"Las AFP tienen un cobro sobre la remuneración imponible y por lo tanto no hay ni un peso adicional ni un centavo más de cobro por mayor cotización”. Esa fue una de las frases del presidente de AFP Habitat, Juan Benavides, a la salida de la junta de accionistas de la administradora realizada ayer para defender la idea de que sean estas empresas las que administren el 5% adicional de cotización.
Las palabras no resultan novedosas, ya que en la discusión de la reforma al sistema de pensiones la principal pelea que han decidido llevar adelante las AFP, algunas en un tono más conciliador que otras, es que no se les deje afuera, algo que al menos en el proyecto de ley que prepara el gobierno ya estaría zanjado.
En la industria aseguran que no se darán por vencidos. Sin embargo, eso no quita que hoy los ojos de los principales ejecutivos y directores del sector no estén necesariamente en el 5% o en la creación de un administrador estatal para su gestión, sino que en la otra batería de propuestas que ha dado a conocer el ministro de Hacienda, Rodrgo Valdés, y que afectan de forma directa a las AFP.
De acuerdo a los trascendidos, el gobierno podría separar la reforma hasta en tres proyectos legislativos, siendo uno de ellos dedicado en forma exclusiva a las modificaciones en materia de inversión y funcionamiento de las administradoras. ¿Qué es lo que más preocupa a la industria?
1 Benchmark para los multifondos. Entre las medidas anunciadas por el Ejecutivos una de las que ocupa el primer lugar en términos de preocupación es establecer una referencia para cada uno de los multifondos, frente a los cuales se medirá el éxito de las administradoras en términos de rentabilidad. Cuando estas se ubiquen muy por encima de ese indicador los afiliados podrían compartir los retornos con la AFP, mientras que en caso contrario las administradoras deberían devolver comisiones.
Juan Benavides recordó ayer que ellos como administradora propusieron ajustar comisiones según rentabilidades. Sin embargo, dicha idea en primer lugar no es compartida por toda la industria, y en segundo, es diferente una comisión por saldo a que se establezca un benchmark para cada fondo, asegura una fuente de la industria.
La preocupación entonces está en cómo se definirán esos fondos de referencia y quién lo hará, ya que son estos los que definirán en el largo plazo las rentabilidades a obtener por las AFP.
“En un escenario donde además se va a crear un fondo estatal que también se va a medir por rentabilidad, la que puedan obtener los ahorros administrados por las AFP resulta determinante”, señala una fuente del sector.
2 Participación de afiliados. Otra de las innovaciones que incorpora el proyecto en que trabaja el gobierno tiene relación con la participación de los afiliados en la gestión de la AFP, la cual se dará en dos instancias. Por un lado, habrá representantes en el comité de inversiones y en el de soluciones de conflictos de interés. Por otro, participarán en la elección de los directores de las sociedades donde invierten las administradoras, mediante la comisión de usuarios.
El segundo caso es el que menos inquieta a las gestoras; de hecho, estas mismas habían estado trabajando durante los últimos meses en un mecanismo de consulta a los afiliados respecto de los representantes a postular en las sociedades anónimas.
Sin embargo, es lo que respecta a la participación de estos en el comité de inversiones lo que sí les preocupa.
En la misma línea que la determinación de benchmarks para los multifondos, dentro de la industria el temor es que esta medida termine afectando la rentabilidad de los fondos de forma negativa en el largo plazo.
“Hay evidencia empírica que muestra que la rentabilidad cae cuando se toman medidas de este tipo y de nuevo pone en jaque la vara con la que se mide a las AFP que son los retornos”, asegura una fuente del sector.
3 Más amenazas a la rentabilidad. No se acabarían acá los temas que dicen relación con la rentabilidad y que contempla el proyecto, que miran con recelo las AFP.
Adicionalmente, se consideran cambios a la regulación de las comisiones de intermediación -aquellas que las AFP pagan a otras gestoras cuando externalizan ese trabajo, especialmente en lo que respecta las inversiones en el extranjero-, así como la posibilidad de que se elimine el Fondo B, algo que el ministro Valdés y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, ya confirmaron que está en estudio.
