Reforma energética será clave para PIB mexicano
Se espera que impulse la inversión y el crecimiento económico de mediano a largo plazo.
Por: | Publicado: Jueves 19 de diciembre de 2013 a las 05:00 hrs.
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Una legislación integral de energía aprobada por ambas cámaras del Congreso mexicano (el 11 y 12 diciembre) fue aclamada por los inversionistas como la reforma más importante de los últimos 20 años y pone a la administración del presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en una posición más sólida a medida que se esfuerza por luchar con los problemas de una economía de bajo crecimiento. Esperamos que la reforma impulse la inversión y los tasas de crecimiento de mediano a largo plazo, si es aplicada plenamente.
A pesar de los alborotos causados por legisladores del Partido de la Revolución Democrática de centro-izquierda (PRD), la reforma energética -en gran parte negociada por el gobernante PRI junto al centroderechista Partido Acción Nacional (PAN)- fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. El 15 de diciembre, la mayoría de las 31 legislaturas estatales también ratificaron la reforma energética, asegurando así que sólo requiere de la firma de Peña Nieto para convertirse en ley. El PRD y otros partidos de izquierda no lograron montar una oposición vigorosa a esta reforma. Su crítico más duro, el ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, fue hospitalizado tras sufrir un ataque al corazón durante una etapa crucial del debate energético. La legislación aprobada por el Congreso, que explícitamente le permite a las empresas del sector privado participar en la exploración y extracción de crudo, y elimina el sindicato de los trabajadores petroleros de la junta directiva de Petróleos Mexicanos (Pemex, la compañía estatal de petróleo y gas), fue aclamada por los inversionistas como la reforma más importante de los últimos 20 años.
Impulso necesario para el gobierno
A pesar de un año decepcionante para la economía mexicana, el desencanto en los negocios debido a futuras subidas de impuestos y la preocupación existente sobre la seguridad, la administración de Peña Nieto ha recibido un impulso muy necesario después de que el Congreso aprobó la reforma. De un solo golpe, el presidente ha confirmado su reputación de pragmático al adoptar muchas de las propuestas más audaces del opositor PAN sobre la reforma energética. Se puede argumentar razonablemente que él ha logrado más en términos de reforma estructural durante sus primeros trece meses en el poder que cualquier otro presidente en los últimos doce años. En un período relativamente breve de tiempo, el debate de los expertos políticos y económicos ha experimentado un giro desde cuándo el país se embarcaría en una nueva ronda de reformas, a la calidad de la legislación ya vigente. Un punto central de este debate ha sido la naturaleza de los estatutos que van a determinar el alcance y la eficacia de las reformas, y la creación de un marco regulador apropiado.
Reforma que cambia el juego
Si se maneja correctamente, la reforma energética podría resultar no sólo ser el mayor logro de Peña Nieto como presidente, sino una ruptura decisiva con la retórica nacionalista a la que parte de la elite política se ha aferrado tenazmente. De todas las reformas aprobadas por el Congreso en 2013, el proyecto de ley de energía es el más notable y claramente el más urgente. Rompe con un tabú de larga data: la restricción constitucional del capital privado en la industria petrolera. Esta reforma permite licencias, contratos de producción compartida, contratos de participación en beneficios y contratos de servicios que son otorgados por el gobierno, ya sea directamente o en asociación con Pemex. En términos económicos, las licencias no son diferentes de las concesiones, ya que las empresas podrían reportar los beneficios esperados de un contrato a efectos contables y financieros, a pesar de que no podrían en la práctica hacer reservas. Desde un punto de vista político, las licencias son más fáciles de defender que las concesiones, ya que le permiten al gobierno afirmar que los hidrocarburos en el subsuelo pertenecen al Estado. Este aspecto de la reforma será la clave para atraer inversión privada a los sectores de petróleo y gas.
Protección de los ingresos petroleros
La reforma energética también creará el Fondo Mexicano del Petróleo, un bien público administrado por el Banco Central. Éste sería responsable de la recepción, administración y distribución de los ingresos del petróleo y el gas, después de que los impuestos han sido pagados al gobierno. Esto es positivo, ya que reduce el riesgo de que los ingresos del petróleo se gasten con fines políticos, lo que permite que sean canalizados a ahorros o proyectos de inversión. La creación de este fondo contribuirá a la protección de la reforma energética en contra cualquier intento futuro de deshacerlo a través de una consulta popular (referéndum) que los partidos de izquierda están buscando para 2015. El artículo 35 de la Constitución prohíbe expresamente la celebración de esas consultas sobre cuestiones relacionadas con los ingresos y gastos del Estado. Ahora que la reforma energética está a punto de ser convertida en ley, el Congreso tendrá 120 días para aprobar los estatutos que especifican los términos, condiciones y el marco que regirá los contratos.
Si tiene éxito, la apertura de las industrias del petróleo, el gas y la energía a la inversión privada tiene el potencial de aumentar significativamente el crecimiento económico en el transcurso de los próximos seis años y más allá. La producción de petróleo ha disminuido en un 20% durante la última década, y el gobierno federal ha tenido pocas alternativas más que ir a por todas en su intento de establecer al sector energético en una base más sólida. Sin embargo, la reforma energética no es la panacea para los males del país, y los inversionistas extranjeros están determinados a escudriñar los intentos de Peña Nieto para combatir la corrupción y reforzar la seguridad, mientras se preparan para jugar un papel crucial en una industria que sigue siendo de vital importancia para el futuro de la economía mexicana. La administración PRI merece grandes elogios por la negociación de un proyecto de ley de energía innovador con el PAN, pero algunas de sus otras reformas, sobre todo la fiscal, han sido decepcionantes en su alcance y han hecho poco para incrementar la confianza de las empresas.
