Reforma al banco central de Argentina: ¿bienvenida supervisión o temida intervención?

El gobierno de Argentina lanzó una importante reforma al Banco Central, en un intento por facilitar el manejo de los superávit de cuenta externa y fiscal del país a medida que disminuyen. Los cambios darán a la autoridad monetaria más libertad para financiar el gasto público con reservas internacionales, lo que según los críticos podría elevar la inflación y erosionar aún más la independencia del banco central. Las reformas también podrían llevar a una mayor discrecionalidad en las decisiones del Banco Central, y podría pavimentar el camino para una mayor intervención en el sistema financiero.

La Presidenta Cristina Fernández anunció la reforma el 1 de marzo en su discurso anual de inauguración del congreso. Ambas cámaras del congreso controlado por el gobierno aprobaron la medida tres semanas más tarde. Aunque la meta del gobierno es incrementar la liquidez y mantener las tasas de interés bajas para apoyar el crecimiento y la creación de empleos, la reforma eventualmente podría resultar contraproducente si aviva temores de mayor inflación y/o una corrida de reservas a medida que el gobierno busca usarlas para pagar deuda y otros gastos.

La reforma hace cambios fundamentales al reglamento del banco. Además de su actual tarea principal de preservar el valor de la divisa, la misión del banco ahora incluirá la salvaguarda de la estabilidad financiera y promover el crecimiento económico con equidad social. Esto revierte una reforma clave del Banco Central de los años ‘90 y consagra como ley las metas de política monetaria de facto de las actuales autoridades del BCRA, que están estrechamente ligadas a Fernández. Las metas de inflación (que representa la base de los objetivos de suministro de moneda anual) serán eliminadas, permitiendo al Banco Central incrementar arbitrariamente el suministro de dinero para cumplir su nueva meta de fomentar el crecimiento económico.




¿Apropiación de activos?


Otra importante modificación es la eliminación del requisito en el reglamento del banco de que la base monetaria esté completamente respaldada con reservas internacionales. Este requisito se remonta a la ley de convertibilidad que ligó el peso y al dólar en una relación uno a uno de 1991 a 2002. El monto en que se excede la base monetaria, o la denominada reserva de libre disponibilidad, ha sido usada por el Tesoro desde 2010 para hacer pagos de deuda externa. El problema para el gobierno es que el nivel de este excedente de reservas ha caído en forma dramática desde fines de 2011, y esto ha complicado el panorama financiero (El gobierno incluyó en su presupuesto el uso de US$ 5.800 millones de reservas para el pago de deuda en 2012).

Con el último cambio, el requisito de que el suministro de dinero sea respaldado por reservas fue eliminado, y el directorio del Banco Central será el que tendrá que decidir qué nivel de reservas es consistente con sus políticas monetaria y cambiaria. En la práctica, esto abrirá la puerta a mayores transferencias del Banco Central al Tesoro y mayor libertad para que el gobierno use los recursos para el pago de deuda externa. Las reservas del banco central actualmente están en US$ 47.300 millones, y el gobierno ha usado US$ 16.200 millones desde 2010 para repagar deuda externa.

En un nuevo impulso al gasto fiscal, los límites a los préstamos de corto plazo del BCRA al Tesoro (los denominados adelantos transitorios) serán elevados. Bajo circunstancias normales, el límite se mantendría en 12% de la base monetaria más, 10% de los ingresos tributarios durante los doce meses previos. Sin embargo, bajo circunstancias extraordinarias (como una crisis económica global), el límite aumenta a 20% de la recaudación de los doce meses previos.




Poderes al presidente


Además, una mayor responsabilidad en la toma de decisiones de política será otorgada al presidente del banco central, lo que va a incrementar la posibilidad de decisiones discrecionales en las políticas monetarias y en la supervisión financiera. El presidente del BCRA recibirá la responsabilidad formal total por la operación del mercado monetario y cambiario (que hasta ahora recaía sobre el directorio del BCRA).

El presidente del banco central también tendrá un mayor papel en la supervisión del sistema financiero, a expensas del actual regulador, la Superintendencia de Finanzas e Instituciones Cambiarias, que es una agencia descentralizada del banco central. El gobierno sostiene que, dada la experiencia de la reciente crisis financiera, la autoridad monetaria debe asumir un rol directo en la regulación y supervisión de la banca ya que en último término pagará los costos de cualquier rescate a la banca.

El directorio del Banco Central ahora supervisará la emisión de deuda extranjera y local de los bancos, una tarea que hasta ahora había sido responsabilidad de la Superintendencia (que es considerada una institución más independiente). El directorio también va a regular el sistema de pagos, incluyendo las actividades de clearing; establecer reglas para preservar la competencia en el sistema financiero; y establecer las condiciones para los préstamos de los bancos (incluyendo términos, tasas de interés y comisiones de la banca). Aunque estos pasos son consistentes con una reciente tendencia global para aumentar la supervisión de la banca, en Argentina podría llevar a una sobre regulación o a un mayor control de los préstamos de la banca por partes del gobierno.




Temores legítimos


Hay un debate respecto de si los cambios al banco central son una señal de mayor compromiso del gobierno para cumplir sus obligaciones de deuda internacional, o más bien una mal disimulada apropiación de activos y un precursor de una mayor intervención en la economía. Esta es una preocupación válida, dada la tendencia del gobierno de Fernández a intervenir con fuerza en los sectores productivos y a través de una variedad de controles cambiarios, de precios e importaciones. Recientes indicaciones de que este estilo de gobierno continuará incluyen una mayor restricción a las importaciones aplicada a partir del 1 de febrero, al igual que renovadas presiones del gobierno sobre petroleras privadas para invertir y producir más (lo que ha llevado a la revocación en marzo de varias concesiones de YPF, al igual que a especulaciones sobre una posible nacionalización).

Y si el banco central ve su nuevo mandato como una licencia para imprimir más dinero, esto podría exacerbar el actual problema de inflación de Argentina. Aunque las estadísticas de las agencias estatales afirman que el IPC fue de 9,7% en febrero, las estimaciones privadas la sitúan en 23%. Más aún, con más recursos disponibles para cubrir su déficit fiscal, estimado en 1,7% en 2011, el gobierno tendrá menos incentivos para reducir el gasto. En esencia, los cambios subordinan la política monetaria a la política fiscal.

Los peores temores fueron subrayados por el ex presidente del banco central, Martín Redrado: “El banco central… va a hacer las ofertas del Tesoro. Han abierto un Tesoro paralelo que no está sujeto a ningún tipo de control”.