Ambas medidas, aseguran en la industria, de ser mal implementadas, podrían afectar la rentabilidad de forma negativa. De todos modos, en este punto no hay mayor claridad respecto de lo que se pretende y en la industria ven con buenos ojos que el Ejecutivo haya señalado, en el caso de las comisiones de intermediación, que son necesarias para las gestión de los fondos, esto tanto en la administración de inversiones en el exterior como en instrumentos más complejos, entre los que se cuentan los activos alternativos que el regulador ha impulsado como alternativa de inversión para las AFP .
4 Profundización de la licitación de cartera. En un plano diferente, pero relevante, se encuentran los anuncios relacionadas con las licitaciones de cartera de afiliados. Por un lado, contempla que aumente el periodo de dos a cuatro años -aún cuando las personas seguirán teniendo la opción de cambiarse después de los primeros 24 meses-, y, por otro, que se incluyan segmentos de afiliados antiguos del sistema. Hoy solamente entran los nuevos en el concurso público.
Para algunos en este punto es muy relevante que en el proceso se incorporen otras variables. Es decir, que no sea solamente por comisión, como hoy, pues para algunos esto pone en juego la rentabilidad y el nivel de servicio que pueden entregar.
Sin embargo, en esto no hay demasiada convergencia, ya que hay administradoras que creen que es positiva la profundización de las licitaciones de cartera, si se hacen con los resguardos adecuados, que no afecten la seguridad de los fondos.
5Alza del tope imponible e independientes. No todos los cambios tienen un impacto negativo para las administradoras. Que se fije definitivamente un mecanismo gradual en la incorporación obligatoria de los trabajadores independientes al sistema (en un periodo de 8 años), así como que se incremente el tope imponible desde 75,7 UF a 113,5 UF, sería algo positivo para las gestoras.
En el primer caso, se trata de la incorporación de cerca de 1 millón de cotizantes, los cuales no sólo se suman a la AFP ganadora de la licitación, sino que a todas las administradoras, ya que en su mayoría ya figuran como afiliados, lo que se traduce en mayor densidad de cotizaciones para éstos y en una mayor masa de cotizantes y sus respectivas comisiones.
En el segundo caso, el mayor tope imponible también beneficiará en términos de ingresos a las AFP porque las comisiones son un porcentaje del salario bruto. Y claramente éstas subirán en la medida que el grupo que se ubica sobre el tope -el cual alcanza hoy a las 281.843 personas- no sólo deberá imponer sobre el nuevo tope, sino además deberá pagar sus comisiones sobre ese monto mayor.
La apretada agenda legislativa de cara al envío del texto al Congreso
A toda máquina se encuentra trabajando el Ministerio de Hacienda para "cerrar" y "consolidar" una serie de proyectos de ley en trámite o prontos a enviarse al parlamento, de cara a lo que será una última parte del gobierno intensa en materia legislativa. A la fecha, en la carpeta de Teatinos 120 hay a lo menos 11 proyectos de ley que podrían considerarse prioritarios y que buscarán cerrarse en su etapa legislativa, o enviarse a trámite en el Congreso.
Entre ellos se cuenta la reforma al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), texto que hoy está en segundo trámite en la comisión de Constitución del Senado y con envío de indicaciones pendiente.
Otro tema prioritario es destrabar la reforma al Código de Aguas, que está ad portas de recibir indicaciones en el Senado. Junto con el Sernac, son dos tópicos que generan alta incertidumbre entre los privados. A esta categoría se une la reforma al régimen de las empresas sanitarias, que el ministro Rodrigo Valdés ha dicho que modificará en su trámite en el Senado.
Otros temas que deben zanjarse en lo que queda del año son la reforma al gobierno corporativo de ENAP, que incluye un compromiso de capitalización por US$ 400 millones; el proyecto que fortalece los Tribunales Tributarios y Aduaneros y el Fondo de Infraestructura. A esto se agrega la reforma a la educación superior que fue aprobada este lunes en la cámara.
Entre los proyectos con envío pendiente están la reforma a la Ley General de Bancos, que podría ingresar al Parlamento en mayo. Hacienda también tendrá un rol relevante en el diseño del proyecto que eliminará el Crédito con Aval del Estado (CAE). Todo esto en un contexto en que en octubre comenzará la discusión del Presupuesto 2018, con parlamentarios que ya han solicitado a Valdés adelantar la discusión para evitar su cruce con las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Lo mismo se pidió para el reajuste del sector público.
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