La reforma tributaria volverá al debate el próximo miércoles, cuando asistan a la comisión de Hacienda de la Cámara el exdirector del SII, Michel Jorratt; el otrora tesorero general de la República, Hernán Frigolett; y el decano de Gobierno de la UAI, Ignacio Briones.
Antes del paréntesis por el Presupuesto 2019, la discusión había girado en torno a las diferencias entre gobierno y oposición por la integración del sistema y la recaudación de la boleta electrónica.
Como una forma de aportar al debate, un grupo transversal de académicos, al alero del Centro de Estudios Tributarios de la U. de Chile, elaboraron un documento de 15 páginas en el que proponen modificaciones a tres tópicos del proyecto: régimen de las PYME, gastos necesarios para la renta y organizaciones empresariales.
La comisión académica fue liderada por Javier Jaque y Antonio Faúndez como vicepresidente. El resto de los comisionados fueron Roger Matthei, Luis Avello, Bernardo Marchant, Víctor Pavez, María Pilar Cabello, Miguel Morales, María Teresa Blanco, Miguel Ojeda, Octavio Canales, Carlos Ara, Katia Villalobos y Marcos Bravo.
“Este trabajo se realizó desde la vereda de la técnica y nuestro propósito es que sirva para aterrizar la discusión de la reforma, más allá de las legítimas diferencias ideológicas. Como ha ocurrido en otros países, esta puede ser una oportunidad para ampliar esta comisión y recibir a más académicos y a representantes de CPC, Sofofa o Conapyme, por ejemplo”, señalan.
Integración y PYME
La comisión advierte que en el marco de la integración del sistema, el cálculo del crédito de Primera Categoría implica una baja en el stock de dicho beneficio, al incorporarse dentro de los factores del cálculo el denominado registro DDAN -diferencia temporal entre depreciaciones aceleradas y normales que no ha pagado impuesto-, ya que es un factor cero que reduce el monto a descontar en el Global Complementario. La comisión propone quitar el DDAN del cálculo, el que consideran que no se ha utilizado por muchos contribuyentes.
“Creemos que debe existir un régimen único, ya que al existir dos regímenes como renta atribuida e integración parcial, eso permite al contribuyente hacer planificación tributaria y contaminar las decisiones económicas, afectando la neutralidad del sistema. El propósito no es aumentar los créditos al sacar el DDAN, sino sacar algo que es muy frágil en la ecuación”, señalan.
Respecto al régimen PYME, se propone que para determinar los ingresos de la empresa no se consideren los relacionados con inversiones en tecnología.
La comisión también asegura que debe revisarse la tributación sobre la base de márgenes de industria que establece el proyecto, el que algunos expertos han criticado que podría ser una nueva “renta presunta”.
“Hay un avance en el proyecto para las PYME y cosas novedosas como determinar la tributación en base a los márgenes de la industria. Al empresario PYME se le busca simplificar su vida tributaria. Ahora, hay un desafío en cómo determinar los márgenes de la industria, cuál es la información que se utiliza. El tema es interesante, pero presenta desafíos que hay que resolver”, señalan los expertos.
También destacan que las empresas del rubro deben migrar hacia contabilidad completa, como lo plantea el proyecto de ley. “No compartimos lo que dice la Conapyme en ese sentido”, aseguran.
Por último, en materia de reorganizaciones empresariales, apuntan a facilitar la manera en que un empresario individual se transforme en sociedad, al eximirlo del pago de Impuesto de Primera Categoría en su término de giro. También, que se permita a las PYME superar el 35% de tope para participar en la propiedad de otra empresa o asociarse en emprendimientos.
Gastos necesarios
Los comisionados llegaron a un acuerdo de que la normativa de gastos aceptados para la renta, que el proyecto amplía hacia gastos de bienestar, indemnizaciones y del core de los negocios, es “muy amplia”, por lo que proponen limitaciones.
Así, proponen establecer topes de gasto deducible que “permitan al contribuyente la predictibilidad y certeza jurídica”. En esta línea, por ejemplo, se podría fijar un límite de 2% de la renta líquida imponible, un 1,6% del capital propio tributario o un porcentaje de los ingresos promedio de la empresa.
“En el pasado, el SII interpretó de manera muy restrictiva lo que pueden ser considerados gastos necesarios para la renta. Hay un problema de jurisprudencia administrativa del servicio, más que un problema de legislación. Habría que pensar si es muy necesaria la modificación de esta norma porque es un tema más de intepretación jurisdiccional”, dicen los académicos.
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