El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo ayer que suspenderá las preferencias comerciales que gozaba Argentina debido a que el país se niega a pagar más de US$ 300 millones en fallos arbitrales producto de dos disputas con compañías estadounidenses. Se trata del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que exime de aranceles a las importaciones de miles de productos de países en desarrollo.
La medida entrará en vigencia dentro de 60 días y apoya los intentos de Azurix Corp, una compañía de suministro de agua con sede en Houston, y de Blue Ridge Investment, una subsidiaria del Bank of America, en su intento por recibir compensación por medidas que Argentina tomó hace una década.
Argentina es el primer país suspendido del programa SGP por no pagar fallos arbitrales.
La posibilidad de esta decisión ya había circulado como versión, tal como señalara entonces El Cronista. “Esperamos hacer la recomendación al presidente (Barack Obama) en el corto plazo”, había dicho un funcionario de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), en respuesta a un informe de un diario argentino referido a la movida de las autoridades comerciales norteamericanas.
“Instamos al gobierno de Argentina a pagar las indemnizaciones en cuestión”, afirmó ayer el representante de Comercio de EEUU, Ron Kirk, en un comunicado.
“Esto nos permitirá considerar restablecer la elegibilidad de Argentina en el SGP y promover el crecimiento de una relación bilateral mutuamente beneficiosa en comercio e inversión”, agregó.
La réplica de la cancillería
La respuesta oficial de Argentina no se hizo esperar. La cancillería emitió un comunicado en el que rechaza la medida aplicada por Washington e informa “que las dos empresas beneficiadas por la decisión del Ciadi jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina”.
“Tampoco las autoridades comerciales de Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del Ciadi, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en la Argentina”, afirma el comunicado.
En este contexto, según la respuesta oficial, Argentina lamenta “el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias. Leyes que fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado Argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar”.
Por otra parte, remarca que “resulta manifiestamente incomprensible una decisión que reduce en alrededor de
US$ 18 millones los beneficios de las empresas argentinas exportadoras frente a un comercio bilateral de bienes y servicios que alcanza los US$ 18.000 millones y que es ampliamente superavitario para Estados Unidos”.
“El lobby ejercido por los fondos buitres para lograr esta decisión es una presión que nuestro país condena de forma contundente”, finaliza el comunicado.
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