La Superintendencia de Pensiones (SP) puso fin a la incertidumbre respecto de las fusiones de las AFP Cuprum-Argentum y Provida-Acquisition, controladas por Principal Financial Group y Metlife, respectivamente. Esto, al dar por finalizados los procesos de invalidación de las fusiones de las mencionadas administradoras, en donde decide revalidar las operaciones llevadas a cabo y aprobadas por el mismo regulador en 2014 y 2015.
“Luego de otorgar audiencia a los interesados en ambos procesos y, con el mérito de los elementos de juicio que se reunieron en los expedientes y que están incluidos en forma pormenorizada en las respectivas resoluciones, la intendenta de fiscalización (S), Eliana Cisternas, resolvió no invalidar las resoluciones de las mencionadas fusiones”, dice el comunicado de la SP.
De este modo el regulador pone fin a un proceso que duró cinco meses, desde el 21 de julio pasado, luego que la Contraloría General de la República le instruyera a hacerlo.
Cabe recordar que el procedimiento no estuvo exento de complicaciones, ya que Eliana Cisternas quedó a cargo del proceso debido a que tanto el superintendente Osvaldo Macías como el fiscal de la institución, Andrés Culagovski, se inhabilitaron. Mientras, quien fuera intendente de fiscalización Álvaro Torrealba, nombrado como responsable del proceso, renunció a poco andar del procedimiento.
Las claves del documento
Más de 100 páginas son las que componen cada una de las resoluciones hechas públicas por el regulador, desde donde se pueden desprender tres puntos clave.
El primero es que la SP reitera que en los procesos de autorización y creación de las AFP Acquisition y Argentum, creadas para llevar a cabo las respectivas fusiones contienen vicios y errores administrativos. Pero, al mismo tiempo señala que de no haber existido éstos el resultado hubiese sido exactamente el mismo.
“...En definitiva, el resultado para efectos de la reorganización empresarial solicitada habría sido el mismo que dan cuenta las resoluciones... más allá de los vicios de legalidad de que adolecerían en los hechos”, dice uno de los documentos.
Adicionalmente los escritos señalan que las partes involucradas actuaron de buena fe, siguiendo las instrucciones del regulador, que fue quien recomendó las acciones y el procedimiento a seguir.
De acuerdo Luis Cordero, especialista en derecho administrativo, los errores “no fueron trascendentes y si existieron esos errores, estos son imputables a la SP, al haber instruido la modalidad de fusión”.
El cuestionado goodwill
Adicionalmente, los especialistas apuntan a otro punto relevante dentro de la resolución y que dice relación con el informe enviado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de este proceso, el cual concluye que de haberse llevado a cabo las fusiones de forma correcta el tratamiento tributario habría sido el mismo que se aplicó.
Y es que fue precisamente el goodwill que generaron ambas fusiones, de US$ 288 millones y US$ 130 millones para Metlife y Principal, respectivamente, lo que despertó el rechazo dentro del mundo político a las operaciones.
Tras conocerse el resultado, desde ambas AFP manifestaron su conformidad. “Esta resolución confirma que, como sostuvimos desde el comienzo, ProVida procedió con estricto cumplimiento de la legislación vigente”, dijeron desde la administradora de Metlife -que en este caso fue asesorada por el estudio Carey-.
Mientras, desde Cuprum -representada por los estudios Juan Agustín Figueroa y Bosselin- valoraron “el reconocimiento a que nuestras acciones cumplieron con la regulación y con las instrucciones de las autoridades competentes y que fueron realizadas de buena fe”.
"Argumentos de eventuales procesos civiles quedaron heridos"
El abogado especialista en derecho administrativo Alejandro Vergara, quien además realizó un informe en derecho para Principal en el marco de este caso, analiza la resolución del regulador.
- ¿Cuál es la relevancia de esta resolución?
- La decisión de la Superintendencia ratifica la validez de dos resoluciones anteriores del propio regulador. Este acto viene a producir certeza pues el propio órgano revisó su propia actuación, con plena participación de interesados y terceros; y al mismo tiempo es un acto inspirador de confianza en las instituciones reguladoras.
- ¿Cuáles son las instancias legales que quedan en el marco de este caso?
- Si bien la firmeza y juridicidad de estas resoluciones está ratificada por la SP, se encuentra pendiente un procedimiento judicial en los juzgados civiles, recién en una etapa exhibitoria de documentos previa a la interposición de la demanda de nulidad de las resoluciones de la SP. Los argumentos de quienes desean iniciar este juicio han quedado heridos por estas resoluciones.
- ¿En qué posición queda Tamara Agnic, quien finalmente dejó la Superintendencia tras el caso?
- La decisión de la SP no hace más que ratificar que el procedimiento dirigido por la anterior superintendenta se apegó totalmente a la legalidad y a la competencia técnica del órgano regulador.
Cualquier proceso en que se intente realizar un cuestionamiento distinto a la materia específica de la validez de la fusión o en que se trate de ventilar algo diverso a la legalidad de los actos de la SP, deberá ser objeto de otro tipo de análisis de acuerdo a otras normas jurídicas de un ámbito diferente al administrativo.
- ¿Qué destaca del documento?
- En primer lugar, protege la confianza legítima y buena fe. En segundo lugar, reafirma situaciones jurídicas consolidadas y dan certeza jurídica. Tercero, reconoce los derechos adquiridos.
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