Las declaraciones de Paulo Montt, abogado que integra la defensa del superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, y otros dos funcionarios de la SVS, no fueron bien acogidas por el equipo jurídico que había interpuesto un recurso de protección a nombre de Aldo Motta en contra del regulador.
En entrevista con DF, Montt atribuyó la medida a una supuesta “estrategia de amedrentamiento”, algo que descarta de plano el abogado German Pfeffer, quien representa a Motta.
- ¿Desacarta que la medida haya sido parte de una estrategia como señala la defensa?
- En relación a las declaraciones del abogado Paulo Montt, éste se equivoca gravemente. Debo expresar que no es mi costumbre ventilar los procesos judiciales en que intervengo a través de la prensa, pues estimo que es una manera errada de ejercer la profesión. Sin perjuicio de lo anterior y ante las erradas e interesadas afirmaciones del abogado, mi deber es aclararlas.
- Según Montt, el hecho de que se desistieran del recurso de protección refleja que no había motivos plausibles para litigar...
- Sí existió motivo para litigar y para desistirse del recurso de protección.
Se ha descontextualizado interesadamente y por completo la acción de protección presentada y su posterior desistimiento.
- ¿Cuáles eran los fundamentos?
- La Ley Orgánica de la SVS radica en la persona del Superintendente la facultad de aplicar sanciones y no en otros funcionarios.
La acción presentada tuvo como propósito solicitar protección y amparo por cuanto en el proceso sancionatario abierto para tramitar los cargos en contra el señor Aldo Motta aparecen resolviendo las presentaciones los señores don Hernán López y don Hugo Caneo utilizando las expresiones “Por Orden del Superintendente”. Ocurre que en el expediente administrativo no había y hasta ahora no hay constancia alguna de la existencia de alguna delegación de facultades.
Esa fue la razón y fundamento de la acción de protección, que la Corte admitió a tramite con fecha 29 de octubre de 2013.
No obstante, lo ordenado por la Corte, los recurridos ocultaron de manera inexplicable hasta los alegatos (30 de diciembre de 2013), más de 60 días, informar sobre la existencia de dos Resoluciones Exentas mediante las cuales el Superintendente pretende delegar parte de sus facultades en el Intendente de Valores y Jefe del Aérea de Cumplimiento, entregando copia de esas Resoluciones Exentas al terminar los alegatos “ad efecctum vivendi”, ni siquiera de manera oficial o regular.
- ¿Habrían procedido de manera distinta si hubieran tenido esa información?
- Si las Resoluciones Exentas que los recurridos ocultaron lo más posible –hasta los alegatos– las hubiesen acompañado al procedimiento administrativo sancionador y notificadas al señor Motta, naturalmente habríamos optado por una vía diversa a la de un Recurso de Protección. Más aún, si tales resoluciones hubiesen sido acompañadas al momento de evacuar el informe del recurso de protección, cuestión que por lo demás, así correspondía, nos habríamos desistido en ese momento de la acción de protección evitando continuar con su tramitación.
El ocultamiento y retraso en la entrega de la información y antecedentes obligaron al señor Motta, primero, a recurrir de protección, después a tramitar y alegar un recurso, para finalmente obligarlo a desistirse. Tales actuaciones, lejos de ser considerados como parte de una victoria, como lo atribuye Montt, son lamentables y no se compadecen con el deber de cuidado y transparencia con que deben actuar todas las autoridades públicas.
- ¿Entonces descarta que la medida haya formado parte de una estrategia de amedrentamiento?
- No existe amedrentamiento ni estrategia conjunta con otros imputados. Sólo exigimos respecto a un procedimiento justo y racional, cuestión que hasta el momento no ha ocurrido.
Debo expresar que el señor Montt también se equivoca y no dice la verdad sobre este aspecto, por cuanto mi actuación profesional no está coordinada ni supeditada con ningún otro imputado de cargos, ni es parte de estrategia común alguna. El señor Motta no ha presentado, hasta ahora, querella alguna derivada de este caso, por lo que es inadmisible pretender se le vincule a las acciones criminales desplegadas por otras personas.
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