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Publicado: Jueves 9 de junio de 2016 a las 04:00 hrs.
Un 58% de los mapuche cree que no se justifica la violencia para reclamar tierras, según reveló un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP).
“La reclamación de tierras es un tema importante y no porque no se use la violencia va a dejar de ser un tema importante”, dijo el coordinador del Área de Opinión Pública del CEP, Ricardo González.
En materia de reparación por parte del Estado, el 49% de los mapuche consultados cree que debe ser mediante la restitución de tierras y no, por ejemplo, con un mejor acceso a la educación o reconocimiento constitucional.
El CEP dijo que para la elaboración de la encuesta entrevistó a 1.493 personas que se declararon de esa etnia y 1.606 que no corresponden a ella, en las regiones VIII, IX, XIV, X y Metropolitana.
En ese sentido, un 45% de los no mapuche también optó por la restitución de tierras como forma de compensación. 60% de los encuestados mapuche cree que el programa de compra de tierras de la Conadi debe seguir, frente al 40% que considera que ese dinero debe destinarse a programas sociales para ellos.
Sobre la situación política de La Araucanía, un 66% correspondiente a la etnia piensa que es mala o muy mala y sólo 5% percibe que es buena o muy buena, acercándose al 68% no mapuche que piensa lo mismo.
A pesar de que se han destacado varios enfrentamientos entre sectores de esta etnia y Carabineros, un 42% de los mapuche confía en esta institución. Eso sí, 43% cree que existe un conflicto muy fuerte entre la fuerza pública y las comunidades mapuche.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.