Recién en agosto se cumplirá el primero de los dos años que comprende el cuarto periodo de licitación de cartera de nuevos afiliados del sistema de AFP, sin embargo eso no es sinónimo de tranquilidad para la Superintendencia de Pensiones. Y es que, de acuerdo a lo que señalan desde el mismo regulador, éste ya comenzó, hace un par de semanas, a realizar los estudios correspondientes para el desarrollo de las bases del próximo concurso público.
“La Superintendencia de Pensiones ya se encuentra trabajando en la preparación de dicho proceso, que se debe efectuar a principios del año 2018”, confirmaron desde la entidad.
Planificación adecuada para algunos, ya que la tarea que se viene para la SP no es sencilla de acuerdo a los especialistas.
Los riesgos
Si a partir de 2010, cuando comenzó a aplicarse el proceso de licitación de cartera como consecuencia de la Reforma Previsional de 2008, el efecto en el valor de las comisiones fue muy importante, el temor principal es que este sea cada vez más débil.
De acuerdo al académico de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando López, no hay espacio para que administradoras de fondos de pensiones diferentes de PlanVital consideren atractivo participar del proceso, por lo que éste sería muy parecido al recién pasado, donde sólo la firma controlada por el grupo Assicurazioni Generali participó del proceso, siendo la ganadora.
“Lo más probable es que gane AFP Planvital cobrando una comisión marginalmente inferior a la que cobra actualmente, por ejemplo, 0,40% del ingreso imponible. El resto de las administradoras no tienen incentivos para cobrar comisiones inferiores porque esto involucraría reducir significativamente las comisiones a sus cotizantes actuales. En otras palabras, el beneficio asociado a un mayor número de cotizantes es menor a la pérdida de ingresos asociada al menor cobro de comisiones a los cotizantes que ya son parte de sus carteras”, explica el académico.
A modo de ejemplo López expone el caso de Modelo, AFP que si durante el próximo periodo mantiene una cartera constante de 700 mil cotizantes con un ingreso imponible promedio de $560.000 y sigue cobrando su comisión actual (0,77%), sus ingresos por comisiones ascenderían a US$ 111 millones. Si alternativamente ganara la licitación con una comisión de 0,4% y adicionara 300 mil nuevos cotizantes en un transcurso de dos años, su ingreso total por comisiones sería igual a US$ 70 millones durante el mismo periodo.
“Dado que las otras administradoras cuentan con un mayor número de afiliados, sus incentivos para ganar esta licitación son aun menores”, agrega.
Y así como no habría incentivos para participar, desde la industria además ponen el acento en otro punto, ya que aseguran que no todo es precio.
Pedro Atria, gerente general de Cuprum, explica que “para aumentar la competencia, lo cual valoramos y estamos de acuerdo, hay muchos mecanismos que son bastante mejores que la licitación”. Con ello, apunta a ampliar los canales de distribución, lo que asegura es una de las mayores trabas que tiene el sistema chileno.
Según el ejecutivo, basarse únicamente en el precio, podría llevar a escenarios que no son los más convenientes para los afiliados y para su pensión.
Otros actores coinciden en este punto y aseguran que es importante incorporar en las bases del proceso el plan de negocios para el periodo licitado, en donde quede respaldada la sostenibilidad del negocio con la comisión a ofrecer.
La apuesta del Ejecutivo: subir a cuatro años e incorporar afiliados antiguos
Más allá del trabajo en que se encuentra hoy la Superintendencia de Pensiones, en forma paralela el Ejecutivo trabaja a toda máquina para en un par de meses ingresar al Congreso el proyecto de reforma al sistema de pensiones, según anunció la propia presidenta Bachelet el mes pasado.
La iniciativa contempla una serie de medidas en la regulación de las AFP, siendo uno de los temas relevantes el realizar modificaciones a la licitación de cartera de afiliados.
Por un lado, el gobierno contempla que aumente el periodo de licitación dos años, que actualmente rige, a cuatro años. Eso sí, las personas seguirían teniendo la opción de cambiarse después de los primeros 24 meses. La segunda modificación, y la que más cuesitonamientos genera de parte de la industria, es que se pase de sólo licitar a los afiliados nuevos, a una modalidad en que se incluya a los antiguos.
Mientras algunos clasifican esta acción como una "expropiación de clientes", otros ponen el acento en que la medida podría ser inconstitucional.
Lo cierto es que el gobierno sabe lo delicado del tema, y por ende, se encuentra trabajando de forma específica en cómo debería abordarse la inclusión de los afiliados antiguos de forma correcta. Así, una de las opciones que se barajan es que las personas se puedan inscribir para ser licitadas, mientras que la otra es que se asigne un grupo específico para la licitación y que los afiliados seleccionados tengan la opción de decidir si quieren o no ser licitados.
Los detractores, por su parte, ponen el acento en que no sea solamente la comisión lo relevante en la licitación, sino que el proceso, además, permita resguardar la rentabilidad y seguridad de los fondos.
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