La opacidad del financiamiento de la actividad política

El funcionamiento real de los mecanismos a través de los cuales se financia la política en Chile -los partidos y especialmente las campañas electorales- es de los aspectos menos explorados y probablemente más controversiales. No obstante lo importante de esta cuestión, es un tema oculto en el debate político. El tema del dinero y su influencia en la actividad política no forma parte de la agenda, salvo cuando se descubren irregularidades.

El año 2003, en un acuerdo entre el Gobierno de la época y la oposición, a raíz del Caso Coimas, se adoptó la actual normativa que rige en la materia. Hace algunos días el llamado caso “Pentagate” volvió a poner sobre la mesa la siempre opaca relación entre dinero y política y, puso en evidencia de paso, los problemas de eficacia de la actual regulación.

La arista política de este caso parece estar dejando en evidencia cómo el tema del financiamiento es crucial para la salud y calidad de la democracia. La relación incestuosa entre dinero y política favorece una lógica de dominación clientelista que se expresada en la triada: favores, puestos y dinero. La manera de pagar los favores suele ser variada. En algunos casos estos compromisos implican un dar o un hacer; en otros, por el contrario, constituyen un no hacer o abstenerse.

En la base de las irregularidades conocidas -ahora y antes- se encuentra la verdadera trastienda del control del poder político. A través del dinero, ciertas minorías buscan tener un peso determinante en las elecciones y en el ejercicio del gobierno, al bloquear la reducción de las asimetrías de poder y al preservar sus privilegios.

¿Cómo revertir esta dinámica en la política chilena? Mejorar la calidad de la política parece ser un imperativo que no se agota en la sola reforma al sistema electoral. Se requiere también de un sistema de financiamiento eficaz, equitativo y transparente que asegure de manera adecuada el financiamiento de la democracia. Un camino posible para acotar la indebida influencia del “gran dinero” en la política, es el financiamiento público a los partidos políticos y sus campañas. Un régimen de financiamiento público busca al menos tres objetivos. Primero, permitir que tanto partidos como candidatos cuenten con los recursos necesarios para funcionar y realizar sus campañas bajo cierta igualdad de condiciones, es decir, emparejar el terreno. Segundo, fomentar la participación ciudadana mediante la creación o el sostenimiento de partidos políticos que de otro modo quizá no existirían. Un tercer objetivo sería complementar los ingresos de los partidos, es decir, impedir la dependencia del dinero privado.

Existe evidencia suficiente que permite inferir que los subsidios estatales tienen una relevancia capaz de alterar en forma significativa la dependencia de los actores políticos frente al financiamiento privado. Hoy se abre nuevamente una ventana política para avanzar en esta dirección. Esperemos que esta vez la clase política no eluda este problema estructural de nuestra democracia.