En el último tiempo se ha instalado una discusión en torno al aumento de los trabajadores en el sector público, al tiempo que la creación de empleo asalariado privado se desacelera. Sin embargo, Chile no cuenta con un registro adecuado del número de empleados públicos, situación que resulta cuestionable desde el punto de vista de la transparencia y de la buena gestión.
Para contribuir a la discusión, nuestro trabajo “Evolución del Empleo Público en Chile” buscó contabilizar los trabajadores del sector público, utilizando datos administrativos de distintas fuentes para el período comprendido entre 2013 y 2023. Como se observa en el gráfico, en el año pasado se registran 887 mil empleados públicos, lo que significó un crecimiento de 46% en los últimos 10 años.
En específico, la cifra incluye el personal del Gobierno central, funcionarios municipales, trabajadores ligados a salud municipal, docentes y asistentes de establecimientos educativos con dependencias municipales, personal académico en Universidades Estatales y Centros de Formación Técnica Estatales, trabajadores en Empresas Públicas y en el Banco Central de Chile.
Cabe destacar que nuestra estimación excluye el personal de Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) por ser información de carácter reservada. Tampoco considera el número de parlamentarios ni el personal que cumple labores administrativas en corporaciones y departamentos de educación municipal. Es por ello que el número de empleados públicos contabilizados subestima el total de personas que trabajan en el Estado.
En específico, un 64% del aumento del empleo público tuvo lugar en el Gobierno central, donde los datos de la DIPRES muestran 179 mil nuevos cargos entre 2013 y 2023. Por servicios, la mayoría de los puestos creados en el Gobierno central se encuentran en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud debido a la creación de los Servicios Locales de Educación Pública (19%) y el aumento del personal en los Servicios de Salud (54%), respectivamente. El resto del aumento incluye nuevas contrataciones en servicios existentes (21%), la incorporación de ciertas instituciones ya existentes al registro (5%) y nuevos servicios (1%). Así, el Gobierno central finalizó 2023 con un total de 458 mil trabajadores.
En menor medida, las municipalidades explican el 35% del aumento con aproximadamente 98 mil trabajadores adicionales respecto a 2013. En esta línea, de acuerdo a los datos del Sistema de Información Municipal (SINIM) y del Ministerio de Educación, en 2023 se reportaron 336 mil trabajadores en municipalidades, donde 66 mil corresponden a funcionarios municipales, 124 mil al personal asociado a salud municipal y 76 mil son docentes y asistentes de establecimientos educacionales municipales.
El 1% restante, corresponde al aumento del personal académico personal académico en Universidades Estatales y Centros de Formación Técnica Estatales, trabajadores en Empresas Públicas y en el Banco Central de Chile.
Con todo, el aumento del empleo público no es un fenómeno reciente. En la última década los datos disponibles exhiben un alza sostenida de los trabajadores del Estado, lo que ha generado a su vez, un incremento en el costo fiscal. Dado que el gasto en personal representa aproximadamente el 20% del presupuesto de la nación surge especial preocupación por el uso eficiente de los recursos y la necesidad de modernizar su regulación laboral.
Resulta fundamental seguir en la agenda de modernización del empleo público. Si bien estos esfuerzos han impulsado algunas prácticas positivas, tales como a introducción del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) hace 20 años atrás, todavía existen amplios espacios de mejora que contribuirían a reforzar el prestigio de la función pública, además de aumentar la confianza ciudadana. En los últimos 20 años, además del sistema de ADP, sólo se registra un intento de reforma al empleo público por parte de un Gobierno. Esta fue llevada a cabo al final de la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera, pero no avanzó en el Congreso.
La principal necesidad es modernizar el Estatuto Administrativo. Primero, para terminar con la inmovilidad de los funcionarios, especialmente aquellos mal evaluados y, segundo, por la falta de incentivos para mejorar el desempeño, lo que se debe en gran medida a la complejidad de los procedimientos asociados a la promoción de funcionarios entre instituciones del Estado. Estas falencias traen como consecuencia directa incrementos en la dotación de personal (principalmente en cambios de Gobierno) y una calidad deficiente del servicio público.
Lamentablemente, esta discusión, pese a contar con el acuerdo de expertos, ciudadanos y los propios funcionarios, no se ha materializado en proyectos de ley que puedan avanzar en el Congreso.
Asimismo, se requiere mayor transparencia para conocer realmente cuántas personas se desempeñan en labores del Estado, al menos, en las áreas no sensibles para la defensa nacional. Este mes se dieron a conocer estadísticas de la DIPRES y del Consejo para la transparencia, con información del número de trabajadores en instituciones públicas y no solo del gobierno central como se hacía previamente. Esto significa un avance, aunque todavía existen espacios para contar con un registro adecuado. En esta línea, el informe de la DIPRES señala que “el proceso de revisión de los datos recibidos en el marco del artículo 70 de la Ley N°21.306 no contempla normas estrictas para la entrega de información y enfrenta ciertas limitaciones para realizar una validación exhaustiva de los datos proporcionados. Por lo tanto, tal como lo establece el inciso quinto del mencionado artículo, la responsabilidad principal de asegurar la exactitud y veracidad de la información recae en las instituciones que la reportan”.
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