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Publicado: Viernes 27 de mayo de 2016 a las 04:00 hrs.
Otro gremio decidió ayer abstenerse de participar en el proceso constituyente impulsado por el gobierno, sumándose así a la postura de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
El directorio de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) decidió que la institución se abstenga de participar en el proceso de consulta constitucional en curso “por tratarse de un procedimiento dirigido a los ciudadanos que son personas naturales, en tanto que la CCS es una asociación gremial que reúne empresas, es decir, a personas jurídicas”.
Eso sí, el directorio no descartó que “cuando llegue el momento oportuno, la CCS haga presente sus opiniones y proposiciones ante la instancia formal correspondiente que es el Congreso Nacional”.
Hace una semana, el gremio de los agricultores, junto con reiterar que no participará del proceso convocado por el gobierno, anunció que se encuentra preparando un documento que resumirá los principios y lineamientos básicos y matrices que, a juicio de la SNA, debiera contener una eventual modificación o formulación de una nueva Constitución. El texto, que es trabajado por la Fiscalía del gremio, debiera estar terminado en los próximos días para ser entregado al Poder Ejecutivo, Parlamento y agricultores. De hecho, el líder de la SNA, Patricio Crespo, comentó que espera que dicho escrito esté terminado al regreso de su viaje al Foro Anual de la OCDE que se realizará la próxima semana.
En tanto, la Sofofa ya activó su comité constitucional a través de una encuesta interna para recoger las inquietudes de sus asociados.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.