El Gobierno rumano despedirá a unos 60.000 funcionarios
dentro de su plan de ahorro para controlar el déficit público y cumplir las
condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para
concederle ayuda financiera.
La medida, anunciada por el ministro del Interior, Vasile
Blaga, se suma al recorte de los salarios y a la subida del IVA que hoy han
entrado en vigor como parte de los esfuerzos de Rumanía para mantener el déficit
público por debajo del 6,8% impuesto para este año por el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
El ministro explicó que el recorte en la plantilla de
empleados públicos se hará efectivo mediante un decreto y afectará a funcionarios
de las Administraciones local y estatal.
Con esta decisión, el país comienza a adelgazar un sector
público de cerca de medio millón de trabajadores, uno de los lastres para el
dinamismo de la economía denunciados por el presidente, Traian Basescu, y por
el FMI.
Comprometida con esta institución desde que contratara en
2009 un crédito exterior por dos años de 20.000 millones de euros (unos US$ 24.652 millones), Rumania debe
cumplir ahora las condiciones de austeridad acordadas.
De lo contrario, no recibirá los más de 8.000 millones de
euros (US$ 9.861 millones) que le quedan por ingresar del crédito y que son
vitales para sus maltrechas arcas públicas.
El FMI decide mañana si aprueba el plan de austeridad de
Rumanía, que tuvo que ser revisado después de que el Tribunal Constitucional
tumbara el planeado recorte de las pensiones.