Por I. Rojas / R. García
A poco más de un año de que estallara el caso Interbolsa, uno de los escándalos financieros más bullados en la historia de Colombia, el juicio está entrando en una etapa clave, con la formalización de cargos contra los 16 imputados.
La caída de la mayor corredora de bolsa del país comenzó el 1 de noviembre de 2012, cuando el periodista independiente conocido como Vladdo publicó en su cuenta de Twitter que la intermediaria sufría una crisis de iliquidez.
La situación era un rumor que circulaba con fuerza en los medios, pero hasta entonces nadie se había atrevido a reportarlo debido a que se trataba de uno de los holdings más poderosos del país. El presidente del grupo, Rodrigo Jaramillo, salió a desmentir las versiones, pero horas más tarde, cuando finalmente reconoció la crisis, la acción de Interbolsa se desplomaba 30%.
Inesperado giro
El caso fue tratado al comienzo como un error en la política de operación de la corredora. Los ejecutivos atribuyeron los problemas a una excesiva exposición a operaciones de repo (retrocompra) de Fabricato, la mayor compañía de textiles del país, que estallaron debido a la caída en la liquidez del mercado.
Sin embargo, la fiscalía hoy defiende una tesis muy distinta, donde acusa directamente a los ex ejecutivos de la corredora de fraude financiero.
A medida que avanza, la investigación ha ido revelando ribetes inesperados, con personajes oscuros, como el empresario italiano Alessandro Corridori, el mayor accionista de Fabricato, y que pese a su notoriedad en el mundo de los negocios de Colombia, hoy nadie ha podido corroborar sus supuestos pergaminos como ex ejecutivo de Parmalat y corredor de bolsa en Milán. De hecho, el gobierno italiano canceló en 2011 su residencia y lo declaró persona sin paradero conocido.
La segunda esposa de Corridori, Claudia Jaramillo, era corredora de Interbolsa, y su relación personal habría sido instrumental para que luego se conformara en la intermediaria un esquema para defraudar.
Según la fiscalía, Corridori y los ejecutivos de la comisionista se coludieron para manipular el precio de la acción de Fabricato. “El señor Jaramillo puso a disposición de Corridori y su grupo todo el andamiaje de Interbolsa para que cometiera diferentes infracciones a la ley penal” señaló la fiscalía. “La firma comisionista recibía información privilegiada con la cual manipuló las operaciones”.
Entre enero de 2011 y diciembre de ese mismo año, la acción de Fabricato se disparó desde 26,2 pesos colombianos a 84,99.
Dentro de este esquema, los representantes de Interbolsa autorizaron un incremento desmedido e injustificado en el cupo de crédito de Fabricato, que fue lo que al final provocó el colapso. El cupo para la firma de textiles aumentó de 34 mil millones de pesos a mediados de 2011 a 300 mil millones (US$ 156 millones) a septiembre del año pasado, superando en 30% los límites por patrimonio. “Los directivos aprobaron estos cupos donde las garantías fueron pagarés y acciones de Fabricato, sin que el grupo Corridori cumpliera con las condiciones”, explica la fiscalía.
Se derrumba el montaje
Debido a una caída en la liquidez del mercado, Fabricato tuvo problemas para responder por las operaciones de repo, lo que lo llevó a incumplir sus compromisos con la intermediaria. Luego de eso, Interbolsa falló a su vez en el pago de un préstamo por 20 mil millones de pesos a BBVA, lo que finalmente gatilló la investigación.
La fiscalía sostiene que los miembros de la corredora estaban conscientes de que estaban cometiendo un delito y por eso pretenden pedir entre ocho y diez años de presidio para los imputados. La entidad además ha pedido prisión preventiva para los procesados.
“La alta dirección de Interbolsa impartía directrices sobre toda actividad que rodeara la negociación de acciones de Fabricato, los miembros del comité de riesgos de la comisionista conocían de las irregularidades”, señala.
El martes se realizó la formulación de cargos contra cuatro ejecutivos de Interbolsa, incluyendo el presidente del holding, Rodrigo Jaramillo, y ayer el proceso debía continuar con otros cinco imputados.
"El mayor problema, de gobierno corporativo, aún no se ha atacado"
Javier Piedrahita,
de corredora Global Securities Colombia.
A un año de uno de los mayores escándalos financieros del mercado colombiano, si bien la confianza ha retornado a los inversionistas y algunas normativas han establecido reglas más claras, todo lo referido a gobiernos corporativos, uno de los principales problemas de este caso, sigue sin ser perfeccionado.
Para el gerente de riesgo de la corredora Global Securities Colombia, Javier Piedrahita, los clientes se sintieron decepcionados de una de las compañías más representativas del mercado colombiano, por lo que surgió la duda de riesgo sistémico y una pérdida casi total de confianza.
Sostiene que tras la caída de Interbolsa la pérdida de liquidez fue bastante pronunciada y muchas firmas frenaron sus operaciones, tanto de posición propia como de sus clientes.
"Interbolsa manejaba el 30% del mercado, por lo que hubo un impacto fuerte en volumen. Muchos migraron hacia cuentas de ahorro. Por esto, hubo demasiada liquidez en los bancos y casi nada de operaciones del mercado", explicó.
Sin embargo, Piedrahita afirma que "se han normalizado bastante las operaciones, sobre todo a partir de julio, y hay mayor confianza".
Regulación como respuesta
Pero no sólo la normalización de las operaciones y la vuelta de la confianza se desprenden de este caso. Un rol fundamental lo juega la Superintendencia Financiera de Colombia. En los últimos meses, la entidad ha emitido tres normas que buscan evitar nuevos casos como Interbolsa.
La primera tiene que ver con el riesgo de liquidez, haciendo ajustes a los modelos de medición que se envían diariamente a la Superintendencia para ver cómo están sus indicadores financieros. "Se está definiendo un cambio en el formato y monto mínimo", explica Piedrahita.
Otra norma tiene que ver con una mayor regulación de las operaciones repos y una tercera corresponde a la implementación de riesgo de crédito para las comisionistas.
Pero aún queda mucho por profundizar y no se ha atacado el verdadero problema: el gobierno corporativo. "Como respuesta se está regulando donde realmente no está el problema, porque este tema fue más bien de gobierno corporativo que otra cosa" plantea el ejecutivo.
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