Impacto en los votantes
Si el senador Calisto es desaforado, bajará el quórum de 50 a 49 senadores y la mayoría absoluta quedaría en 25 según la normativa vigente. Calisto es el “voto 26” del Gobierno si tomamos como referencia la aprobación en general del megaproyecto. Acá hablamos de senadores en ejercicio, así que en tal supuesto el Gobierno podría seguir aprobando proyectos al filo, siempre y cuando nadie falte a la hora de votar.
A La Moneda sí se le complicaría el cuadro con dos de los suyos desaforados: bajaría el total a 48 y la mayoría quedaría también en 25. Un hipotético de tres desaforados implicaría 47 y 24, y así sucesivamente. Quedarían en minoría en el Senado.
Claro que hay que considerar lo siguiente. Uno: al menos desde 1990 nunca ha ocurrido que tres desafueros simultáneos priven de esos votos al mismo sector. Sí pasó con dos desafueros entre noviembre de 2017 y marzo de 2018 (Jaime Orpis e Iván Moreira, quien recuperó su fuero al evitar un juicio oral por el Caso Penta).
Dos: ante el megaproyecto los bandos oficialista y opositor se han cerrado a cal y canto, pero ese blanco y negro no se da siempre, no en todos los proyectos… aunque habría que ver si en el peor escenario para Palacio el incentivo sería distinto. De momento eso es pura teoría.
Tres: las mismas consecuencias son aplicables a la oposición en otro hipotético, que fuesen dos votos de ese bloque los que quedasen congelados si el día de mañana esas causas avanzaran a desafueros.
Dónde está el potencial peligro. En el caso de una acusación constitucional contra alguna autoridad de la administración Kast. En minoría, el recurso obligatorio de pirquinear uno, dos o tres votos sería a lo menos incierto. Lo advirtió Evelyn Matthei: “Eso significa que tú tienes que parar cualquier acusación constitucional en la Cámara de Diputados para que no llegue al Senado, y eso se logra poniéndose de rodillas frente al Partido de la Gente“.
Otro detalle. Un senador desaforado no puede votar, pero sigue como tal y no puede ser reemplazado hasta que pierde el cargo. Eso toma tiempo.
En cuanto al historial de desaforados, no los recordamos tanto quizá porque ya no son parlamentarios, pero en el período pasado cinco diputados y diputadas han perdido su fuero producto de pesquisas judiciales.
La lista consiste en María Luisa Cordero (independiente RN) a raíz de una querella por injurias presentada por la senadora Fabiola Campillai; Catalina Pérez (FA) por el caso Democracia Viva; Mauricio Ojeda (Republicano), por fraude al Fisco en el Caso Convenios; Francisco Pulgar (ex bancadas PDG y DC) por una causa de violación a un menor; y Joaquín Lavín León (UDI) en esa causa por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Miguel Ángel Calisto (IND - Ex Demócratas)
Estatus: Imputado en causa por fraude al fisco.
Asunto: Investigación formalizada a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén.
Inicio: Agosto de 2021.
Desafuero: Solicitado por la misma fiscalía el 26 de julio. Audiencia suspendida por reapertura de causa.
Origen: Investigación abierta por una denuncia anónima.
De qué se trata: Es la situación en fase más cercana a un potencial desafuero que le impida seguir votando; está justo al filo. Y el caso más contingente porque fue el voto dirimente en la aprobación en general del megaproyecto y además es un caso inédito.
Calisto fue desaforado el año pasado, cuando era diputado por el distrito 27, pero justo había sido electo senador por la circunscripción 14: en rigor, los mismos electores y el mismo territorio electoral. La notificación alcanzó a llegar a la mesa de la Cámara pero no al Senado, y ocurrió entonces esto de que solamente lo habían desaforado como diputado, no como senador. Esa era la tesis de su defensa, que la fiscalía rechazaba.
