Pero las millonarias noticias en el sector continuaron. La noche del miércoles, la estadounidense Freeport-McMoRan sorprendió al presentar a tramitación la mayor inversión minera en al menos tres décadas: US$ 7.500 millones para asegurar la continuidad de la mina El Abra, iniciativa en la que necesitaría unos 31 mil trabajadores directos e indirectos. Así, en solo tres días el sistema evaluador acusó recibo de dos megaproyectos cupríferos por US$ 12.650 millones.
“Queremos que esa sea la línea que logremos generar de inversión en este tiempo”, dijo sobre los anuncios el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
Casi en forma simultánea, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmaba en el Seminario Económico de DF el regreso de un renovado DL600, con el objetivo de capturar y “desatar” inversiones, como mandató Kast a sus equipos.
Sumado a los anuncios de agilización de permisos sectoriales, el escenario configuraría un envión para la industria minera, que enfrenta desafíos productivos en pleno aumento de la demanda global por cobre y minerales críticos.
Proyectos a ingresar
Según datos y análisis realizados por Plusmining, existe un total de 17 proyectos mineros de inversión que, casi a ciencia cierta, deberían ingresar su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al sistema durante el Gobierno actual, alcanzando US$ 28.935 millones.
A ellos se suman otras seis iniciativas, que se pronostica que ingresen después de 2030, es decir, en el próximo Gobierno, pero que podrían adelantarse para aprovechar las nuevas condiciones.
Así lo examina el encargado del área de análisis de la industria minera de la consultora, Andrés González, quien ve “factible que algunas mineras busquen aprovechar el impulso político actual sumado a las buenas expectativas de demanda de cobre y otros minerales para adelantar la tramitación de sus proyectos”.
En particular, menciona los proyectos de cobre Vizcachitas de Los Andes Copper y Nueva Unión de Newmont y Teck como los que “podrían eventualmente tomar esta decisión”.
Si Nueva Unión se adelantara, sumaría US$ 3.500 millones a las inversiones ingresadas a evaluación durante el actual Gobierno, aumentando la cifra a US$ 32.435 millones. En litio, considera que CleanTech también podría agilizar su tramitación en Laguna Verde, toda vez que se encuentra a la espera de la toma de razón de su contrato de operación por parte de Contraloría.
“De cara a los próximos ingresos de proyectos en el mediano y largo plazo, el anuncio de las nuevas autoridades respecto de reinstaurar una versión del derogado DL600 podría contribuir a fortalecer la certeza jurídica, un factor clave para la inversión minera”, comenta el experto.
Y recuerda un episodio relevante que muestra el cambio de ánimo en el sector: “Durante la tramitación del royalty minero y el proceso constitucional, la propia Freeport señaló en su Reporte Anual 2022 que no realizaría grandes inversiones en Chile hasta contar con mayor claridad sobre las condiciones regulatorias y fiscales del país”.
Este jueves, en cambio, el country manager de la norteamericana en Chile, Mario Larenas, expresó tras reunirse con el biministro Mas que ve “un buen entorno” para invertir en Chile y que “estamos confiados en que (el proyecto) sea aprobado”.
Sobre las dos iniciativas que ingresaron al SEIA esta semana, González realiza la siguiente lectura: “Si bien se trata de proyectos altamente anticipados, su ingreso durante los primeros días del nuevo Gobierno constituye una señal relevante para la industria minera, en la medida en que indudablemente esperan de una tramitación eficiente y expedita. Para el Gobierno, a su vez, representa un hito altamente positivo, en tanto se alinea con el sello proinversión que busca consolidar”.
Los 23 proyectos listados por Plusmining como próximos a ingresar al SEIA entre 2026 y un horizonte que va más allá de 2030, suman US$ 38.300 millones, donde un 64% corresponde a proyectos de cobre, 26% a litio, 6% a oro, 4% a hierro y un 1% a plata.
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