La necesidad de contar con una mayor capacidad energética nos impone un particular desafío a la sustentabilidad de los proyectos energéticos, no solo desde el punto de vista ambiental sino que también desde el punto de vista indígena, dado que gran parte de dichos proyectos se emplazan en zonas indígenas.
Esta relación fue marcada inicialmente por los problemas de la Central Ralco, una negativa experiencia que recibió críticas en el sentido de que las comunidades no fueron contempladas adecuadamente, que sitios ancestrales fueron inundados y que hubo relocalización forzada de algunas familias. Todo esto generó sentimientos de injusticia, los cuales perduran hasta hoy, al percibir que las condiciones de vida no mejoraron como se les prometió, sumado al desarraigo y divisiones que generó en las comunidades.
Hoy el Convenio 169 nos presenta el desafío y la obligación de comprender que en Chile coexisten distintas relaciones sobre un mismo territorio. Una relación occidental, con la que comúnmente nos relacionamos y una cosmovisión indígena, en donde los elementos que conforman la geografía del país, se relacionan con sus tradiciones y orígenes, de modo que cuando un proyecto afecta estos espacios, también afecta sus tradiciones.
El desafío es tan evidente que de los aproximadamente 15 proyectos actualmente en consulta indígena, 12 corresponden a energía, y se espera que otros 8 puedan iniciar consultas próximamente. En total suman más de 1.000 MW en proyectos eólicos, 630 MW en hidroelectricidad y 1.100 kilómetros de líneas de transmisión. En este contexto, es importante la generación de instancias de diálogo en el marco de la consulta indígena para viabilizar los señalados proyectos y así contar con más y mejores fuentes energéticas. Por otra parte y para una operación sustentable de los proyectos, resulta fundamental establecer relaciones de confianza, en donde el éxito del proyecto no solo se mida en relación a las utilidades, sino también en cómo los pueblos indígenas puedan participar de dicho desarrollo, estableciendo medidas que mitiguen y compensen los impactos de los proyectos y que a la vez permitan a los pueblos indígenas alcanzar sus objetivos comunitarios, preservando su patrimonio cultural. En este contexto, el Convenio 169 debe ser visto como una oportunidad, pues debiera propender a la generación de instancias de diálogo sinceras entre las partes.
Si bien los primeros años han sido difíciles, y aún existen diversas opiniones sobre la efectividad de las normativas vigentes, podemos decir con convicción que estas regulaciones han permitido, desde finales del 2013, impulsar decididamente la implementación de consultas y procesos de diálogo. Por el momento, hay ejemplos concretos de consultas indígenas desarrolladas en el marco de las evaluaciones ambientales de proyectos, que han derivado en acuerdos entre empresas y comunidades, generando proyectos construidos sobre bases más sólidas, que serán fortalecidas en el tiempo con la implementación de los señalados acuerdos.
* Coautor de esta columna es
Matías Abogabir, de Presencia Local.
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