A fines de 2024 la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) definió su hoja de ruta para promover la economía digital en 2025, la que tiene entre sus ejes la implementación de la Ley Fintech, la cual -en vigencia desde febrero de 2024- promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros.
Esta ley regula a actores –personas naturales o jurídicas- del mundo fintech, como plataformas de financiamiento colectivo, sistemas de transacción alternativos e intermediarios de instrumentos y asesores financieros, quienes tienen plazo hasta este 3 de febrero para inscribirse en el registro de prestadores de servicios financieros y solicitar la autorización para operar.
En este contexto, la gerente general de la ACTI, Luz María García, en conversación con DF, valoró los avances en la implementación de la nueva regulación y su impacto para la economía digital, pero afirmó que persisten una serie de desafíos que resolver durante este proceso.
“Todavía hay una brecha de conocimiento, no solamente a nivel de los tomadores de decisiones, de las organizaciones, sino también en la población. Esto conlleva a no generar los niveles de confianza y de seguridad que nos gustaría tener hoy”.
Entre ellos, señaló que hay “una asimetría” en la información que entrega la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a los regulados, lo que se traduce en que estos últimos no tengan suficiente claridad de los requisitos y beneficios que involucra su inscripción en el registro de prestadores y autorización para operar en esta entidad reguladora.
Dijo que también existe una “brecha de conocimiento” que afecta los niveles de confianza de la población en las fintech y retos asociados a la educación financiera, la formación de talento para la economía digital y la robustez de los estándares de seguridad, como factores clave para consolidar al sector.
- ¿Cómo se inserta esta nueva regulación en la economía digital?
- La ley Fintech viene bastante positiva. Se está retroalimentando fuertemente y se armoniza con normativas habilitantes prioritarias para un tema como este, porque la ley no navega sola, tiene que ir fortalecida por elementos de protección de datos personales y ciberseguridad. Por lo mismo, vemos que nace en un momento preciso en donde tenemos un buen piso normativo que le va a dar tracción, para ser mucho mejor, más robustecida, más confiable y más garantizable.
Todavía hay elementos que se están discutiendo, lo que es parte de ir generando ciertos consensos y puntos de equilibrio con un sector bastante disruptivo. Pero sin duda la ley está gatillando una oportunidad muy concreta para que el sector (fintech), que muchos lo anhelan como una vertical importante dentro de la economía digital, se empiece a consolidar y a materializar, y para que sea un actor relevante en el crecimiento sostenible de Chile en las próximas décadas.
- ¿Cuáles son los desafíos para consolidar el sector de las fintech?
- Aún tenemos una baja comprensión del tema fintech. La gran brecha es entender bien los alcances y los límites, y eso se traduce principalmente en elementos de educación. Todavía hay una brecha de conocimiento, no solamente a nivel de los tomadores de decisiones o de las organizaciones, sino también en la población. Esto conlleva a no generar los niveles de confianza y de seguridad que nos gustaría tener hoy.
Tenemos que empezar, entre varios actores, a fortalecer esa vertical, que es fundamental para que se entiendan bien las oportunidades y los alcances de una normativa como esta. También hay que subir las garantías, las barreras de seguridad, los sistemas de gestión de riesgo y varios estándares que nos permitan mantener acciones civilizadas dentro del mundo fintech y no caer en elementos ilícitos.
Además, está el desafío de la formación de talento, y necesitamos voluntades que vayan más allá de los sectores específicos para que estas cosas avancen y sean tomadas como elementos clave del desarrollo económico del país. Llegó el momento de visibilizar con más fuerza y propiedad al sector.
- De acuerdo a la CMF, hay 168 entidades inscritas y 165 autorizadas para operar. Y según Finnovista, hay 485 fintech en Chile. ¿A qué atribuye este bajo número, considerando que el 3 de febrero se vence el plazo de inscripción?
- Muchas veces, por prudencia y por no querer tomar riesgos, al inicio las empresas se toman un tiempo de espera entre comillas. Pero también vemos que hay un tema de asimetría de información desde la entidad que está ejerciendo el liderazgo de este proceso (CMF) versus los actores o el público objetivo, que en este caso debería tenerlo todo súper claro, con una hoja de ruta clara, con un cronograma, con informaciones sobre los elementos que garantizan que si una empresa se inscribe, va a ser para su beneficio o para normalizar ciertas lógicas funcionales de la operación. Elementos que también garanticen que más adelante no va a haber ningún tipo de accionamiento arbitrario o interpretativo de parte de la institución que está impulsando esto. No está tan claro, entonces eso va generando un freno de mano para subirse rápidamente.
- La mayoría de los inscritos en el registro de prestadores son asesores de inversión, ¿qué ocurre con el resto?
- No es casualidad que los asesores de inversión estén ya arriba del carro por el rol que ejercen. Puede coincidir e incidir en las características o en los beneficios que se están estableciendo para ser parte de esa inscripción. Quizás muchos elementos no le agregan valor a los otros subsectores; quizás las dinámicas son muy restringidas o no generan mayores incentivos. Puede haber factores que sean muy limitantes y que finalmente terminen ahogando el ejercicio más que incentivándolo. Pero ahí entro en un espacio de especulación.
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Marco Zecchetto
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