Por Renato García Jiménez
Enviado especial a China
Entender el lugar que ocupa la tierra en la cultura y la identidad de China resulta muy importante para comprender muchas de las cosas que están pasando actualmente en el país, el origen de algunos conflictos, y los dilemas que afronta el gobierno en el futuro.
La relación con la tierra no sólo tiene una gran importancia en el sentimiento nacional, sino que también repercute de manera muy profunda en otros ámbitos, como en su sistema de gobierno, su modelo económico y las relaciones sociales.
Desde la proclamación de la República Popular, en 1949, el Estado es dueño de toda la tierra en China. Y hasta la fecha, la ley prohibe expresamente cualquier operación de compra y venta de terrenos.
Pero, esto representa un brusco contraste con esa vorágine de construcciones, infraestructuras e inversiones que nos hemos acostumbrado a relacionar con China. ¿Cómo se puede entender esa gigantesca especulación inmobiliaria en un país donde ni las personas ni las empresas son dueñas de la tierra que ocupan?
La explicación se encuentra en un importante giro que dio el gobierno en su política a comienzos de los ’80, con la creación del Contrato de Responsabilidad Familiar, el primero que reconoció a los hogares un derecho sobre las tierras que trabajaban.
Desde entonces, este modelo ha tenido un enorme impacto sobre el desarrollo del país. El sistema se estableció originalmente para el campo, pero sirvió luego como la base para el auge inmobiliario que impulsó la transformación de toda la zona costera.
Y fue clave además para que China pasara de una retrasada industria agrícola, a convertirse en uno de los mayores productores mundiales del sector.
Pero también ha generado grandes conflictos internos, y con el paso del tiempo parece haber quedado superado por los acontecimientos. La mayoría de las protestas que ocurren hoy en China está relacionada con disputas por la propiedad de la tierra. Y a medida que el desarrollo inmobiliario se extiende hacia las zonas rurales, presiona cada vez más a los campesinos, que sufren desde hace años abusos ilegales.
El gobierno reconoce la seriedad de los problemas, y está tratando de solucionarlos. Pero no será sencillo. La especulación inmobiliaria fue provocada por la explosión de demanda que acompañó el espectacular crecimiento de los últimos años. Combatir esa especulación ahora, cuando la economía se está desacelerando, podría agravar las cosas.
Por otra parte, China sufre de una severa escasez de tierras cultivables, y el gobierno está bajo una fuerte presión para asegurar el abastecimiento de alimentos, en momentos en que los problemas económicos podrían elevar el malestar social.
El modelo de Contrato de Responsabilidad Familiar concluyó recientemente su primer ciclo de 30 años, y está iniciando su segunda fase. Los cambios y ajustes que pueda hacer la autoridad para abordar estos dilemas tendrán grandes repercusiones.
El alimento del pueblo
El estatuto de propiedad de la tierra tiene una importancia central para la seguridad alimentaria. Con 10 millones de kilómetros cuadrados, China es la tercera nación más grande del planeta, y cuenta con 10% de toda la tierra cultivable. Sin embargo, esos terrenos deben producir suficiente alimento para sostener a más de 20% de la población mundial. Esto significa que dispone de 0,092 hectárea por persona, menos de la mitad que el promedio global. Por eso, para el gobierno ha sido una prioridad incrementar el rendimiento de sus campos.
Bajo el modelo instaurado originalmente por Mao Zedong, cada familia de campesinos debía producir una cuota determinada, y recibía una compensación económica por cumplirla, pero no había mayores beneficios para quienes se esforzaban más.
Esta falta de incentivos era un gran obstáculo para elevar la productividad. Por eso, en 1978 las autoridades decidieron experimentar con un esquema de contratos que premiaba a los agricultores más exitosos, permitiéndoles beneficiarse directamente del fruto de su trabajo. Aunque la propiedad de la tierra siguió siendo estatal, el nuevo contrato dio a los campesinos el derecho sobre su uso, que ahora podían administrar libremente, traspasándolo, arrendándolo, o incluso vendiéndolo.
