Una de las etapas que se avecina en la implementación de la Ley Fintech en 2024 es el sistema de finanzas abiertas. Para ello, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) iniciará un ciclo de mesas consultivas con el sector privado para discutir la hoja de ruta y la gobernanza.
Las discusiones se desarrollarán durante octubre y noviembre. Entre otros temas que se abordarán destacan los estándares técnicos, distribución de costos de consultas, y la iniciación de pagos y consentimiento.
En términos simples, el sistema de finanzas abiertas permite el intercambio entre prestadores de servicios financieros de la información personal de clientes que hayan consentido expresamente para ello. Así, los proveedores de servicios basados en información e iniciadores de pago podrán conectarse vía API con las instituciones financieras de los clientes. Con esto, se busca promover la competencia, innovación e inclusión en el sistema financiero.
La CMF tiene una serie de facultades para poner en marcha el sistema de finanzas abiertas, que abarca desde los alcances del ecosistema, participantes y registros, estándares operacionales y regulación y monitoreo del sistema.
Lo que viene
El calendario del regulador tiene previsto comenzar la implementación durante el segundo semestre de 2024 para que en la segunda mitad de 2027 esté en régimen el sistema.
Una de las dudas que ha surgido entre los agentes del mercado es cómo será la institucionalidad que gestionará el sistema de finanzas abiertas y quién lo financiará, es decir, si será el Estado o el sector privado.
La experiencia brasileña
Una de las experiencias más cercanas es Brasil, en donde la gobernanza del sistema de finanzas abiertas tiene cuatro niveles. En el lado normativo y de supervisión, es el Banco Central quien tiene el liderazgo.
En un tercer nivel está el lado estratégico que es observado por el Consejo Deliberativo, que define los reglamentos internos y las directrices. Este órgano está compuesto por siete grupos en donde hay bancos, emisores de tarjetas, y fintech.
El área táctica es la secretaría, la gestión de la infraestructura tecnológica y la parte administrativa está en manos de la empresa privada Chicago Advisory Partners.
Mientras que en todo el ámbito técnico participan todas las entidades que están dentro del sistema de finanzas abiertas y existe una serie de grupo especializados que preparan informes, estudios y propuestas al Banco Central y al Consejo.
La CMF ha expuesto en reiteradas ocasiones que, en vista de las experiencias internacionales, es común crear instancias de colaboración público-privada.
De hecho, el regulador ha visto beneficios en este tipo de alianza para el sistema de finanzas abiertas, resaltando que le da dinamismo al sistema. También, ha destacado que permite resolver controversias propias tanto de las fases de implementación como del funcionamiento en régimen. Además, provee mecanismos de mejora continua del sistema.
La mirada de KMPG
El managing director de Auditoría de KPMG, Mauricio Correa, recordó que “cada país tiene sus particularidades y necesidades que exigen que los modelos se tengan que adaptar a las distintas realidades”.
En cuanto a la realidad chilena, manifestó que “se entiende que un sistema mixto podría ser más eficaz, ya que existe un ecosistema relevante de empresas financieras privadas con base tecnológica, y al mismo tiempo un regulador que ejerce una posición fuerte al momento de establecer un marco normativo y control sobre las entidades supervisadas”.
No obstante, precisó que “vemos que el modelo que se utilice en la gestión y financiamiento del sistema de finanzas abiertas podría tener ventajas y desventajas dependiendo del involucramiento del sector público y privado en cada caso”.
En el caso de haber un mayor involucramiento estatal en el sistema de finanzas abiertas, dijo que existen algunas ventajas como, por ejemplo, un mayor control y supervisión, lo que podría garantizar la transparencia y equidad en el acceso a los servicios financieros para todos los actores de la industria.
Añadió que podría haber una “mayor estabilidad y continuidad en el financiamiento de la infraestructura de finanzas abiertas, ya que el Estado puede asignar recursos a largo plazo”.
Por el lado negativo, observó que habría “riesgo de politización y burocratización del sistema, lo que podría afectar la eficiencia y agilidad en la implementación y actualización de los sistemas de finanzas abiertas”.
Agregó una “posible falta de conocimientos especializados en tecnología y finanzas por parte del Estado, lo que podría limitar la capacidad de innovación y adaptación a los cambios tecnológicos”.
Desde la vereda de un mayor rol del sector privado en el sistema de finanzas abiertas, las cosas positivas que podría acarrear sería una “mayor agilidad y capacidad de innovación, ya que el sector privado suele estar más orientado al mercado y a la búsqueda de rentabilidad”, sostuvo Correa.
Sobre las desventajas, para Correa son los riesgos de conflictos de interés y falta de transparencia en la gestión y operación del sistema, como también una posible falta de equidad en el acceso a los servicios financieros, ya que el sector privado podría priorizar a aquellos clientes o segmentos más rentables.
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