de la agencia estatal de seguridad social, la Caja del Seguro Social (CSS), que tiene varios programas de seguro de salud y pensiones.
Ambos programas fueron ampliamente criticados recientemente. También hubo reacción acerca de los cortes de suministros médicos y hospitalarios. A principios de este mes, el director de la CSS, Estivenson Girón, negó que la institución esté en “bancarrota”, y dijo que el tema de los cortes ya ha sido resuelto.
El sector privado
La CCIAP está más preocupada sobre la reforma de pensiones. Según la cámara, el número de beneficiados ha crecido, y desde el año 2011 ha habido pocos estudios para cuantificar el tamaño real de compromisos que no están financiados. La institución dijo que cuando anteriormente este año se refirió al hecho, el gobierno prometió que organizaría un diálogo entre las partes interesadas, cuando la ampliación del Canal de Panamá estuviera terminada. La obra fue abierta hace casi cuatro meses, en junio, así que la CCIAP ha comenzado a presionar de nuevo para que la administración de Varela resuelva el problema.
La CCIAP está recomendando que la CSS se divida en dos, con el sistema de pensiones y de salud por separado. La cámara señala que ya han pasado más de diez años desde la reforma de pensiones de 2005, la cual, debido a la oposición política, no hizo mucho por reducir los compromisos no financiados mediante la introducción de esquemas de aporte definido, que comenzaron a operar en paralelo con los más generosos planes de beneficios definidos. El reporte sobre los mecanismos de prestación por discapacidad, mayor edad y muerte, hecho en colaboración con la ONU, estuvo listo en agosto, pero no ha sido publicado todavía.
El año pasado el FMI señaló que los pasivos de pensiones no financiados de Panamá alcanzan US$ 10.700 millones, o 24% del PIB del país.
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