El sistema incorporó también un mecanismo de sanciones para presionar a los campesinos que no explotaban los recursos. De este modo, quienes no querían trabajar la tierra han ido cediendo sus derechos, mientras que otros han ido adquiriendo más.
Para incrementar la escala y la eficiencia, los agricultores se han agrupado en cooperativas en torno a los distintos poblados, donde cada grupo familiar aporta sus recursos, y las ganancias se distribuyen proporcionalmente.
Según cifras oficiales, hoy existen 150 mil cooperativas en China, que reúnen a 39 millones de personas y representan 14% de todos los hogares.
Estas asociaciones, además, se fueron especializando por rubros. Así, es común ahora que cada ciudad cuente con cooperativas dedicadas a trabajar los campos, otras enfocadas en la maquinaria para la siembra y la cosecha, y así en diferentes áreas.
El aumento en escala y eficiencia de la agricultura, sumado a los subsidios del gobierno, ha elevado en los últimos años la mecanización de las faenas a poco más de 50%. Aunque la tasa todavía no es alta, en algunos productos, como el trigo y el arroz, alcanza cerca de 90%.
Esta nueva forma de gestión y organización de la agricultura ha cumplido ciertamente con las expectativas de las autoridades en cuanto a aumentar las cosechas. Entre 1978 y 2009, la producción de granos creció a un promedio anual de 1,8% y el rendimiento por hectárea se elevó 2,3%. En 2010, y con diez años de anticipación, se alcanzó la meta de 540 millones de toneladas fijada por las autoridades. Y en 2011, la producción completó ocho años consecutivos de crecimiento, llegando a un récord de 571 millones de toneladas. El comercio agrícola de China pasó de
US$ 6.100 mil millones en 1978 a
US$ 99.160 millones en 2008, convirtiéndola en el cuarto actor a nivel mundial.
Sin embargo, pese a los esfuerzos oficiales por aumentar las cosechas, la seguridad alimentaria no está garantizada. Desde hace algunos años, el gobierno ha insistido en que para resguardar el abastecimiento de su población debe ser autosuficiente como mínimo en 95% de su consumo de granos. Y en 2011, este nivel cayó por debajo de 90%, ya que los 61 millones de toneladas importadas ese año igualaron al 10,7% de toda la producción local.
China, que era un exportador neto de maíz, pasó a registrar un déficit en 2010, tras aumentar sus compras en el mercado externo en más de 17 veces. Y según algunas proyecciones, en 2014 podría desplazar a Japón como el mayor importador mundial de trigo.
Una comisión especializada del Comité Central del partido advirtió que la tendencia representa una seria amenaza para la nación.
Existen varias razones para explicar el incremento en las importaciones de trigo, pero la más directa es el crecimiento del consumo que ha acompañado a la acelerada tasa de urbanización. Los residentes de las ciudades tienden a consumir más carne y aceite que los habitantes de las zonas rurales. Y el maíz es mayoritariamente usado como alimento para el ganado. A fines del año pasado, la población urbana superó a la de los campos por primera vez en la historia, pasando a representar 51,27% del total. Como resultado, cada vez se usa más trigo para producir carne.
Lo mismo ocurre con la soya, que se utiliza tanto como alimento para animales como para producir aceite. China ya es el mayor consumidor mundial de soya, y sus importaciones se han quintuplicado en la última década.
Uno de los países más beneficiados con esta tendencia ha sido Argentina, que está entre los principales productores mundiales de soya, y que a comienzos de año, además, firmó un acuerdo para abastecer a China de maíz. En la oportunidad, el gobierno argentino proyectó que las importaciones chinas de ese producto llegarían este año a 3 millones de toneladas.
Pero, los cambios demográficos no sólo influyen sobre los patrones de consumo. El crecimiento de las ciudades también está absorbiendo trabajadores que son vitales para las labores de la tierra, en una agricultura que todavía sigue siendo bastante intensiva en mano de obra. Cada año, las empresas de los centros urbanos incorporan a alrededor de 5 millones de campesinos. Según institutos de estudio ligados al gobierno, en las próximas tres décadas la población rural va a pasar de poco más de 600 millones a 400 millones.
