Los afectados por la quiebra de la corredora Raimundo Serrano Mc Auliffe no se quedarán de brazos cruzados.
Con
el fin de conseguir que se les pague la totalidad de lo adeudado -la
deuda total de la intermediaria sumaría cerca de $ 25.000 millones-
varios acreedores ya estarían tomando acciones legales, con el fin de
judicializar la quiebra y hacer que todos los estamentos involucrados
respondan por este nuevo escándalo bursátil.
Uno de los
principales gestores de esta iniciativa es el inversionista hondureño
Eduardo Kawas. El empresario, que se desempeñó por una década como
embajador de la nación centroamericana en Chile, y a quien la fallida
intermediaria le adeuda $ 1.000 millones por el eventual uso indebido
de custodias, evalúa presentar en las próximas semanas dos acciones
penales en contra de los propietarios de la corredora, personificada en
la figura de su gerente general, Tomás Serrano y otros involucrados.
La
primera de las querellas de Kawas -quien dentro de sus principales
inversiones tiene la propiedad de los laboratorios Kadus- se realizará
bajo la figura de quiebra fraudulenta, basándose en lo estipulado en la
Ley de Quiebras. La segunda acción será por el uso indebido de las
custodias, amparada por la regulación vigente en la normativa del
mercado de valores.
La Bolsa iría a tribunales
Pero estas acciones, las cuales serían emuladas por otros acreedores, no es lo único que podría rondar a la quiebra de Serrano.
La
defensa de Eduardo Kawas, quien ha preferido mantener un bajo perfil y
no ser vinculado mayormente con la intermediaria de valores, evalúa
otros pasos legales, con el fin de recuperar los $ 1.000 millones
adeudados a su cliente.
Su representante, Víctor Ríos -socio del
bufete Molina Ríos- analiza una demanda civil contra la Bolsa de
Comercio de Santiago -la primera en este caso-, para conseguir una
indemnización de perjuicios por la “negligencia por omisión, al no
haber implementado los controles internos suficientes y necesarios para
que este tipo de figuras no se verificara, especialmente después de lo
ocurrido con la quiebra de Alfa”, comentó Ríos.
Este caso podría demorar, de prosperar la acción judicial, al menos cinco años.
Por
otro lado, los 16 acreedores representados por el estudio Hermosilla,
Chadwick & Morales Abogados, presentarían a más tardar mañana
acciones penales por “apropiación indebida de custodias y abuso de
confianza”, según indicaron fuentes cercanas al proceso.
Tanto
las querellas criminales de parte de Kawas, como la de los 16 clientes
agrupados, se sumarán a la que Luis Felipe Lanas Bunster -socio
principal de Automotora Bilbao- presentó el viernes 15 de mayo de este
año ante el Ministerio Público, aduciendo que la corredora no habría
respondido un rescate de valores mantenidos en custodia por cerca de $
1.600 millones, hecho que motivó la suspensión de la intermediaria.
Acuerdo extra judicial con acreedores
Pendiente se mantiene el acuerdo extra judicial entre los acreedores
afectados y la corredora Raimundo Serrano que podría evitar la quiebra
de la entidad. Según señalaron altas fuentes del proceso, las
valorizaciones que la defensa de Tomás Serrano habría presentado
respecto de sus activos, no fueron aceptadas por los clientes, al
considerar que los valores no corresponden a los reales. Explicaron que
el énfasis estaría puesto en la mina de litio que Serrano tiene en el
Salar de Maricunga, en la Tercera Región del país; y en la corredora
que opera en el mercado peruano llamada Agente de Valores Cartisa. A
fines de junio, Serrano firmó una intensión para vender su patrimonio
personal y así pagar las deudas con los clientes por aproximadamente $
25 mil millones.
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