Como sea, la unidad regional a cargo del fiscal Hernán Libedinsky lo había acusado (26 de julio) por fraude al Fisco superior a los $ 100 millones en base a “un esquema sistemático” consistente en “asesorías fantasmas y de una caja pagadora”, como describió el persecutor “los servicios contratados y rendidos al Estado meramente ficticios” de Carla Graf y Roland Cárcamo. Pidió 12 años de cárcel. Desde mayo que está bajo arraigo nacional como medida cautelar. Esto estaba al caer, la audiencia en que se iba a ver la solicitud de desafuero estaba fijada para el viernes 10 de julio último cuando la defensa del senador (Jorge Bofill, César Ramos) logró que el día antes la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolviera suspender dicha audiencia (fallo dividido de 2 contra 1). La investigación se reabrió para diligencias puntuales por hasta 60 días. Resumen: con eso Calisto logró dilatar el caso, ganar tiempo y retrasar su posible desafuero. Y volvió a ir al Congreso luego de una breve ausencia, y a dar entrevistas. El diagnóstico predominante es que vencido ese plazo o quizá antes, la fiscalía volverá a acusarlo y a pedir otra vez su desafuero. Sumando y restando, sería cosa de tiempo. Una de las estimaciones más conservadoras -esto puede ser más rápido- especula con que, sumando esos 60 días tope y los trámites en corte por el desafuero, habría un desenlace de acá a fin año. Si eso no ocurre antes, y si es que ocurre, Calisto podría seguir votando hasta entonces.
Qué ha dicho: “No imaginé que una denuncia anónima iba a llegar a este nivel de proporción. Durante toda la primera etapa fue una investigación desformalizada y sin un abogado. Nunca puse un abogado en el proceso y creo que ahí estuvo el gran error. Nunca encontré que tuviera sustento una acusación de este tipo”. (La Tercera, 12 de julio)
Karol Cariola (PC)
Estatus: Imputada.
Tipo de caso: Investigación desformalizada a cargo de la Fiscalía Regional de Coquimbo.
Inicio: Marzo de 2025.
Origen: Iniciada a raíz de pesquisas realizadas durante el Caso Sierra Bella (sobreseído en 2025).
De qué se trata: El Caso Chinamart es el más “antiguo” y conocido de los tratados acá. Quién no recuerda las conversaciones por WhatsApp (2022) en que la entonces diputada Cariola le pedía a la entonces alcaldesa -hoy diputada- Irací Hassler que le ayudara con su amigo empresario chino Emilio “Bo” Yang porque tenía problemas con la renovación de la patente de un local comercial.
15 meses después de conocidos esos pantallazos y el inicio del asunto, la causa sigue abierta; se indaga los eventuales delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Entremedio vimos que la PDI allanó su domicilio a horas de que diera a luz, que entregó computador, celular y abrió sus cuentas bancarias, que renunció a la presidencia de la Cámara, y que se filtró una extensa declaración como imputada en que explicaba sus gestiones y su relación con Yang. La semana pasada, Republicanos pidió pasar la causa a etapa de formalización, apuntando a un desafuero.
Este caso está a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Hechas las consultas, la fiscalía nos respondió que hay diligencias de investigación en curso por parte de la Fiscalía SAC (Sistema de Análisis Criminal y Alta Complejidad) y en desarrollo otras que han sido solicitadas por las partes. La investigación es reservada para terceros no intervinientes; sí tienen acceso querellantes y defensas. Uno de los primeros, el diputado RN Andrés Celis, se desistió y retiró su querella.
Qué ha dicho: “Él me entregó un regalo para mi hijo en el marco de un baby shower cuando estaba embarazada. Recibí muchos regalos cuando estaba embarazada”. “Me dispuse a declarar voluntariamente, a levantar el chequeo de mis cuentas bancarias para despejar cualquier duda respecto de lo que se ha utilizado como herramienta política para dañar mi honra”. (24Horas, 23 de abril de 2026)
Matías Walker (IND - Ex Demócratas)
Estatus: Imputado.