La escasez de trabajadores representa un serio desafío. Las autoridades en Beijing no han olvidado la traumática lección de la “Gran Hambruna”, que entre 1958 y 1962 provocó la muerte de 22 millones de personas como resultado de políticas estatales que despoblaron los campos. Por ello han lanzado una serie de programas para contener el éxodo.
Pero la falta de trabajadores se agrava debido a otra tendencia aún más crítica: la pérdida de terrenos para la agricultura.
Dos mundos en colisión
El gobierno ha definido que para sostener a su población requiere una cantidad mínima de tierras. La autoridad trazó esa línea roja en 120 millones de hectáreas. Aunque los funcionarios dicen estar confiados de que el nivel mínimo está garantizado, desde 1997 los campos han perdido 8 millones de hectáreas, que retrocedieron a 121,7 millones en agosto del año pasado. Pero, reportes no confirmados de centros de estudio independientes aseguran que las pérdidas han sido mayores y que el nivel mínimo ya se habría sobrepasado.
La principal causa de la baja en superficie cultivable tiene que ver con el auge inmobiliario. Las transferencias de tierras ocupadas por agricultores para construir -desde canchas de golf hasta parques industriales-, se ha convertido en la mayor fuente de recursos para los gobiernos locales.
Tan sólo entre 2003 y 2005 el traspaso de derechos de tierras cultivables habría generado retornos para las autoridades y empresas involucradas por cerca de US$ 600 mil millones.
Un reporte del Ministerio de Tierras y Recursos publicado en 2010 reveló 34.200 casos de uso ilegal de terrenos que involucraron 50.000 hectáreas en 77 ciudades entre 2007 y 2009. Y según la Academia de Ciencias Naturales de China, en los primeros nueve meses de 2011 el uso ilegal de terrenos aumentó 11%, a 16.400 hectáreas.
La pugna por el uso de la tierra genera fuertes tensiones en el mundo rural. Aunque no existen estadísticas oficiales, la prensa en China recoge numerosos ejemplos. En 2010 se registraron violentas protestas en la provincia de Hunan, luego de que una constructora arrasara siete hectáreas de granjas para presionar a los campesinos a abandonar sus hogares. En 2011, los agricultores se alzaron en la provincia de Hebei para denunciar el hostigamiento de matones contratados por una inmobiliaria. Y ese mismo año, los habitantes de Wukan, en la provincia de Guangdong, expulsaron a las autoridades locales y tomaron el control de la aldea denunciando la usurpación de sus derechos. Las protestas, que se extendieron durante cuatro meses, llevaron a Beijing a autorizar nuevas elecciones. Aunque la población en China vota periódicamente para elegir a sus autoridades, este proceso ocurre siempre dentro de la estructura oficial, y los candidatos son todos miembros del partido. Las elecciones de Wukan, sin embargo, fueron las primeras completamente libres, en lo que ha sido considerado por algunos como el primer experimento de China con la democracia.
Pero las protestas no han cesado. A comienzos de año hubo nuevos enfrentamientos en Yunnan, luego de que un pequeño productor de caucho se suicidara denunciando que había sido expulsado de sus terrenos.
Aunque en muchos casos los habitantes de los campos mantienen empleos en las ciudades para incrementar sus ingresos, y normalmente estos les reportan mayores beneficios que el trabajo de las granjas, los agricultores consideran que la tierra es su red de protección, que en caso de una crisis podría asegurar su subsistencia. De este modo, los campos suplen el vacío que deja un deficiente sistema de seguridad social en las provincias más pobres.
Las autoridades reconocen los problemas y han prometido soluciones. El ministro de Tierras y Recursos, Xu Shaoshi, denunció que el mecanismo de traspaso de terrenos se ha convertido en un “terreno de fácil y frecuente corrupción”, y el vice ministro de la cartera, Yun Xiaosu, admitió que la situación es una amenaza para la “estabilidad social”. El propio primer ministro, Wen Jiabao, prometió castigar a los funcionarios corruptos.
Según datos oficiales, unos 7.700 representantes sospechosos de recibir sobornos para traspasar derechos de terrenos han sufrido sanciones disciplinarias y otros mil afrontaron procesos judiciales.
