Como un “balde de agua fría” recibió Andes Iron, la titular de Minera Dominga, el último fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que fue adverso para la compañía y le dio la razón al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su rol de secretaría técnica del Comité de Ministros, instancia que había rechazado la iniciativa minera-portuaria.
Esa sentencia llevó a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, a afirmar que en ese proyecto hay falencias muy importantes y que “por eso ha sido rechazado por un Comité de Ministros tres veces” y que por el mismo hecho lleva 12 años en tramitación.
Hasta la fecha, las instancias judiciales habían sido consistentemente favorables a la compañía, sobre todo en septiembre de 2025, cuando la Corte Suprema tachó de inadmisibles los recursos de los detractores de Dominga que buscaban echar abajo la polémica inversión.
Pese al estupor de Andes Iron -sociedad controlada por la familia Délano Méndez, que tiene un 80%, en tanto que José Antonio Garcés Silva posee un 15% y otro 5% los ejecutivos de la compañía-, en la empresa dicen que siguen adelante con el proyecto, que ven cuatro opciones legales y que la decisión del tribunal nortino, dependiendo del camino legal que sigan, puede atrasar la construcción “en unos seis meses”.
US$3 mil millones es la inversión del proyecto
Si se hace, la faena extraerá el mineral desde dos rajos a cielo abierto, Norte y Sur. En operación, proyecta producir 12 millones toneladas al año de concentrado de hierro de alta ley y bajas impurezas (magnetita) y 150.000 toneladas al año de concentrado de cobre. Demanda una inversión de unos US$ 3.000 millones.
En su etapa de construcción, la iniciativa generará unos 30 mil empleos directos e indirectos y en régimen, unos 3 mil trabajos.
Cuatro opciones legales
La firma considera que el fallo del tribunal de alzada antofagastino es “procedimental” y no cuestiona aspectos “técnicos y ambientales” del proyecto. Pero admiten que el texto de la sentencia es complejo de interpretar y temen entrar en un “bucle judicial infinito”, una advertencia que también hizo la Corte en su sentencia.
Por de pronto, de cara a la decisión judicial, Andes Iron estudia cuatro caminos, que están siendo analizados por el equipo legal y el gerente general, Pedro Ducci.
Uno de ellos es presentar un recurso ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, para cuestionar el último rechazo al proyecto, para lo cual tienen 15 días desde que fueron notificados.
Otra opción es recurrir la sentencia del tribunal de alzada nortino ante la Corte Suprema, instancia a la que se puede concurrir con recursos de casación o de queja.
Una tercera alternativa es presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Un último camino es pedir la revisión de la sentencia a la misma Corte de Apelaciones de Antofagasta.
En cuanto a plazos, estos son variables dependiendo de la sede judicial, pero van desde 15 días a 30 días. En todo caso, Andes Iron estima que ya la próxima semana tendrá claridad de qué camino seguirá.
Permisos y construcción
Tras el último fallo de la Corte Suprema, en la empresa detrás de Dominga descorcharon champán y se prepararon para un hito fundamental: el inicio de la construcción del proyecto.
Antes de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta propinara un duro golpe a la iniciativa, en Andes Iron se venía trabajando para realizar un acto público para tal fase, con la invitación de autoridades y la participación de las organizaciones de La Higuera, donde se emplaza la obra. La partida del proyecto Dominga se iba a hacer durante la segunda semana de mayo.
¿Todo se derrumbó? “No, calculamos que ese hito se atrasa seis meses, dependiendo del camino legal que sigamos”, dicen en la compañía de los Délano Méndez.
Para poder iniciar la construcción, el proyecto requería de 20 permisos críticos, de los cuales ya tiene 10. Pero el fallo de la Corte antofagastina es, según Andes Iron, tan “complejo, enredado y en algunos aspectos, contradictorio” que no saben si pueden o no conseguir las 10 autorizaciones pendientes.
Hasta el 21 de febrero de este año, Dominga contaba con una resolución de calificación ambiental favorable desde el 24 de agosto de 2021. Pero tras el último fallo, el Servicio de Evaluación Ambiental cambió el estatus del proyecto de “Aprobado” a “Rechazado”.
Dominga necesita unos 700 permisos y en eso y los estudios de ingeniería así como obras iniciales consideran invertir US$ 70 millones. Inicialmente, los primeros trabajos iban a ser caminos, cierres perimetrales y levantamiento del campamento, entre otros, explicaron en la compañía.
Socios estratégicos
Mientras tanto, en Andes Iron adelantan que se mantiene el proceso de búsqueda de uno o más socios estratégicos para Dominga. Según la empresa, hay interés -y mucho, revelan- en empresas de distintas geografías, varias de ellas asiáticas. La idea es tener “un socio idóneo, que le incorpore valor al proyecto y le entregue sostenibilidad al mismo”, incluyendo el respaldo financiero.
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