Tipo de caso: Investigación desformalizada que realiza la Fiscalía Regional de Los Lagos. Se encuentra bajo reserva.
Inicio: Noviembre de 2025.
Origen: Información obtenida en otra causa que lleva la misma fiscalía.
De qué se trata: Han pasado casi ocho meses desde que el fiscal nacional confirmara que ameritaba investigar hechos como pagos que el senador había recibido del suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto Sergio Yáber, acusado en la causa de la famosa trama “Muñeca bielorrusa”. Esto viene de las pesquisas a las cuentas y movimientos bancarios a éste. Walker ha reconocido que Yáber le pagó $ 1,6 millones el 2024 porque lo había apoyado con parte de los gastos de la pasantía de un hijo suyo “para un curso de verano de derecho en Canadá”, ha dicho que son amigos hace años, que no recordaba si hubo otros traspasos, pero que no hubo ninguno de tipo electoral. En su momento dio su versión respecto del arriendo de un departamento en Coquimbo por el que él le pagó a Yáber.
El asunto es que la fiscalía regional precisó ante nuestras consultas que el senador está en calidad de imputado en esta causa en que se indagan los posibles delitos de cohecho y soborno. También figura como imputado el diputado Cristián Araya (Republicano).
En la hebra política derivada de la indagatoria respecto al consorcio CBM hasta ahora se cuentan cuatro parlamentarios en ejercicio que han figurado en distintos niveles: Araya (Republicanos), el senador Sergio Gahona (UDI), Walker, y la senadora Loreto Carvajal (PPD).
La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer separó la arista de Carvajal y fue derivada a la Fiscalía Regional de Aysén (ver ficha aparte). En febrero afirmó (La Tercera) que ella mantenía la arista de Araya, Walker y Gahona. Pero hechas las preguntas esta semana, en el caso de este último no se reportan avances o novedades hasta ahora y tampoco esa investigación sería asunto de la mencionada fiscal. Gahona también registra pagos de Yáber reconocidos por él en prensa, pagos suyos a aquél por -según ha dicho- arriendo de departamento, y el conservador contrató a su hija Paulina Gahona en Puente Alto.
Los Lagos también tiene como “sujeto de interés” a la presidenta PS, senadora Paulina Vodanovic, desde fines del año pasado, luego de que fuese mencionada en escuchas telefónicas.
Qué ha dicho: “Quiero ser especialmente enfático en señalar que Sergio Yáber nunca me ha hecho ninguna solicitud de ningún tipo, ni mucho menos algo que diga relación con mi labor parlamentaria. Tengo la absoluta tranquilidad de que esta situación nada tiene que ver con el caso denominado Muñeca Bielorrusa”. (24 de noviembre de 2025, declaración pública posteada en su cuenta de X).
Loreto Carvajal (PPD)
Estatus: La investigación tiene carácter de reservada.
Tipo de caso: Investigación desformalizada a cargo del fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky.
Inicio: Enero de 2026.
Origen: Arista separada de la causa del consorcio CBM, aka trama “Muñeca bielorrusa”.
De qué se trata: Esto se abrió cuando el imputado Eduardo Lagos declaró que la senadora habría recibido $ 300 millones a cambio de gestiones para que Yamil Najle (también acusado en la misma causa) fuese nombrado conservador de Bienes Raíces de Chillán. En este caso plagado de intrigas hay que recordar que Lagos y el esposo de Carvajal, el también exdiputado Gabriel Silber, eran socios en un bufete de abogados y se volvieron rivales después que estalló el caso. Silber pasó a ser “cooperador eficaz” para la fiscalía y luego Lagos relató el dato que apuntaba a involucrar a Carvajal. Como sea, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, separó esta arista y la Fiscalía Nacional nombró a cargo de ella a Libedinsky. Dadas las implicancias y prevenciones, desde un inicio esto ha sido tratado con tal reserva, que cuando se le trasladó el caso a Libedinsky trascendió que solamente se hablaba de “una parlamentaria”, sin individualizarla. En esta unidad subrayan que a fin de garantizar el éxito de las diligencias que están en curso -las hay- no es posible detallarlas.