El gobierno se ha comprometido a reforzar los derechos de los campesinos y reformar el sistema de transferencias para que las familias reciban un mayor beneficio por el aumento en el valor de los terrenos.
“China no puede seguir impulsando la industrialización y urbanización a costa de los derechos de propiedad de sus campesinos”, señaló el vice ministro de la Comisión de Desarrollo Nacional y Reforma, Peng Sen, en declaraciones reproducidas por un medio local.
En 2010, las autoridades devolvieron US$ 2.800 millones en pagos ligados a transferencias ilegales y recuperaron para uso agrícola 7.900 hectáreas que se habían destinado a fines inmobiliarios.
El gobierno también ha impulsado una serie de políticas para mejorar las duras condiciones de vida en los campos y detener el éxodo de trabajadores. En 2000 inició una reforma tributaria que ha eliminado una serie de impuestos que históricamente agobiaron al sector. Para 2006, el principal impuesto agrícola había sido eliminado en todo el país. De este modo, entre 2000 y 2009, el alivio tributario para los campesinos fue de casi US$ 20 mil millones.
Y la propia reforma al modelo de contratos lanzada en 1978 ha contribuido a elevar los ingresos de los agricultores desde apenas US$ 22 ese año a US$ 755 en 2008. La pobreza en los campos retrocedió de 250 millones de personas en el primer año del nuevo sistema a 15 millones en 2007, equivalente a 1,6% de la población rural.
Las ventas minoristas en los niveles administrativos inferiores aumentaron 20,7% en 2008 frente al año anterior. Y al definir un plazo de 30 años, el nuevo modelo de contratos dio mayor seguridad a los agricultores para planificar su trabajo a un horizonte más largo.
Durante este año las autoridades planean destinar
US$ 192 mil millones para apoyar el desarrollo del sector.
Y el gobierno también está impulsando medidas para revertir el negativo impacto que ha tenido el acelerado desarrollo industrial sobre la tierra. Se estima que 16% de la superficie cultivable está contaminada y 10% registra niveles excesivos de metales pesados que cada año provocan la pérdida de 12 millones de toneladas de granos.
El año pasado, 300 mil hectáreas de terrenos agrícolas fueron rehabilitadas y se desarrollaron 4 millones de hectáreas consideradas de alta calidad. El gobierno pretende agregar otros 27 millones de hectáreas de alto rendimiento para fines de 2015.
Los programas oficiales para aumentar el rendimiento de los campos también van a reducir la necesidad de tierras en el futuro. Según algunas estimaciones la mecanización de las faenas ha disminuido la necesidad de 10 millones de empleos. Y a eso se suma la incorporación de nueva superficie en otros países. A fines de agosto, el gobierno chino compró un complejo de 16 granjas de algodón en Australia y recientemente adquirió una operación lechera en Nueva Zelanda. China también está recurriendo a las naciones africanas en busca de nuevos terrenos para cosechar sus alimentos.
Un modelo agotado
Pese a los grandes avances logrados por la reforma, el nuevo modelo de contratos ha resultado ser insuficiente en un aspecto clave.
Debido a que los campesinos no son dueños de las tierras, no pueden pedir préstamos poniendo los campos como garantía. En 2010 fueron contabilizadas 2.300 villas que no contaban con instituciones financieras, principalmente en el centro y en el oeste del país. Para 52,91% de los agricultores, las principales fuentes de financiamiento siguen siendo entidades ilegales, que prestan a altas tasas de interés.
Esto ha impedido que la industria agrícola acceda a la masiva inyección de capital que requiere para su desarrollo, lo que se refleja en la excesiva fragmentación de la propiedad. Pese a los esfuerzos de los campesinos por agruparse en cooperativas, todavía carecen de la escala necesaria para maximizar los recursos. Los agricultores en promedio están limitados a 1 hectárea, un sexto que en EEUU y menos incluso que en India, donde el promedio son 2 hectáreas.
Las autoridades han dado grandes pasos para impulsar el sector, pero quizás deberían preguntarse ahora si no es tiempo ya de un nuevo cambio al modelo.
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