Copec S.A. acudió al Segundo Tribunal Ambiental para intentar revertir una sanción económica impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a su Terminal Marítimo de Quintero. La multa, que asciende a 277,4 Unidades Tributarias Anuales (UTA) (más de $ 230 millones), se origina por presuntos incumplimientos de la empresa en el marco del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) que rige para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.
La disputa legal tuvo su hito más reciente en una audiencia de reclamación donde la defensa de la compañía y el organismo fiscalizador expusieron sus argumentos ante los ministros Marcela Godoy, Cristián López y Paola Díaz.
La sanción, notificada el 30 de diciembre de 2024, abarca tres cargos formulados tras los episodios de contaminación de junio de 2022, los cuales afectaron a la comunidad escolar de la zona y derivaron en medidas provisionales para el cordón industrial.
Los argumentos de la petrolera
Durante los alegatos, la defensa de Copec, encabezada por el abogado Sebastián Avilés, solicitó que se invalide la resolución sancionatoria acusando tres ilegalidades clave en el proceso.
Según la empresa, el procedimiento administrativo sufrió “demoras excesivas e injustificadas” atribuibles a la SMA, lo que a juicio de la defensa configuraría el “decaimiento del proceso”, imposibilitando su continuidad. Asimismo, Avilés cuestionó el fondo de la infracción argumentado que el plan operacional bajo el cual se les sancionó adolecía de indeterminación vulnerando el principio de tipicidad. Adicionalmente, la compañía sostuvo que las medidas provisionales dictadas en junio de 2022 —base de uno de los cargos graves— no cumplían con los requisitos legales de motivación adecuada.
La postura del regulador
Por su parte, la SMA, representada por la abogada Paloma Espinoza, solicitó al Tribunal rechazar la reclamación y ratificar la legalidad de la multa. El ente fiscalizador enfatizó que los instrumentos de la gestión ambiental, influido el plan operacional de Copec, establecían obligaciones claras sobre cómo operar en días de mala ventilación.
La SMA defendió la precisión de las órdenes dictadas durante la contingencia ambiental de 2022, recordando que estas buscaban mitigar riesgos inminentes para la salud de la población tras registrarse síntomas de intoxicación en estudiantes de la zona.
El origen de la sanción y los cargos
El conflicto se remonta a junio de 2022, cuando condiciones adversas de ventilación coincidieron con múltiples casos de estudiantes con síntomas como nauses y cefaleas en Quintero y Puchuncaví. Esto llevó a la SMA a dictar medidas provisionales contra varias empresas del sector, incluidas Copec, Enap y GNL Quintero.
Los cargos, formulados originalmente en octubre de 2022 y sancionados a finales de 2024, imputan a Copec tres infracciones. Dos de ellas fueron calificadas como graves: la primera por no disminuir los flujos de descarga y trasferencia de combustibles en días con condiciones de ventilación regulares o malas durante diversas fechas de 2021; y la segunda, por incumpliendo de las medidas provisionales decretadas por SMA durante la emergencia ambiental de junio de 2022. A estas se suma una infracción leve consistente en no remitir a la SEC el programa de mantención de sistemas de sellos en estaques de techo flotante.
Tras la audiencia, el Segundo Tribunal Ambiental deberá analizar los antecedentes para determinar si mantiene la multa, la modifica o acoge la solicitud de nulidad presentada por la empresa.
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