Qué ha dicho: “Es absolutamente falso, una canallada destinada a silenciar la verdad y entorpecer el avance de la investigación. No voy a permitir que el señor Lagos ni ninguno de los imputados intente usarme como chivo expiatorio tras la colaboración de mi esposo [Gabriel Silber] en la fiscalía. No escatimaré en ninguna acción ni pública ni judicial para desmantelar esta calumniosa operación comunicacional fraguada desde el interior de la cárcel, cuyo único objetivo es desviar el foco y confundir a la opinión pública”. (Declaración escrita enviada a CIPER, 16 de enero de 2026).
Camila Flores (RN)
Estatus: Imputada.
Tipo de caso: Investigación desformalizada a cargo de la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Inicio: Octubre de 2025.
Origen: Investigación abierta por una denuncia anónima.
De qué se trata: Más conocido por la “Cuota Flores”, el caso trajo de vuelta a la plaza las polémicas por las malas prácticas en el uso de las asignaciones parlamentarias. Canal 13 hizo virales los pantallazos de conversaciones por WhatsApp en que se leía un mecanismo en que la misma parlamentaria -desde 2018, cuando era diputada- exigía a sus asesores que le devolvieran parte gruesa de sus sueldos, logrando apropiarse de unos $ 300 millones. Vimos que hubo allanamientos en su oficina en el Congreso, que RN la pasó a su Tribunal Supremo y que parlamentarios de su partido han calificado el caso como “grave”. En el bando derechista se suele decir que se teme que escale muy pronto. Esta semana se agregó a este cuadro una querella de un extrabajador suyo cuando era diputado. A nuestras consultas se nos respondió que siguen en curso diversas diligencias.
Qué ha dicho: “Entendemos que las diligencias desarrolladas forman parte de los procedimientos habituales dentro de una investigación en curso y que corresponde ahora a la Fiscalía llevar adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso. Tenemos absoluta tranquilidad respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular”. (Declaración pública tras el allanamiento, 6 de mayo de 2026).
Alejandro Kusanovic (IND Ex RN)
Estatus: Investigado.
Tipo de caso: Investigación desformalizada en manos de la Fiscalía Regional de Magallanes y la Fiscalía Local de Punta Arenas.
Inicio: 10 de junio de 2026.
Origen: Abierta por denuncias de oficio tras la entrega de antecedentes desde la Fiscalía Nacional y medios de prensa.
De qué se trata: Lleva tan poco tiempo que es muy temprano para consecuencias. Por lo mismo no se puede descartar nada, sea para bien o para mal del senador. Supimos de esto cuando Kusanovic hacía noticia por otras cosas (su amenaza de rechazar el megaproyecto; al final votó a favor). Viene de la denuncia que un ex empleado suyo hizo a la Comisión de Ética del Senado, acusando que su ex patrón lo habría obligado a retornar parte importante de su sueldo a través de un sistema que habría involucrado a terceros.
En el Congreso han repetido que se trata de un caso delicado. En la fiscalía precisan que hay diligencias en curso y otras pendientes, y que hasta ahora no se registran solicitudes de desafuero. En otro caso, la Fiscalía Regional de Magallanes y la Fiscalía Local de Punta Arenas llevan una indagatoria desformalizada a la esposa del diputado republicano Alejandro Riquelme por fraude al fisco, a raíz de una denuncia del Ministerio de Vivienda.
Qué ha dicho: “Yo no he sabido absolutamente nada de eso, absolutamente nada y no tengo idea. Voy a investigar dentro de mi equipo administrativo a ver qué pasó, pero yo no tengo ninguna información de eso, así que no les puedo decir absolutamente nada”. (10 de junio, pasillos del Congreso)
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