En medio de la discusión sobre la reforma educacional impulsada por el gobierno y que está en el tapete a nivel político, un estudio de los académicos de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), Sebastián Edwards y Álvaro García, entra de lleno al debate.
El artículo “Derechos Constitucionales y Educación: Un Estudio Comparativo Internacional” señala que “una mayor protección a la educación en la Constitución no está asociado a mejores resultados educacionales”, según explica García.
En el estudio, publicado este mes en el National Bureau of Economic Research, los académicos analizaron 61 países que rindieron la prueba PISA en 2012.
Estas naciones fueron agrupadas en 4 grupos, dependiendo del grado de protección que la educación tiene en las distintas constituciones.
Así, mientras países como Estados Unidos o Noruega aparecen entre los que no incluyen derechos sociales (o positivos) en sus constituciones (agrupándose en el nivel cero del índice), otros como Suiza o Italia están entre los que entregan mayor protección constitucional a la educación (nivel tres del índice).
El peso constitucional
Un análisis preliminar de agrupar estos países por nivel de protección, muestra que aquellos que entregan un grado mayor de protección constitucional a la educación tienen los resultados más bajos en PISA.
Sin embargo, la situación cambia una vez que se toman en cuenta factores como el nivel de desarrollo de los países, las características de las familias (como educación y situación laboral de los padres, y si las familias son immigrantes) y de las escuelas, que incluye porcentaje de establecimientos con bibliotecas y ratio profesor/alumnos.
Al corregir los datos por los factores mencionados, los académicos no encontraron evidencia que apoye la visión de que una mayor protección constitucional a la educación genere mejores consecuencias educacionales. Es más, el estudio indica que no existe relación entre la fuerza de esta protección y lo que se obtiene.
Los académicos indican que “estos resultados son importantes para países pobres y de ingresos medios que están tratando de mejorar la calidad de sus sistemas educacionales”.
En esta línea, los expertos citan el caso de Chile, a propósito de las reformas que están proponiendo el gobierno y los parlamentarios.
Así, agregan que se necesita “introducir medidas específicas que fortalezcan las condiciones socieconómicas en los países -en particular entre familias vulnerables-”, ya que eso mejoraría elementos clave para tener una mejor educación. Entre ellos, se destaca por ejemplo una reducción en el número de alumnos por sala, o más recursos para entrenar profesores.
De hecho, al revisar sólo datos de distintos estados de Estados Unidos, los académicos vieron que elementos como esos y la condición socioeconómica de las familias explican largamente las diferencias en resultados.
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