A pesar de los alborotos causados por legisladores del Partido de la Revolución Democrática de centro-izquierda (PRD), la reforma energética -en gran parte negociada por el gobernante PRI junto al centroderechista Partido Acción Nacional (PAN)- fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. El 15 de diciembre, la mayoría de las 31 legislaturas estatales también ratificaron la reforma energética, asegurando así que sólo requiere de la firma de Peña Nieto para convertirse en ley. El PRD y otros partidos de izquierda no lograron montar una oposición vigorosa a esta reforma. Su crítico más duro, el ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, fue hospitalizado tras sufrir un ataque al corazón durante una etapa crucial del debate energético. La legislación aprobada por el Congreso, que explícitamente le permite a las empresas del sector privado participar en la exploración y extracción de crudo, y elimina el sindicato de los trabajadores petroleros de la junta directiva de Petróleos Mexicanos (Pemex, la compañía estatal de petróleo y gas), fue aclamada por los inversionistas como la reforma más importante de los últimos 20 años.
Impulso necesario para el gobierno
A pesar de un año decepcionante para la economía mexicana, el desencanto en los negocios debido a futuras subidas de impuestos y la preocupación existente sobre la seguridad, la administración de Peña Nieto ha recibido un impulso muy necesario después de que el Congreso aprobó la reforma. De un solo golpe, el presidente ha confirmado su reputación de pragmático al adoptar muchas de las propuestas más audaces del opositor PAN sobre la reforma energética. Se puede argumentar razonablemente que él ha logrado más en términos de reforma estructural durante sus primeros trece meses en el poder que cualquier otro presidente en los últimos doce años. En un período relativamente breve de tiempo, el debate de los expertos políticos y económicos ha experimentado un giro desde cuándo el país se embarcaría en una nueva ronda de reformas, a la calidad de la legislación ya vigente. Un punto central de este debate ha sido la naturaleza de los estatutos que van a determinar el alcance y la eficacia de las reformas, y la creación de un marco regulador apropiado.
Reforma que cambia el juego
Si se maneja correctamente, la reforma energética podría resultar no sólo ser el mayor logro de Peña Nieto como presidente, sino una ruptura decisiva con la retórica nacionalista a la que parte de la elite política se ha aferrado tenazmente. De todas las reformas aprobadas por el Congreso en 2013, el proyecto de ley de energía es el más notable y claramente el más urgente. Rompe con un tabú de larga data: la restricción constitucional del capital privado en la industria petrolera. Esta reforma permite licencias, contratos de producción compartida, contratos de participación en beneficios y contratos de servicios que son otorgados por el gobierno, ya sea directamente o en asociación con Pemex. En términos económicos, las licencias no son diferentes de las concesiones, ya que las empresas podrían reportar los beneficios esperados de un contrato a efectos contables y financieros, a pesar de que no podrían en la práctica hacer reservas. Desde un punto de vista político, las licencias son más fáciles de defender que las concesiones, ya que le permiten al gobierno afirmar que los hidrocarburos en el subsuelo pertenecen al Estado. Este aspecto de la reforma será la clave para atraer inversión privada a los sectores de petróleo y gas.
Protección de los ingresos petroleros
La reforma energética también creará el Fondo Mexicano del Petróleo, un bien público administrado por el Banco Central. Éste sería responsable de la recepción, administración y distribución de los ingresos del petróleo y el gas, después de que los impuestos han sido pagados al gobierno. Esto es positivo, ya que reduce el riesgo de que los ingresos del petróleo se gasten con fines políticos, lo que permite que sean canalizados a ahorros o proyectos de inversión. La creación de este fondo contribuirá a la protección de la reforma energética en contra cualquier intento futuro de deshacerlo a través de una consulta popular (referéndum) que los partidos de izquierda están buscando para 2015. El artículo 35 de la Constitución prohíbe expresamente la celebración de esas consultas sobre cuestiones relacionadas con los ingresos y gastos del Estado. Ahora que la reforma energética está a punto de ser convertida en ley, el Congreso tendrá 120 días para aprobar los estatutos que especifican los términos, condiciones y el marco que regirá los contratos.
Si tiene éxito, la apertura de las industrias del petróleo, el gas y la energía a la inversión privada tiene el potencial de aumentar significativamente el crecimiento económico en el transcurso de los próximos seis años y más allá. La producción de petróleo ha disminuido en un 20% durante la última década, y el gobierno federal ha tenido pocas alternativas más que ir a por todas en su intento de establecer al sector energético en una base más sólida. Sin embargo, la reforma energética no es la panacea para los males del país, y los inversionistas extranjeros están determinados a escudriñar los intentos de Peña Nieto para combatir la corrupción y reforzar la seguridad, mientras se preparan para jugar un papel crucial en una industria que sigue siendo de vital importancia para el futuro de la economía mexicana. La administración PRI merece grandes elogios por la negociación de un proyecto de ley de energía innovador con el PAN, pero algunas de sus otras reformas, sobre todo la fiscal, han sido decepcionantes en su alcance y han hecho poco para incrementar la confianza de las empresas.