Lavado de activos: critican baja calificación de Chile

Paula Gallardo

Mal cayó entre los senadores de la comisión de Constitución la baja evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) respecto de los avances nacionales en materia de control y lavado de activos financieros. El organismo dejó a Chile en la categoría de país bajo seguimiento intensificado. El Gafisud fue particularmente inquisitivo sobre el lento avance del proyecto que aumenta las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio Público y eleva el número de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

Al respecto, el senador Hernán Larraín (UDI) señaló que llama la atención que la calificación no sea buena porque ha habido avances legislativos en esta materia. En Chile no estamos para encubrir ni aceptar ningún tipo de lavado de dinero, subrayó.

Respecto del proyecto, admitió que ha habido algunas diferencias que se han ido zanjando. La pregunta acá es si los organismos fiscalizadores pueden intervenir en las operaciones bancarias entendidas como sospechosas sin autorización judicial y nosotros pensamos que siempre es conveniente que ésta exista. Con todo, reconoció que en áreas como falsificación de billetes, contrabando y piratería siempre se puede seguir avanzando. Más tajante fue su par DC Patricio Walker, quien incluso detalló que el proyecto que generó las críticas de Gafisud está en tabla para ser votado y posiblemente despachado la primera quincena de enero. Por ello, no dudó en plantear que considera injusta la calificación.

Esto, porque hemos avanzado en control de lavado de activos, secreto bancario y otros delitos. Chile fue aceptado en la OCDE precisamente por el avance en estas materias y si bien quedan temas pendientes, debe cambiar la calificación, puntualizó.

Según Claudio Magliona, socio de García Magliona & Cía, la relevancia de la iniciativa en cuestión obedece a que si bien Chile ha avanzado en el tema del lavado de activos, el proyecto faculta a la UAF a investigar no sólo cuando éste provenga del tráfico de estupefacientes y autoriza al Ministerio Público a acceder a la información bancaria de las personas investigadas y levantar el secreto bancario.