Política
¿Trump sigue los pasos de Dorothy Pérez? Departamento de Justicia lanza mayor ofensiva contra fraudes médicos en la historia EEUU
Los esquemas de fraude investigados por la autoridad implicaron pérdidas intencionadas por más de US$ 14.600 millones. En el procedimiento se incautaron cerca de US$ 245 millones en efectivo, autos de lujo, criptomonedas y otros activos.
Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de EEUU, habla sobre una medida de cumplimiento de la ley contra el fraude relacionado con la atención médica durante una conferencia de prensa
Mientras en Chile todavía continuan las repercusiones por el informe de licencias médicas fraudulentas publicado por la Contraloría, en Estados Unidos, la Administración Trump parece estar copiando el libro de jugadas de la controlara Dorothy Pérez.
Así, el Departamanto de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes los resultados del Plan Nacional de Detención Contra el Fraude en la Atención Médica 2025, catalogado como el mayor desmantelamiento de irregularidades de este tipo en la historia de Estados Unidos.
El operativo resultó en la imputación de 324 funcionarios, entre ellos 96 médicos y decenas de enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la salud con licencia, en 50 distritos federales y 12 Fiscalías Generales Estaduales de Estados Unidos, por su presunta participación en diversos esquemas de fraude en la atención médica que implicaron pérdidas intencionadas por más de US$ 14.600 millones.
En el procedimiento se incautaron más de US$ 245 millones en efectivo, autos de lujo, criptomonedas y otros activos.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) también anunciaron que lograron evitar el pago de más de US$ 4 mil millones en respuesta a reclamaciones falsas y fraudulentas, y que suspendieron o revocaron los privilegios de facturación de 205 proveedores en los meses previos a la revocación.
Los casos fueron investigados por agentes del Departamento de Salud (HHS sigla en inglés) y del Departamento de Servicios Humanos (OIG, sigla en inglés), el FBI, la DEA y otras agencias policiales federales y estaduales.
En una conferencia de prensa, el jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti, aseveró que "estos delincuentes no solo robaron el dinero de otros, sino que les robaron a ustedes. Cada reclamación fraudulenta, cada facturación falsa, cada esquema de sobornos representa dinero extraído directamente del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses, quienes financian estos programas esenciales con su esfuerzo y sacrificio".
Galeotti manifestó preocupación por la participación de organizaciones criminales transnacionales: "Hemos identificado y acusado a acusados que operan desde Rusia, Europa del Este, Pakistán y otros países extranjeros que se han infiltrado en nuestro sistema de atención médica para robar dinero de los contribuyentes estadounidenses".
Una de las operaciones más complejas desbaratadas por las autoridades involucraba una red internacional con base en Rusia y Europa del Este. La organización adquirió de forma estratégica decenas de empresas de insumos médicos en Estados Unidos, que luego fueron utilizadas para presentar reclamos fraudulentos al sistema de salud pública Medicare, por un monto superior a los US$ 10 mil millones.
Para ejecutar este fraude, los responsables usaron identidades robadas de más de un millón de personas en los 50 estados del país.
Opioides e injertos
El jefe de la División Criminal también explicó que además lograron desbaratar redes de farmacias que recetaban opioides innecesarios y que existían únicamente para distribuir drogas a adictos y traficantes.
En otro caso, el Departamento de Justicia presentó cargos contra siete personas, entre ellas cinco profesionales de la salud, por su participación en un esquema que habría defraudado cerca de US$ 1.000 millones a Medicare y otros programas médicos. Según la acusación, los imputados realizaron injertos de piel innecesarios a pacientes en estado terminal, aprovechándose de personas que se encontraban en sus últimos días de vida y buscaban pasar ese tiempo con tranquilidad y dignidad.
"Este es el comienzo de una nueva era de persecución agresiva y prevención basada en datos", dijo Galeotti.