Caso Serrano: acreedor demandaría a la Bolsa y anuncia dos querellas criminales contra corredora

Los afectados por la quiebra de la corredora Raimundo Serrano Mc Auliffe no se quedarán de brazos cruzados.

Con el fin de conseguir que se les pague la totalidad de lo adeudado -la deuda total de la intermediaria sumaría cerca de $ 25.000 millones- varios acreedores ya estarían tomando acciones legales, con el fin de judicializar la quiebra y hacer que todos los estamentos involucrados respondan por este nuevo escándalo bursátil.

Uno de los principales gestores de esta iniciativa es el inversionista hondureño Eduardo Kawas. El empresario, que se desempeñó por una década como embajador de la nación centroamericana en Chile, y a quien la fallida intermediaria le adeuda $ 1.000 millones por el eventual uso indebido de custodias, evalúa presentar en las próximas semanas dos acciones penales en contra de los propietarios de la corredora, personificada en la figura de su gerente general, Tomás Serrano y otros involucrados.

La primera de las querellas de Kawas -quien dentro de sus principales inversiones tiene la propiedad de los laboratorios Kadus- se realizará bajo la figura de quiebra fraudulenta, basándose en lo estipulado en la Ley de Quiebras. La segunda acción será por el uso indebido de las custodias, amparada por la regulación vigente en la normativa del mercado de valores.



La Bolsa iría a tribunales

Pero estas acciones, las cuales serían emuladas por otros acreedores, no es lo único que podría rondar a la quiebra de Serrano.

La defensa de Eduardo Kawas, quien ha preferido mantener un bajo perfil y no ser vinculado mayormente con la intermediaria de valores, evalúa otros pasos legales, con el fin de recuperar los $ 1.000 millones adeudados a su cliente.

Su representante, Víctor Ríos -socio del bufete Molina Ríos- analiza una demanda civil contra la Bolsa de Comercio de Santiago -la primera en este caso-, para conseguir una indemnización de perjuicios por la “negligencia por omisión, al no haber implementado los controles internos suficientes y necesarios para que este tipo de figuras no se verificara, especialmente después de lo ocurrido con la quiebra de Alfa”, comentó Ríos.

Este caso podría demorar, de prosperar la acción judicial, al menos cinco años.

Por otro lado, los 16 acreedores representados por el estudio Hermosilla, Chadwick & Morales Abogados, presentarían a más tardar mañana acciones penales por “apropiación indebida de custodias y abuso de confianza”, según indicaron fuentes cercanas al proceso.

Tanto las querellas criminales de parte de Kawas, como la de los 16 clientes agrupados, se sumarán a la que Luis Felipe Lanas Bunster -socio principal de Automotora Bilbao- presentó el viernes 15 de mayo de este año ante el Ministerio Público, aduciendo que la corredora no habría respondido un rescate de valores mantenidos en custodia por cerca de  $ 1.600 millones, hecho que motivó la suspensión de la intermediaria.

Acuerdo extra judicial con acreedores

Pendiente se mantiene el acuerdo extra judicial entre los acreedores afectados y la corredora Raimundo Serrano que podría evitar la quiebra de la entidad. Según señalaron altas fuentes del proceso, las valorizaciones que la defensa de Tomás Serrano habría presentado respecto de sus activos, no fueron aceptadas por los clientes, al considerar que los valores no corresponden a los reales. Explicaron que el énfasis estaría puesto en la mina de litio que Serrano tiene en el Salar de Maricunga, en la Tercera Región del país; y en la corredora que opera en el mercado peruano llamada Agente de Valores Cartisa. A fines de junio, Serrano firmó una intensión para vender su patrimonio personal y así pagar las deudas con los clientes por aproximadamente $ 25 mil millones.